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Por
F. Y.
Un experimentado diputado nacional de San Luis suele utilizar una metáfora
provinciana para definir al político. “Es un tipo de manías
extrañas”, dice. “Por ejemplo, si alguien le presta un
sulky, luego no hay Dios que lo obligue a devolverlo.” Ayer, cuando
Adolfo Rodríguez Saá frente a la Asamblea Legislativa pronunció
un discurso propio de un candidato presidencial triunfante, muchos legisladores
recordaron la metáfora. Y mucho más después de que
anunció la creación de un millón de puestos de trabajo,
el reestablecimiento del salario mínimo, vital y móvil,
la indemnización de las víctimas de la represión
policial y no dijo una palabra sobre los comicios que debería convocar
para marzo próximo.
Enfundado en un traje gris, el puntano ingresó al recinto de Diputados
con su mejor sonrisa. Levantó sus brazos en señal de victoria
al tiempo que desde los palcos bajaban los vítores de unas trescientas
personas llegadas especialmente de San Luis. Tras prestar juramento, el
presidente de la Asamblea Legislativa Juan Carlos Maqueda lo invitó
pronunciar su primer discurso.
Abrió con la revuelta popular del miércoles y jueves pasado.
La caracterizó “como uno de los más grandes movimientos
populares de nuestra historia”. Y aseguró que propondrá
al Congreso “una ley para indemnizar a todos aquellos que fueron
víctimas de la protesta popular”.
Fueron las primeras palabras, y ya había gente en las bancas que
comenzaba a mirarse. Se miraban los menemistas. Comentaban por lo bajo
los duhaldistas. Y los delasotistas atinaban a aplaudir casi mecánicamente.
Sin dar importancia a las expresiones de sus compañeros, Rodríguez
Saá repudió la represión a las Madres de Plaza de
Mayo, a las que consideró un símbolo de la lucha por la
recuperación de la democracia. Después volvería a
nombrarlas. Intentó además, en todo momento, despegarse
de la administración menemista: “Hoy nada será igual,
gobierna desde hoy otra generación”, anunció.
La segunda sorpresa de Rodríguez Saá a los legisladores
se produjo cuando reconoció que lo más grave del problema
argentino “es el capitalismo tal como existe en el país porque
no puede dar respuestas al desempleo, la marginación, la exclusión
y la pobreza”. Y anticipó que comenzará a instrumentar
el plan social par crear un millón de empleos. Una promesa que
despertó un fuerte estallido desde los palcos y hasta de algunas
bancas de diputados de la oposición. El jefe de Estado sonrió
y antes de que los aplausos disminuyeran, dijo que en las próximas
horas decidirá la reimplantación de una vieja conquista
peronista: el salario mínimo, vital y móvil. Página/12
pudo saber que el miércoles Rodríguez Saá lo anunciará
oficialmente en la Confederación General del Trabajo junto con
Rodolfo Daer y Hugo Moyano.
Abajo, desde las sillas destinadas a los senadores, Eduardo Duhalde estaba
como petrificado. Sin mover un músculo escuchó el discurso
y en muy pocas oportunidades llegó a aplaudir. El senador no lo
dice públicamente, pero desde que cayó De la Rúa
soñaba con ocupar el lugar que desde ayer ostenta Rodríguez
Saá.
Alejado de los pensamientos del bonaerense, el presidente seguía
anunciando su programa de gobierno: tope de tres mil pesos en los salarios
de los funcionarios, congelamiento de vacantes, venta de la totalidad
del parque automotor para funcionarios y los aviones de la Presidencia.
El griterío y los aplausos de los puntanos ubicados en los palcos
hacía difícil escuchar el detalle del discurso. Y Rodríguez
Saá no se detenía. Fusión de ministerios, ningún
empleado público perdiendo su empleo. Y la deuda externa.
No sólo planteó la suspensión del pago de la deuda,
algo que provocó que legisladores del Frepaso y del Frente para
el Cambio salieran de sus bancas para aplaudir la decisión junto
a los del PJ. Vítores que seincrementaron cuando les dijo a los
legisladores que el Congreso se ocupará, tal como prevé
la Constitución, de analizar el pago de la deuda y que contarán
con toda la información que existe en el gobierno.
Por último habló de la continuidad de la convertibilidad
y le agregó la implementación de una tercera moneda a fin
de inyectar liquidez.
Los legisladores más veteranos dijeron que no parecía el
proyecto de alguien que vino sólo por sesenta días. Y uno
recordó con nostalgia un documento de 1973 donde los candidatos
a legisladores por la Juventud Peronista se comprometían a investigar
las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad
y los delitos económicos, a impedir lo que definían como
“el continuismo del sistema” y a propiciar la austeridad de
la función pública. El documento llevaba la firma, entre
otros, de Juan Carlos Dante Gullo, Jorge Obeid, Ismael Salame, Carlos
Kunkel y Adolfo Rodríguez Saá.
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