Por Horacio Verbitsky

El gobierno de Fernando de la Rúa comenzó con la represión feroz de la Gendarmería en el puente de Corrientes y concluyó con la masacre desatada por la Policía Federal en la ciudad de Buenos Aires. La justicia investiga ahora la responsabilidad penal del ex presidente por graves delitos contra la libertad y la vida, que no deberían quedar sin castigo. Esto marca con la contundencia del plomo y la sangre el agotamiento de un modelo de acumulación económica basado en la valorización financiera del capital, puesto en marcha por la dictadura militar y continuado bajo distintas formas por los gobiernos surgidos del voto popular. Una transformación profunda de ese modelo y una redistribución de la riqueza que, a pesar de todo, la Argentina ha seguido creando son tan urgentes como un apartamiento del estilo de gestión que ha motivado el profundo odio a los políticos que hizo eclosión esta semana. El presidente provisional Adolfo Rodríguez Saa afirma haberlo entendido y promete medidas de austeridad que, por una vez, no recaerían en los más postergados.

El empate

Uno de los principales colaboradores de Rodríguez Saa, el sociólogo Luis Lusquiños, estuvo entre los diputados justicialistas que el mes pasado presionaron sin éxito para que el Congreso convirtiera en ley el proyecto de seguro de empleo y formación elaborado por el Frente Nacional contra la Pobreza. Con los anuncios de ayer aún frescos, es prematuro sacar conclusiones, pero al menos puede apreciarse una conciencia de la gravedad de la situación que, desde 1995, faltaba en los habitantes de la Casa Rosada y un ritmo de vértigo más a tono con el de la movilización popular que con el de la infinita siesta radical.
La agonía de De la Rúa comenzó en setiembre de 2000, cuando se cerró el acceso argentino al mercado internacional de capitales. El endeudamiento externo financió la fuga de capitales. Sin esa significativa masa de ahorro externo, el redimensionamiento es inevitable, porque la Argentina no genera los recursos suficientes para mantener las superganancias empresarias de la década pasada. Esto pone en cuestión no sólo los aspectos económicos del modelo sino también el tipo de Estado y el corrupto sistema político, que Eduardo Basualdo definió con una terminología gramsciana como el transformismo argentino. La movilización popular, de una magnitud y energía inéditas, ha hecho que no sólo se tengan en cuenta los proyectos alternativos surgidos de las distintas fracciones de la cúpula económica. Que la clase media porteña y los desharrapados del Gran Buenos Aires y del resto del país hayan salido a la calle por separado indica que aún falta para la convergencia de los diferentes sectores populares, pero es ostensible que ese camino ha comenzado a recorrerse.
La creación del Argentino, como tercera moneda inconvertible, que flotará libremente contra el peso y el dólar servirá para que se realicen muchas transacciones necesarias, paralizadas por falta de medios de cambio. La continuación del corralito pondrá límites a la desvalorización del Argentino y, de ese modo, a la reducción salarial que provocaría una devaluación directa del peso, que seguirá atado a las reservas en divisas. De este modo, por ahora se mantiene el empate entre los sectores más concentrados de la economía. Por un lado los grupos económicos que encabeza la transnacional italiana Techint y sus ventrílocuos en la Unión Industrial, propiciaban la devaluación, que les permitiría valorizar sus capitales radicados en el exterior. Por otro, los prestadores de servicios públicos reclamaban la dolarización. Su lobbysta en las horas de la crisis fue el ex presidente español Felipe González, quien se ofreció para gestionar el acuerdo político con la oposición para lo cual dijo que estaba dispuesto a vivir un tiempo en la Argentina. Dios no lo permita,que con los de aquí ya basta. Pero ambos proyectos antagónicos deberán ceder frente a las necesidades impostergables de la población. Al mismo tiempo que una reducción drástica de la burocracia estatal y del gasto político, se pondrían en marcha de inmediato los planes alimentarios, de empleo y de ayuda social cuya ausencia condenó al gobierno saliente a depender sólo de la represión. Hacía demasiados años que nadie desde el poder hablaba de redistribución y justicia social. Que se concrete ya es otra cosa, pero la diferencia no puede minimizarse.

