Por Raúl Kollmann

En una reunión realizada en la mañana del jueves, el entonces secretario de Seguridad, Enrique Mathov, le ordenó a la Policía Federal: “Despeje la Plaza de Mayo. No quiero ningún ataque contra la Casa Rosada”. Este fue el puntapié inicial de la masacre desatada casi en forma inmediata y que produjo siete muertos. La Policía Federal, en lugar de establecer un vallado seguro frente a la Casa de Gobierno, terminó persiguiendo y disparándoles a los manifestantes por todo el centro porteño, atropelló con los caballos; cada efectivo hizo lo que se le dio la gana y los policías se embarcaron en batallas sangrientas contra gente que los insultaba o les tiraba piedras. El jefe de la Federal, Rubén Santos, dio una respuesta judicial insólita: prácticamente dijo que no estaba enterado de las muertes. “Si usted recibió la orden de despejar la Plaza de Mayo, ¿cómo se entiende que haya muertos en la avenida 9 de Julio, que queda a bastantes cuadras?”, le preguntó la jueza María Romilda Servini de Cubría. El jefe policial no tuvo respuesta y sólo atinó a una contestación casi provocadora: “Nuestros efectivos no dispararon. Los que tenían armas eran los manifestantes”.
La orden de Mathov –judicialmente se reconoció que las instrucciones se originaron en el ministro Ramón Mestre– fue netamente política. Se trataba de “despejar” la Plaza de Mayo, o sea evitar cualquier protesta de la gente. Ya había un antecedente: la noche del miércoles, hubo una masiva presencia de manifestantes con cacerolas frente a la Casa de Gobierno y esa gente, que no rompió nada de nada, igual fue dispersada con gases lacrimógenos. O sea que la instrucción tenía como objetivo evitar una nueva y numerosa concentración para pedirle la renuncia a Fernando de la Rúa. Peor aún: la manifestación iba a ser inevitable, la impresión es que no quisieron que De la Rúa la viera desde su oficina.
La instrumentación de la orden fue directamente catastrófica. Primero, porque todo se hizo tarde. En lugar de aprovechar que no había casi nadie en la Plaza a las cuatro o cinco de la mañana, la Federal trató de instalar vallas a las 10, cuando ya habían llegado grupos y militantes de izquierda. No es lo mismo ya tener un cordón, que intentar desplazar a los manifestantes.
Sin embargo –según la óptica de los especialistas en seguridad–, no establecieron las vallas ni se concentraron en evitar que la gente se acercara a la Casa Rosada, sino que salieron a reprimir por todo el centro porteño. Hubo ataques con caballos, que están preparados para actuar en lugares amplios, y no –como sucedió después– en las calles chicas del microcentro. Se lanzaron gases en forma indiscriminada casi desde el primer momento, actuaron patotas de policías de civil y la Federal se convirtió en minutos en un desorganizado batallón de efectivos que perseguían y le disparaban al primero que se cruzaba por el camino. Cada policía se dedicó a su propia batalla contra alguno que lo insultaba o le tiró una piedra y usando las armas de guerra del Estado. “No hubo mando unificado, hubo venganza”, reconoció ante este diario un alto miembro de una fuerza de seguridad.
La jueza Servini de Cubría intentó frenar las cosas a media mañana haciéndose ella misma presente en la Plaza de Mayo. Pero a esa altura, ya los policías había abandonado cualquier pose defensiva y empezaron a correr a los manifestantes por Avenida de Mayo y casi todas las calles del centro.
En la noche del jueves, la magistrada se dedicó a ubicar los cuerpos de las víctimas y asegurar que se hicieran las autopsias. En todos los casos, los orificios se corresponden inicialmente con proyectiles 9 milímetros, que son los usados por la Federal. Sin embargo, la última palabra la tendrán en ese terreno las pericias balísticas que ya se encargaron. –¿Qué responsabilidad tienen los que dieron la orden? –le preguntó este diario a la jueza.
–Hay que investigarlo, no se puede dar una impresión ahora. Tenemos que ver exactamente cómo se disparó. Por ejemplo, hay una de las víctimas que tiene dos tiros. Hay que ver los videos de los canales, que tienen imágenes muy notables; se han presentado decenas de testigos, tendrán que declarar los funcionarios, que hasta ahora no declararon, y por supuesto los efectivos. Obviamente vamos a analizar las órdenes que se dieron. De esa manera, vamos a tratar de determinar las responsabilidades. Mi cálculo es que tardaremos unos tres meses en tener más o menos terminada la investigación –explicó la magistrada.
Por lo que se sabe hasta ahora, la Federal no sólo argumentó que prácticamente no conocía que hubiera muertos, sino que además sostiene que la culpa de todo la tuvieron los manifestantes que eran los que estaban armados. A primera vista, parece una defensa ridícula contra lo que se viene: la acusación por siete homicidios.

PRINCIPAL