Por Raúl Dellatorre

Pese a las indefiniciones políticas y las contramarchas, ayer el justicialismo ratificó, a través de varias declaraciones y algunos trascendidos, las medidas económicas que intentaría poner en práctica Adolfo Rodríguez Saá. Sin muchas sorpresas, pero con algunos condimentos nuevos sorprendentes. No habrá devaluación y el país suspenderá el pago de los vencimientos de la deuda –cosa que, en la práctica, ya hizo el viernes– antes de encarar una renegociación; la convertibilidad será formalmente ratificada, aunque una tercera moneda sin respaldo y no convertible, las Lecop, circularán masivamente. Se implementará un seguro de empleo y un conjunto de planes para reactivar la inversión (forestación, vivienda, infraestructura vial). Pero, además, ayer se agregó un nuevo elemento que podría rendirle al nuevo presidente no pocas simpatías en la opinión pública: medidas concretas para reducir el “costo de la política”, con fusión y desaparición de áreas y venta de edificios públicos en el país y en el exterior. De acuerdo con una de las hipótesis en estudio, el Ejecutivo podría pasar a funcionar en el nuevo esquema con apenas tres ministerios.
La nueva reforma del Estado dejaría la estructura de gabinete con tan sólo tres titulares de cartera con rango de ministro: Jefatura, Interior y Cancillería. Las áreas “desjerarquizadas” a secretarías pasarán a depender de algunas de aquéllas o directamente de Presidencia. Pero muchas ex secretarías serían disueltas, con la transferencia de sus funciones a las provincias. “Se va a federalizar todo lo que sea posible”, anticipó una fuente cercana al nuevo Presidente. El recorte de gastos también le alcanzará al cuerpo diplomático y a las representaciones en el exterior, ya que se propondrá que, en varios países, la embajada argentina comparta edificio con otras representaciones para reducir costos y enajenar los inmobiliarios que hoy ocupan.
Carlos Ruckauf, gobernador de Buenos Aires y precandidato “cantado” para las elecciones del 3 de marzo, ratificó con sus declaraciones la intención del justicialismo de ir a la cesación de pagos. Reiteró que el default ya es un hecho, desde la gestión del gobierno saliente, pero también sostuvo que “es muy importante que Argentina le diga a los acreedores externos que, así como el país tomó créditos que no debía tomar, ellos dieron créditos que no debían dar. Esta realidad deberá producir una quita en el capital de la deuda y una actitud de comprensión de los acreedores”.
La postergación forzosa de los pagos de la deuda es una condición necesaria para el nuevo gobierno para poder poner en funcionamiento una política de Estado. Otra cuota de oxígeno la obtendrá con la emisión por montos importantes –comparables al circulante en pesos– de las Lecop, el bono que ya se entrega a las provincias para cancelar sus compromisos con proveedores y que, en parte, aplican a sueldos. Los proveedores y trabajadores de la administración pública nacional también pasarán a cobrar, al menos parcialmente, con los jóvenes bonos. La intención, no enunciada, es que paulatinamente dichos bonos reemplacen al peso como moneda corriente.
La liberación de recursos le permitiría a Rodríguez Saá poner en práctica un plan de emergencia social, consistente en la multiplicación de los programas de ayuda alimentaria y laborales, además de implementar un seguro de desempleo de 300 pesos para jefes de hogar. También habrá incentivos directos a la inversión, y las áreas elegidas para recibir el impulso han sido Forestación y Vivienda. En carpeta también figura un plan de obras viales. Las mayores expectativas en torno a estos planes de inversión están centradas, naturalmente, en su capacidad de generación de puestos de trabajo.
Jorge Capitanich, interinamente a cargo de Economía en las pocas horas de la administración de Ramón Puerta, admitió una caída de la recaudación tributaria del 9 por ciento “por debajo de las previsiones”. “No obstante,habría recursos financieros para afrontar el pago de salarios, pero será necesario ajustar el cronograma correspondiente”, señaló. Oscar Lamberto, que acompañó la breve transición como responsable de Hacienda y Finanzas, puso en duda ayer la posibilidad de flexibilizar el retiro de depósitos. “No veo que haya posibilidad de realizar grandes extracciones, porque no hay con qué pagar”, sostuvo, y comparó las consecuencias de levantar las barreras a los depósitos bancarios con las que tendría “gritar fuego dentro de un teatro”. El viernes, las autoridades transitorias habían prometido liberar totalmente el retiro de sueldos, pero ayer se admitía que esa posibilidad será conversada con los banqueros el lunes próximo, a fin de medir su factibilidad.
El frente de batalla que se le abrirá a Rodríguez Saá en el exterior con la declaración de “default” será inmediatamente atendido a través de negociadores de prestigio, aunque resulten ante la opinión pública más identificados con los intereses de los bancos que del país. Será algo así como el contrapeso de algunas figuras “progresistas” que el dirigente puntano incorporará a su gabinete.
La designación de Rodolfo Frigeri en Economía (o Hacienda, si la reforma de la estructura se ejecuta a partir de su gestión) intenta ser otra señal de que “algo cambió” y la reactivación del aparato productivo pasa a ser prioritario. Lo curioso es que se esté planteando un plan tan ambicioso para apenas 70 días de gestión. Quienes lo justifican, desde el PJ, dicen que “está asegurada la continuidad” del mismo plan con un presidente justicialista que sea elegido el 3 de marzo. Otros, en cambio, dicen que “el Adolfo” (como lo llaman amigos y adversarios en su provincia) proyectó su plan sin pensar en una fecha límite, al igual que hace con su proyección personal a partir de la oportunidad que acaba de presentársele.