Chiche no lo deja

Rodríguez Saa llegó a la presidencia como representante del Frente Federal, que reúne a diez de los catorce gobernadores justicialistas. Un dato significativo: sólo quedan fuera de ese agrupamiento los gobernadores de las provincias de la pampa húmeda (La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba). La convocatoria a una inoportuna elección con ley de lemas (de dudosa constitucionalidad) surgió de la competencia entre el cordobés José De la Sota, el porteño Carlos Rückauf, el ex presidente Carlos Menem y el ex vicepresidente Eduardo Duhalde. La odiosidad entre los dos últimos hizo imposible que Duhalde fuera designado como anhelaba, por los dos años que faltan hasta la renovación presidencial de 2003. El federal Ramón Puerta se negó a asumir sólo por unos meses. Temeroso de que el Frente Federal fuera manipulado por Menem, Rückauf se ofreció para completar el mandato delarruista, aduciendo que la situación explosiva en el Gran Buenos Aires no daba espacio para una campaña electoral. Propuso que De la Sota lo acompañara como jefe de gabinete y Carlos Reutemann como canciller. Ofreció excluirse de la candidatura presidencial para 2003, sin que hicieran lo mismo el cordobés y el santafesino. De la Sota no lo aceptó y amenazó con retirar el apoyo de los diputados y senadores de su provincia si no se convocaba en el más corto plazo a elecciones presidenciales. Los bonaerenses propusieron entonces que fuera Duhalde quien asumiera por noventa días. El ex vicepresidente dudó y dijo que antes de responder debía consultarlo con su mujer y sus hijos. El filósofo Luis Barrionuevo lo lapidó: “Si a mí me ofrecen la presidencia por 24 horas, mi mujer se entera por los diarios”.
El justicialismo optó por el voto popular para elegir a quien complete el mandato interruptus, aduciendo que de ese modo el nuevo presidente además de legal será legítimo. Pero no debería descartarse que se repita o incluso incremente el voto repudio que el 14 de octubre pasado dio una de las estocadas decisivas a la gestión anterior. Si así fuere, el acto electoral tampoco daría legitimidad al nuevo mandatario ni permitiría parar la olla cuyo repique ilusiona a los ciudadanos de a pie e intimida a los que hasta ayer andaban en auto oficial con vidrios polarizados y chofer.

Animaladas

La jueza María Servini estaba de turno el jueves. Con dos custodios de civil y su secretaria se dirigió a la Plaza de Mayo. Subió las escalinatas de la Catedral y cubierta por las columnas hizo su propia observación visual. Pese a la actitud pacífica de los pocos manifestantes presentes, la caballería policial cargó contra ellos a latigazos. Un hombre cayó al suelo y fue arrastrado de los pelos. Cuando a otro le hicieron lo mismo, la jueza dejó su observatorio y encaró a un viejo conocido: el comisario Jorge El Fino Palacios, jefe de la unidad antiterrorista de la Policía Federal.
–¿Quién ordenó hacer esto? –le preguntó la jueza.
–El Poder Ejecutivo y el jefe de policía. Quieren mantener despejada la Plaza de Mayo y sus alrededores –fue la respuesta.
–Me importa tres pitos, me sacás ya los caballos de acá. De allí, la jueza fue a recorrer comisarías para conocer la situación de los detenidos. Cuando regresó a la Plaza también los caballos habían vuelto y sus jinetes azotaban a los transeúntes que corrían para esquivar la carga, con una saña que se explica, al menos en parte, por la absoluta falta de control oficial. Pero hay otros aspectos del brutal operativo que ni siquiera de ese modo pueden entenderse. El viernes, 24 horas después de los hechos, la policía aún no informaba a la justicia la nómina de muertos y heridos ni dónde se encontraban, una tarea que la jueza emprendió por su cuenta, con el auxilio de empleados del tribunal, que recorrieron los hospitales con sus autos particulares. Lo habitual es que en cuanto ingresa un herido, el personal policial asignado a los hospitales labra un sumario. Esta vez no sucedió y Servini tuvo que disponer que los sumarios los instruyeran las comisarías seccionales. La reconstrucción realizada de ese modo fue otra sorpresa: los cinco muertos el jueves y veinte de los heridos, tenían orificios de bala de las armas policiales.

