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Por Victoria Ginzberg
 La mayoría de los organismos
de derechos humanos expresaron su optimismo por las designaciones del
nuevo gobierno en el área de Justicia y Derechos Humanos. Las trayectorias
de Alberto Zuppi y Jorge Taiana otorgaron cierta confianza a quienes esperan
revertir las concesiones de Fernando de la Rúa hacia los militares,
aunque algunos no abandonaron el escepticismo. El anuncio de que se respetará
el principio de “extraditar o juzgar” a los acusados de violar
los derechos humanos durante la última dictadura fue bien recibido,
pero la medida fue relativizada por el canciller y ministro de Defensa
José María Vernet y está siendo “estudiada”
por las cúpulas de las Fuerzas Armadas. Otra decisión de
este nuevo gobierno, la de otorgar planes Trabajar a los militares, fue
unánimemente rechazado.
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto y el director
ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Víctor
Abramovich, coincidieron en apoyar la primera promesa en materia de derechos
humanos: la derogación del decreto con el que el ex presidente
De la Rúa anticipó que serían rechazados todos los
pedidos de extradición de represores argentinos provenientes de
tribunales extranjeros. El actual secretario de Justicia, que representa
al Estado alemán en un proceso contra el ex general Carlos Guillermo
Suárez Mason, anunció públicamente que la medida
de la gestión aliancista “es algo que hay que corregir”.
Vernet, a cargo del Ministerio de Defensa, no quiso confirmar o rechazar
la decisión de Zuppi pero señaló que las Fuerzas
Armadas –cuyos jefes fueron confirmados en sus cargos– evaluarán
la situación y darán una respuesta al presidente Adolfo
Rodríguez Saá. “Las posiciones están todas abiertas.
Esto necesita elaboración y negociación. La negociación
ha sido realizada y las Fuerzas Armadas y todos los organismos darán
su opinión conjunta en el término de 15 días”,
aseguró.
Los jefes de Estado Mayor de las tres Fuerzas Armadas pasaron la Navidad
en Río Gallegos con Vernet, quien los tranquilizó asegurando
que aún no había una decisión tomada respecto a las
extradiciones y que se tendría en cuenta la opinión castrense.
Los uniformados aún esperan que se mantenga la vigencia del decreto
1581 y que en una situación que les sea adversa intervenga el Congreso.
En el Gobierno admiten que se trata de un tema difícil y aspiran
a encontrar una solución dialogada.
“No tengo confianza global en este Gobierno y tengo dudas de que
se lleve a cabo lo prometido por estas personas. Creo que esto no va a
ser muy distinto de lo que hubo hasta ahora”, expresó Osvaldo
Barros, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos.
Desde el CELS, Abramovich señaló que “aunque aún
no tenemos información oficial, al parecer se estudiará
cada caso concreto y se decidirá si existe posibilidad de persecución
penal en el país, y si es así, actuará la justicia.
Si esto se concreta es un paso sumamente positivo”.
En la práctica, los efectos de la medida impulsada por Zuppi no
difieren demasiado de lo que estaba haciendo el gobierno de De la Rúa,
que había remitido algunas solicitudes de extradición o
de cooperación jurídica a la Justicia argentina. Pero los
aliancistas partían de la territorialidad (los delitos ocurridos
en el país sólo pueden juzgarse aquí) mientras que
el secretario de Justicia acuerda con el principio de jurisdicción
internacional en casos de crímenes de lesa humanidad, que habilita
la acusación de quienes violan los derechos humanos en cualquier
lugar del mundo. Según esta doctrina, si los acusados no son extraditados
deben ser juzgados en el país en el que se encuentran.
Abramovich también apoyó la idea de que se modifique la
ley de cooperación con estados extranjeros para que sea la justicia
la que tenga la última palabra en extradiciones relacionadas con
crímenes de lesa humanidad. Carlotto respaldó el juzgamiento
de los militares que actuaron durante la dictadura y se mostró
conforme con la designación de Taiana como subsecretario de Derechos
Humanos, pero aseguró que el pueblo debe estar “vigilante”.
“El discurso de Rodríguez Saá nos dejó bienimpresionadas
y no voy a subestimar el gesto pero esto no es mérito personal,
es del pueblo que salió a la calle y hubo muertos por eso”,
expresó.
Los planes Trabajar
El domingo, Vernet anunció que se otorgaron a las Fuerzas Armadas
10 mil planes de trabajo –de 200 pesos pagados en bonos– del
Programa Nacional del Empleo. Según lo acordado, el ministerio
de Defensa instrumentará la distribución entre los militares
y éstos deberán aportar los materiales, insumos y las herramientas
de trabajo necesarias.
“Siempre planteamos que los planes sociales tienen que ser usados
para generar empleo productivo y no para reservistas del Ejército,
como era el planteo que hicieron el año pasado. Eso va en contra
de la naturaleza de los planes sociales tal como fueron concebidos. Involucrar
a la Fuerzas Armadas en su distribución y logística no se
corresponde con el sistema democrático, está vinculado con
idea de Fuerzas Armadas como constructoras de la Nación y es sumamente
peligroso”, aseguró Abramovich.
El año pasado, el CELS denunció ante el Banco Mundial la
pretensión de utilizar fondos de los Planes Sociales –que
financiaba el organismo internacional– para pagar a reservistas.
El BM rechazó la idea impulsada por el jefe del Ejército,
Ricardo Brinzoni y por el ex ministro Ricardo López Murphy. Para
Carlotto, los planes de empleo tienen que ser dirigidos por la sociedad
civil y destinados a hacer trabajos para la sociedad civil. “Hay
mucha obra para hacer y no hay que mezclar a las Fuerzas Armadas, menos
estas Fuerzas Armadas que siguen siendo las mismas”, afirmó.
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