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 El
comisario general Rubén Santos recibió ayer una primera
factura por la represión policial del jueves último en Plaza
de Mayo y alrededores. El flamante secretario de Seguridad Interior, Juan
José Alvarez, le aceptó la renuncia al cargo de jefe de
la Policía Federal y hoy mismo llevará al presidente Adolfo
Rodríguez Saá “una terna de candidatos” a reemplazarlo.
Los cambios (en el Ejecutivo y en la fuerza) no alcanzaron a calmar a
los efectivos, que ayer agredieron a un periodista de este diario (ver
aparte). Alvarez anunció además que el Gobierno “levantará”
el estado de sitio en la provincia de Buenos Aires.
Alvarez se reunió ayer con los responsables de las tres fuerzas
de seguridad interior, la Policía Federal, la Gendarmería
y la Prefectura Naval. La renuncia de Santos fue aceptada de inmediato.
En cambio, el funcionario confirmó al comandante general Hugo Miranda
como jefe de la Gendarmería y a Juan Carlos Beltriti como director
general de la Prefectura Naval.
La situación de Santos había quedado seriamente comprometida
tras los suceso del jueves, en que los efectivos de la Federal reprimieron
salvajemente a los manifestantes en la Plaza de Mayo y en otros puntos
de la ciudad. Ese accionar policial provocó siete muertes en apenas
unas horas, en pleno centro porteño.
El viernes, el jefe policial había tenido un adelanto sobre su
destino: debió retirarse del Congreso, en medio de una rechifla
e insultos de legisladores, cuando se ubicó entre los invitados
especiales a la Asamblea Legislativa. Santos deberá dar cuenta
a la Justicia por las muertes registradas en la represión del jueves
ante la jueza María Romilda Servini de Cubría.
“Si no hubiera ocurrido lo de Plaza de Mayo, igual hubiera renunciado”,
argumentó ayer el ex jefe. “Tiene que ver con una cuestión
ética, porque yo fui designado por el (ex) presidente Fernando
de la Rúa”, agregó.
Santos había sido designado como jefe el 6 de enero de 2000, luego
de desempeñarse en la Superintendencia de la Policía Científica.
Aunque su discurso era contrario a la doctrina de la “mano dura”,
su gestión fue cuestionada por la dura represión a una manifestación
sindical, en abril de ese año. Su puesto tambaleó meses
después, cuando se produjo la histórica fuga del Departamento
Central de Daniel “Tractorcito” Cabrera y dos paraguayos acusados
de asesinar al vicepresidente de Paraguay.
Tras anunciar el despido de Santos, el secretario Alvarez informó
que la situación en la provincia de Buenos Aires “es calma”.
“Según me informó el jefe de la policía (Bonaerense)
Amadeo Dangelo, no tenemos problemas importantes”, por lo cual, anunció,
será levantado el estado de sitio en esa provincia. “El ministro
de Interior (Rodolfo Gabrielli) está haciendo las consultas correspondientes
para decidir si también se levanta en las provincias de San Juan
y Entre Ríos”, dijo Alvarez. El funcionario se desempeñó
hasta el viernes como ministro de Seguridad de Carlos Ruckauf, quien ayer
designó en su reemplazo al intendente de Ituzaingó, Alberto
Descalzo.
En cuanto a las víctimas de las últimas jornadas, Alvarez
dijo que habló del tema con el Presidente “para encontrar
un mecanismo que permita satisfacer a quienes han sido dañados”.
“Se habló no solamente de los comercios dañados sino
también de las familias de las víctimas”. En ese sentido,
no descartó “que haya indemnizaciones para los familiares
tanto de los muertos como de los heridos”.
En cuanto a los protagonistas de los saqueos, sólo en el departamento
judicial de San Martín, un total de 130 personas fueron procesadas
por participar en los hechos registrados en los partidos de San Miguel,
Tres de Febrero, San Martín, José C. Paz y Malvinas Argentinas.
“De las 150 personas que fueron detenidas en esta jurisdicción,
se encontraron pruebas para procesar a 130, mientras que los otros 20
fueron liberados”, dijo una fuente judicial.
LA
POLICIA AGREDIO A UN FOTOGRAFO DEL DIARIO
A
patadas contra Página/12
Para
no perder la costumbre, la Policía Federal volvió a ejercer
la violencia indiscriminadamente en Plaza de Mayo. Ayer a las 15, en Rivadavia
y Bolívar, miembros del cuerpo de motociclistas de esa fuerza le
pegaron al fotógrafo de Página/12 Pablo Piovano, a quien
además le destrozaron su cámara. Fue otro eslabón
de la cadena de agresiones policiales de los últimos días,
que tuvo su clímax en la feroz represión desatada durante
el jueves y el viernes pasados, que provocó siete muertes todavía
no esclarecidas en la zona del microcentro.
“Veníamos caminando, después de hacer fotos de las
juras en la Casa Rosada, cuando vemos a varios policías tirados
en la vereda, descansando. Nos ponemos a hacerles fotos. Hasta ahí
estaba todo bien”, explica Piovano, que iba acompañado por
los fotógrafos de este diario Alejandro Elías y Jorge Larrosa.
“Pero al poco tiempo uno de los policías empieza a decir ‘eh,
¿de dónde sos vos?’, de mala manera. Yo no le contestaba,
hasta que dije que era de Página. Me empezaron a decir ‘que
hacés con esa camarita de mierda, qué laburo de mierda el
tuyo’”, agrega. “Entonces se me vinieron al humo, eran
como seis o siete”, recuerda.
“A Elías y a mí nos sacan, nos dicen ‘llevate
al pibe, dale’, y mientras aprovechan para rodearlo a Piovano”,
cuenta Larrosa. “Cuando me rodean, instintivamente levanto la cámara;
me pegaban patadas con esos borceguíes, me tiraban manotazos a
la cara, querían manotearme la cámara”, dice Piovano,
y señala que “uno de los policías me agarra del cuello,
pierdo el aire y entonces logran sacarme la camara. Otro de ellos, con
toda la furia, la tira contra el piso”.
La agresión de los policías sólo terminó cuando
intervino una anciana. “‘¿Por qué le pegan? ¿Por
qué siguen reprimiendo?’, decía la mujer. Recién
ahí se subieron a las motos y se fueron”, dice Larrosa. La
brutalidad policial le dejó marcas de todo tipo a Piovano: moretones
en sus piernas, rasguños en el cuello, y hasta la suela de los
borceguíes impresa en su pantalón. Y la rotura de su cámara,
su elemento de trabajo.
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