Ley marcial

El vano intento de mantener despejadas la Plaza de Mayo y sus alrededores refleja la visión del mundo de Fernando de Santibañes y el gobierno saliente, que no se interesaba por nada que ocurriera más allá de la city financiera. La crisis también puso en evidencia las concepciones del gobernador de la provincia de Buenos Aires Carlos Rückauf. “El estado de sitio no es suficiente. Esto sólo se puede parar con la ley marcial”, clamó en la noche del miércoles. Antes, había solicitado el envío de tropas del Ejército para defender la Casa de Gobierno provincial, cuya hipotética ocupación lo aterraba. A eso se refiere el eufemismo de mostrar músculo, que formuló en público. Luego de las primeras horas de saqueos Rückauf estaba pálido y parco, como un aprendiz de brujo. Su vicegobernador, Felipe Solá lo enfrentó: si las tropas militares entraban al territorio provincial, él renunciaría. No fue necesario. El entonces ministro de Defensa Horacio Jaunarena le transmitió a Rückauf lo que a él le había comunicado el jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni: el Congreso debería modificar las leyes de defensa nacional y de seguridad interior, que establecen jurisdicciones estrictas. Jaunarena agregó algo que Rückauf tenía medios de conocer por sí mismo: era imposible que el Congreso aprobara tal enmienda. La única alternativa, en caso de un desborde de las fuerzas de seguridad que pese a su impericia y ferocidad nunca existió, sería que las Fuerzas Armadas se encargaran de la custodia de instalaciones fijas, como las centrales eléctricas, y liberaran de ese modo efectivos de las fuerzas de seguridad aferradas allí y que el gobierno podría volcar a la tarea policial. No más. Rückauf fue uno de los dos gobernadores que reclamaron la continuación del estado de sitio. El otro fue el radical entrerriano Sergio Montiel, quien lo está usando para perseguir a militantes sociales de su provincia, con el apoyo del inolvidable ex senador Augusto Alasino.

El Far West

Durante la semana previa, algo se estuvo incubando en la provincia que Rückauf no consigue gobernar. En los asentamientos de La Matanza se detectó la presencia del ex coronel Enrique Venturino, el jefe de inteligencia del alzamiento carapintada de 1987. Al mismo tiempo la zona amaneció empapelada por carteles con la bandera argentina firmados por FARO (Frente Argentino de Recuperación del Orgullo Nacional). También apareció una pintada ominosa: “Vamos a voltear a un político”. El miércoles comenzaron los saqueos en el Gran Buenos Aires. El intendente de Moreno, Mariano West, atemorizado ante los destrozos y la cantidad de gente armada que no sabía cómo controlar, y ante la falta de auxilio policial, encabezó junto con el obispo una marcha hacia la Plaza de Mayo,para pedir la cabeza de Cavallo. En su libro Bolívar y la guerra social, Juan Bosch dice que el Libertador inició su campaña para evitar la repetición en Caracas del estallido que había visto en Haití. Mitre afirma en su historia de San Martín, que el Ejército estaba llamado a ser Libertador en América o pretoriano en Buenos Aires. Módica proyección conurbana de estos dilemas históricos, la columna del Far West en su avance llegó a San Miguel. Para sorpresa de West, lo único que encontró en el partido gobernado por Aldo Rico fue una concentración de patrulleros y ningún saqueo. Allí decidió pegar la vuelta y volver a casa.

El último canto del gallo

El Episcopado Católico, el propio partido radical, algunos peronistas y empresarios se reunieron con De la Rúa para pedirle el alejamiento de Cavallo. El presidente lo ratificó y decretó el estado de sitio para respaldarlo. Para detener a un saqueador en acción la policía no necesita ni orden de un juez ni suspensión de garantías constitucionales. Su única utilidad es disuadir la movilización social. Y ni siquiera para eso le resultó. El ex presidente justificó la firma del decreto con la prosa y los gestos de autoridad aconsejados por su hijo Antonio Dime de Qué Alardeas y te Diré de Qué Careces De la Rúa. El principal sostén interno de la decisión fue el entonces secretario general de la presidencia, Nicolás Gallo. Un episodio reciente lo describe. Cuando el Congreso aguardaba la remisión del proyecto de ley de presupuesto 2002, el presidente de la comisión legislativa que debía tratarlo, Raúl Baglini, recibió un sobre de la jefatura de gabinete de ministros. Contenía un proyecto elaborado por Gallo. Dadas las versiones sobre una punción de los depósitos bancarios, ofrecía a los titulares la alternativa de un descuento del 20 por ciento. Los recursos así generados se invertirían en los negocios inmobiliarios de la Corporación Retiro. Esto reactivaría la industria de la construcción y al ahorrista se le entregarían a cambio acciones del emprendimiento. Baglini llamó a Chrystian Colombo y le preguntó qué era ese negocio. Colombo ni siquiera conocía el proyecto. Se entiende que Gallo haya amenazado con revocar licencias a las estaciones de radio y televisión cuyas informaciones molestaban al gobierno y haya dedicado el último día de su mandato a elaborar un proyecto de censura de la información.