LA ARGENTINA NO CORRE PELIGRO TRAS EL DEFAULT
No queda nada por embargar

Por J. N.

La cesación formal en los pagos de la deuda externa no generaría el peligro de sufrir embargos judiciales de bienes del Estado argentino en el extranjero, ante todo porque ya no posee prácticamente ninguno, y porque los pocos que conserva son inembargables, como las sedes de embajadas y consulados. Las dudas sobre lo que podría ocurrir con las reservas del Banco Central movió en su momento al presidente de la entidad, Roque Maccarone, a mudarlas preventivamente desde la Reserva Federal de Nueva York al Banco de Inglaterra, porque los estrados londinenses ofrecen casi plena certeza de intangibilidad. En realidad, las que parecían correr peligro apremiante eran las reservas correspondientes al sistema bancario y no las que respaldan la convertibilidad. En otros tiempos hubiesen podido ser requisados los buques de ELMA, los aviones de Aerolíneas o el petróleo de YPF, pero, afortunadamente, la primera de esas empresas fue disuelta y las otras dos, privatizadas.
Aunque algunas versiones insinuaban que la amenaza de embargos podía pender también sobre bienes de residentes privados argentinos en el exterior, los expertos niegan de plano ese riesgo, ya que los tenedores de bonos que acudieren a los tribunales señalados en la emisión de los correspondientes títulos plantearían su demanda contra el Estado argentino y no los particulares, ya que se trata de papeles “soberanos”, es decir, gubernamentales.
Sí es muy probable que el default perturbe seriamente el financiamiento comercial para el sector externo argentino. Esto es, que los bancos internacionales rehúsen confirmar las cartas de crédito cuya apertura es indispensable para realizar cualquier importación. Para que el exportador de un país equis embarque un cargamento rumbo a otro país necesita saber que el importador le pagará, pero éste para pagar debe constatar que le ha sido enviada la mercancía por él comprada.
La mediación bancaria resuelve este dilema mediante la apertura de un crédito documentario, que cubre la operación, mecanismo que queda trabado cuando un país (en este caso la Argentina) ha establecido el control de cambios y caído en el impago de sus compromisos. En esta situación, el único remedio que le queda al importador es pagar por anticipado, lo cual ya ha venido sucediendo en creciente medida durante los últimos meses, a medida que aumentaba la desconfianza.

FONDOS DE AFJP EN PELIGRO
Privados de jubilarse

Por J. N.

