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 Ya desnudo de sus fueros, en
sus primeros minutos como un ciudadano más, Fernando de la Rúa
recibió ayer la noticia de que no puede abandonar el país.
La Justicia impartió esa orden a raíz de las denuncias que
pesan en contra del ex presidente como presunto responsable de los siete
homicidios cometidos durante la brutal represión policial perpetrada
en los alrededores de la Plaza de Mayo y el Congreso. La misma prohibición
alcanza al ex ministro del Interior Ramón Mestre, al ex secretario
de Seguridad Interior Enrique Mathov y al tambaleante jefe de la Policía
Federal, Rubén Santos. El hasta hace horas jefe de Estado rechazó
tener alguna responsabilidad en los homicidios que se produjeron cuando
se desobedeció la orden judicial de detener la represión:
“Se dictó el estado de sitio y debía actuar la ley.
Yo no estaba al frente de eso”, se defendió De la Rúa.
Las denuncias contra los ex funcionarios se multiplicaron ayer. A las
presentadas por fiscales federales y legisladores del ARI, se sumaron
las de organismos de derechos humanos, numerosas personas damnificadas
y las defensorías del pueblo de la Nación y la Ciudad.
La interdicción de dejar el país para los denunciados fue
elevada, simultáneamente, por los jueces federales María
Servini de Cubría y Norberto Oyarbide. Dentro de la causa iniciada
por homicidio, abuso de poder y violación de los deberes del funcionario
público, la jueza tomó la decisión al hacer lugar
a una presentación de los fiscales Luis Comparatore y Patricio
Evers. En diálogo con Página/12, una fuente de la fiscalía
detalló: “Pedimos la interdicción para salir del país
y la orden de comparecencia para De la Rúa, Mestre, Mathov y Santos.
También pedimos todos los videotapes sobre los hechos y el secuestro
de las actuaciones administrativas que derivaron en la represión”.
En su pedido de impedirles a los denunciados la salida del territorio
nacional, los fiscales destacaron “la gravedad de los acontecimientos”
y “la existencia de un clima generalizado de violencia y menoscabo
de los derechos básicos de los ciudadanos”. También
ordenaron a las fuerzas de seguridad reportar todas las intervenciones
en actos de violencia y llamaron a declarar ante la Justicia a los testigos
de los operativos represivos del miércoles y el jueves. Para eso,
libraron oficios al COMFER y la Secretaría de Prensa de Presidencia
“para que se haga saber a la población la necesidad”
de aportar a la fiscalía o el juzgado “toda información
útil para el esclarecimiento de los hechos y la identificación
de las personas involucradas”.
Como si fuera poco para el mismo día en que se despedía
de lo que una vez fue un Gobierno, también Oyarbide decidió
prohibirle dejar el país al mismo cuarteto de ex funcionarios,
en un proceso penal abierto por la denuncia de otros fiscales, Eduardo
Freiler y Federico Delgado, ahora por los delitos de “homicidios
reiterados, privación ilegal de la libertad, lesiones graves y
gravísimas, abuso de autoridad y violación de deberes del
funcionario”. Anticipando las excusas de De la Rúa, Freiler
y Delgado denunciaron que es “inexcusable la responsabilidad política
y penal de los imputados en los aberrantes hechos... en los que se reprimió
brutalmente a los ciudadanos que ejercían el derecho constitucional
de peticionar a las autoridades”. Los fiscales argumentaron que las
ex autoridades pretendieron justificar “semejante violencia”
con el “anómalo estado de sitio decretado” y que “es
claro que el Poder Ejecutivo se extralimitó en su actuación”.
Se prevé que Oyarbide deberá declinar su competencia en
el caso, en favor de las actuaciones abiertas por Servini de Cubría.
Ayer a la tarde, la jueza recibió los resultados de las autopsias
realizadas por el Cuerpo Médico Forense a los restos de los siete
hombres asesinados, todos heridos por balas de plomo. Esas balas serán
una de las claves de la causa. Con las pericias balísticas pedidas
por los fiscales a la Gendarmería Nacional se espera poder determinar
a qué armas corresponden los proyectiles y quiénes apretaron
el gatillo. Hasta ahora, las versiones indican que habrían sido
policías: algunos uniformados, otros de civil. Un funcionario judicial
aseguró a este diario que, hasta ayer, no se habían presentado
testigos de los disparos homicidas y que tampoco habían aparecido
otros indicios.
Por otro lado, el jefe de la Policía se negó a revelar públicamente
el nombre de quien le dio la orden de proseguir con la acción policial
cuando mediaba una orden judicial previa de detener la represión:
“Los pormenores puntuales se los dimos a la jueza. Preferiría
que se me exima de la respuesta”, dijo Santos. En su particular interpretación
de los excesos de sus subordinados, dijo que las características
de los disturbios “no fueron las habituales y, por ende, las respuestas
de contención que se dieron tampoco fueron las habituales”.
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