El bonsai caído

No se trata de hacer leña del bonsai caído, como ironiza el sacerdote Eduardo De la Serna, pero los De la Rúa demostraron un poder de convocatoria que no se les conocía y que podrán capitalizar en sus futuras respectivas carreras. El discurso duró apenas cinco minutos, pero una hora después la Plaza de Mayo se había colmado de manifestantes que partieron desde todos los barrios de la Capital golpeando los instrumentos domésticos más diversos: ollas, budineras, cajas de herramientas, hasta la tapa de un calefón. Mientras constituyeron una multitud, hasta las 2.30 de la madrugada del jueves, su actitud fue calma. Gozaban del asombro de su flamante protagonismo, se desentumecían con regocijo de muchos años de pasividad. Iban en grupos familiares, con chicos y hasta perros. Había tantos jóvenes como en un partido de fútbol o de rock, y esa era la estética. Pese a ese ánimo festivo, la policía los agredió con saña. A las ocho de la mañana siguiente, los remanentes de esa manifestación seguían en la Plaza de Mayo, sin ningún desborde. El comisario a cargo de la zona les pidió que abrieran un carril para permitir el tránsito y lo hicieron. Pese a ello fueron agredidos nuevamente. Más tarde, cuando la Plaza ya había sido vallada, se sumó otro grupo de manifestantes. Venían de los barrios más pobres del conurbano, vivaban a Seineldín, puteaban contra “los políticos” y le dijeron que se sacara el pañuelo a una Madre de Plazade Mayo que volvía de una frustrada entrevista con el ministro del Interior. Pero tampoco ellos mostraban otra forma de agresividad que no fuera verbal.

La peluquera de San Telmo

También fue ostensible en distintos puntos del Gran Buenos Aires la presencia de hombres jóvenes que se desplazaban en vehículos nuevos, azuzando los saqueos. En La Matanza usaban equipos manuales de comunicaciones. Con la misma técnica que se aplicó en junio de 1989, a cada barrio le anunciaban que otro se estaba preparando para atacarlo. En la Capital, otra dotación de provocadores recorrió el microcentro instando a los comerciantes a bajar las persianas, con falsas versiones sobre columnas en marcha que avanzaban para saquear, cosa que se hizo realidad recién al día siguiente. En las villas 11 y 14 de la Capital los mensajes alarmistas fueron comunicados por policías federales de uniforme. En los barrios pobres del Gran Buenos Aires era la maldita policía la que aconsejaba a los vecinos armarse porque venían los del otro barrio. En la madrugada del jueves, fue baleada la casa del ex vicepresidente Carlos Alvarez. Las versiones que se difundían en forma sin duda organizada, por teléfono o correo electrónico, se hicieron más tremendas a partir del viernes. Ahora se trataba de turbas que arrasaban con las casas de familia o de represión violenta por parte de la Gendarmería. Ni un caso se verificó. Hace dos semanas el corresponsal de un diario francés entró a una peluquería de la calle México. La peluquera le contó muy nerviosa que una cliente, rubia, de edad mediana, que dijo ser periodista de La Nación le había anunciado esa misma tarde que “lo van a sacar antes del 24”. Tampoco faltaron aquí y allí, encapuchados con hondas que aportaron lo suyo, lanzadores de teas de admirable puntería, militantes de partidos de izquierda bien organizados tras el propósito de producir un argentinazo, y chorros de variados pelajes.
Dicho todo lo cual, debe agregarse que nada de ello describe el problema, sino apenas algunas operaciones previsibles que se montaron sobre una situación que las hizo posibles. La cuestión central era la ausencia de una perspectiva de superación de la crisis que contemplara en alguna manera los intereses populares. Ningún pescador podría arrojar sus redes con alguna perspectiva de éxito si el río no estuviera revuelto por tantos años de políticas insensibles a las necesidades elementales de subsistencia de casi la mitad de la población y recorrido por corrientes subterráneas de hartazgo ante tanto maltrato, que en días excepcionales salen a la superficie, con una aversión justa, peligrosa y exacerbada por todo lo que tenga que ver con la política. Entre otras comprobaciones que sólo el paso del tiempo irá decantando, lo sucedido demuestra que, en circunstancias y condiciones incomparables, la Argentina sigue siendo el país del 17 de octubre de 1945 y del Cordobazo, hechos-bisagra en los que la tumultuosa participación popular produjo puntos de inflexión histórica. Por cierto, en uno y otro caso existían conducciones políticas que determinaron los respectivos desenlaces, algo que ahora está por verse.

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