Entre la cesación de pagos y el cerrojo bancario, más de un 80 por ciento de los 23 mil millones de pesos reunidos, aproximadamente, en los fondos jubilatorios que manejan las AFJP quedan en una situación incierta. Sus dueños, que son los trabajadores aportantes al sistema, irán con sus acreencias a la masa de acreedores del Estado argentino, sin idea precisa de cuánto lograrán rescatar del siniestro. Esto dependerá del arreglo que finalmente alcance el país con los tenedores de los títulos que colocó en los mercados. Se supone, desde ya, que el capital de esos bonos sufrirá una quita importante, pero es por ahora imposible saber cuánto será el perjuicio patrimonial que soportarán los afiliados a las Administradoras.
La deuda estatal en manos de éstas, que al caer Domingo Cavallo estaba en proceso de convertirse –canje mediante– en préstamos, no está contabilizada a valor pleno sino a diferentes porcentajes del valor nominal, dependiendo del precio de mercado que tenía el correspondiente título al ser adquirido por la jubiladora. En concreto, esto significa que hay un abanico de valuaciones, que va del 30 al 90 por ciento, y que puede promediar 60 ó 65 por ciento. En tal caso, si la quita que se convenga fuese de un 50 por ciento, el daño que sufrirían las carteras de las AFJP, que contienen los ahorros de los asociados, sería sensible pero no catastrófico.
Sin embargo, al peligro de una dañina licuación de los fondos se le suma la posibilidad de que el nuevo Gobierno, que tiene grandes necesidades y poca simpatía por el sistema jubilatorio de capitalización, resuelva apropiarse del flujo de aportes que va anualmente a las AFJP y que suma unos 4000 millones de pesos. Esto coincide, básicamente, con el planteo de la Unión Industrial.

NOMBRAMIENTOS DE RODRIGUEZ SAA
El nuevo gabinete

Sin las eternas dilaciones de Fernando de la Rúa, que tardaba siglos en cambiar el gabinete, ayer Adolfo Rodríguez Saá comenzó a delinear el perfil de su posible gobierno. Aunque aún no hay nombres definitivos, los primeros ofrecimientos revelan que el puntano planea distribuir los cargos entre las diferentes líneas internas de su partido.
Hacienda: aunque aún no está definido, podría desdoblarse de Economía. Asumiría el economista Rodolfo Frigeri, que trabajó en los primeros años del menemismo, durante la etapa Bunge y Born.
Seguridad Interior: el organismo, con rango de ministerio, fue ofrecido a Juan José Alvarez, ex intendente de Hurlingham, actual ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y hombre cercano a Carlos Ruckauf.
Justicia: la cartera que ocupaba Jorge de la Rúa quedaría a cargo de Alberto Zuppi, abogado de Memoria Activa y representante de la Embajada de Italia en el juicio por la extradición de Erich Priebke. La subsecretaría de Derechos Humanos, que sería convertida en secretaría, fue ofrecida a Jorge Taiana, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Trabajo: el diputado Oraldo Britos podría asumir la cartera que ocupó José Dumón. Ex sindicalista ferroviario, Britos tiene un excelente relación con los capos de las dos CGTs.
Cancillería: anoche se comentaba en el PJ que podría quedar a cargo del ex gobernador de Santa Fe José María Vernet. La cartera de Defensa podría unificarse con la Relaciones Exteriores, eliminando una estructura sin mezclar la seguridad interior con la exterior.
Deportes, Turismo y Medio Ambiente: la cartera, una de las últimas creaciones de De la Rúa, quedaría a cargo de Daniel Scioli, que asumiría como representante del menemismo en el nuevo Gabinete del PJ.
Educación, Salud y Desarrollo Social: los tres ministerios se convertirían en coordinaciones, una categoría inferior a la de secretaría. Es una vieja aspiración del peronismo que –basándose en el hecho de que las escuelas, los hospitales y la ayuda social se encuentran a cargo de las provincias– viene insistiendo en que no tiene sentido mantener estructuras nacionales. Para la coordinación de Educación ayer sonaba el nombre del ex gobernador mendocino Rodolfo Gabrielli.
Interior: Rodríguez Saá le ofreció la cartera política a Jorge Obeid, un ex gobernador de Santa Fe, que responde a Carlos Reutemann.
Anoche quedaban pendientes algunas cuestiones. En primer lugar, quién ocupará la jefatura de Gabinete, uno de los cargos claves del Gobierno que hasta hace dos días comandaba Crhystian Colombo. Faltaba, además, definir quién representará a José Manuel de la Sota en el Gobierno de transición.

Uno a uno, y a penales

Por Julio Nudler

Mantener la convertibilidad y el 1 a 1 es firmar la continuidad de la depresión económica. Nadie lo ignora. Empapelar el país con lecop (que, según se estima, llegarían pronto a los 6000 millones, o 60 por ciento de la circulación de pesos) servirá, en medio de la caída vertiginosa de la actividad, para intentar apagar los peores focos de incendio social, al precio de empobrecer a los empleados públicos provinciales (y con ello a las tramas económicas que en el interior dependen de su demanda), a proveedores de esos estados y a todo otro perceptor obligado, quienes empezarán a sufrir la creciente devaluación de esa moneda de segunda. Aun así, es previsible que parte de la emisión de esas letras vaya a alimentar la demanda de dólares en el paralelo. Es preciso recordar además que las lecop no tienen poder cancelatorio de deudas con acreedores privados, por lo que no ayudarán mucho a reparar la cadena de pagos. Como perspectiva para el verano, se parece más a unas vacaciones en el penal de Olmos que en la riviera francesa. Pero la pregunta es qué puede hacer un gobierno provisional, más allá del gesto patriótico de formalizar el default. Antes que analizar si las opciones elegidas por Adolfo Rodríguez Saá son las apropiadas, lo que parece evidente es que lo inapropiado es que un país en estado cataléptico se dé el lujo de designar una conducción provisoria, a la que por ese mismo carácter no le será posible adoptar decisiones de fondo, las que recién llegarían en abril o mayo. Es lógico que el puntano, en lugar de flotar el peso, haya resuelto flotar él.
Sostener lo que queda del tipo de cambio fijo 1 a 1 exige, obviamente, mantener el cepo bancario, que sublevó a la clase media y, por carácter transitivo, provocó la implosión de la economía informal, tumbando a Domingo Cavallo y catapultando a Fernando de la Rúa hasta la cabina del helicóptero presidencial para el último viaje. De todas formas, no hay ningún plan que pueda proponerse deshacer el corralito, salvo muy paulatinamente. En cuanto al dólar mismo, será muy complicado mantenerlo sujeto frente al consenso que existe, en el país y fuera de él, sobre la inevitabilidad de una devaluación, practíquese por uno u otro método.
El cálculo es que nadie que pesifique los depósitos y devalúe ganará una elección, y mucho menos a pocas semanas de haberlo perpetrado. Lo que implica admitir que el gabinete justicialista pretenderá gobernar pensando en los comicios como prioridad. Correrá por supuesto el riesgo de que lo arrolle la crisis, pero tampoco podría encarar grandes decisiones sin contar con posibilidad alguna de negociar un respaldo externo para reforzar las reservas y ni siquiera poder presentar un presupuesto 2002 creíble. Ocurre, sin embargo, que si para pasar a un régimen de flotación cambiaria sin exponerse a que se convierta en un salto al vacío hacen falta muchos dólares en el Banco Central, ¡cuántos no serán necesarios para defender el 1 a 1! En otras palabras: no tomar decisiones implica que las tomarán los mercados.
Una a favor de los sucesores de Cavallo, que se instalarán en Economía como quien alquila un piso –en este caso el quinto– para la temporada estival, es el amplio superávit comercial, fruto dorado de la depresión. Aunque es muy malo para la recaudación tributaria, porque reduce la recogida de aranceles y aumenta el pago de reintegros, el excedente (más exportaciones que importaciones) debe generar un importante ingreso de divisas. Pero hay que abrigar serias dudas sobre la disposición de los exportadores a traer los dólares al país y vendérselos al sistema bancario, como ordena una agónica norma de los mediterráneos. Es improbable que acepten recibir un peso por dólar, y que les alegre además que ese peso se lo acrediten en cuenta, aunque en este caso sea de libre retiro.
Si la deflación continúa (más recesión, mayor desempleo), las deudas con los bancos, en dólares o en pesos, seguirán volviéndose cada vez más impagables, de manera parecida a como acontecería, más bruscamente, en caso de una devaluación. La alternativa de desdolarizarlas antes dedevaluar contiene el peligro de licuarles las deudas locales a fuertes grupos nacionales y a las multinacionales que operan en el país, únicos que tuvieron acceso –fuera del Estado– al financiamiento interno. Es muy difícil diferenciar, entre quienes están planteando con apabullante lógica la necesidad de sepultar definitivamente la convertibilidad, cuál es la intención de cada uno y el interés privado que oculta.
Rodríguez Saá tendrá en su breve singladura el viento favorable de la elección convocada (según se perfilaba esta madrugada) para el 3 de marzo. Aunque él no introduzca los cambios que las clases sociales esperan (unas unos, otras otros), el voto crea la ilusión de futuras reformas. Esto diferirá de lo que se vivía en los últimos meses, cuando no había expectativa alguna de alteración en el implacable proceso de ajuste. Si a la esperanza se le suma la lecopización se tienen los principales ingredientes del revuelto que tendrán que digerir como puedan los argentinos este verano. Bebida podrá no faltarles: algunos camiones hidrantes van a proporcionarla a chorros.

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