Por Cristian Alarcón

Hubo un plan. Hubo organización. Hubo orden para salir a matar. Esas son las primeras conclusiones que surgen de la causa judicial en la que la jueza María Servini de Cubría investiga las muertes de Plaza de Mayo. El jueves pasado 25 personas, la mayoría jóvenes, fueron baleadas cuando se manifestaban en la zona que va del edificio del Congreso a la Casa Rosada. Cinco de ellos murieron por tiros, que serían de pistolas 9 milímetros. A todos les dispararon a quemarropa justo en la cabeza o en zonas vitales: corazón y pulmón fueron el blanco perfecto de los federales.
“Los orificios que hay en los cuerpos de todos los heridos y muertos tienen entre 9 y 10 milímetros –informó ayer a Página/12 la jueza–. Y ya determinamos que todas las personas ingresaron a los hospitales entre las cuatro y las cinco de la tarde”. La jueza y su equipo de investigadores trabajan desde el viernes en la difícil reconstrucción de los hechos del 20 a una distancia prudencial de la Policía Federal, excluida completamente de la investigación. “Desde el primer minuto actuaron de brazos caídos y con absoluta desinformación”, evaluó Servini sobre la fuerza a la que tiene en la mira tanto como al ex presidente Fernando De la Rúa, sobre quien pesan también, no solo en el juzgado federal, cargos por ocho asesinatos cometidos en la última hora de su mandato.
El viernes pasado los investigadores de Servini de Cubría debieron dedicar el día casi entero a rastrear los cadáveres y los baleados, repartidos en tres hospitales públicos: el Argerich, el Ramos Mejía y el Santojanni. Los funcionarios judiciales fueron en sus propios autos a preguntarles a los médicos por las víctimas ingresadas.
Casi en ninguno de los casos la Policía Federal había iniciado los sumarios correspondientes. Los cuerpos se demoraron 24 horas sin que se le diera intervención a las oficinas periciales y por eso tardaron también en ser entregados a los deudos que terminaron velándolos y sepultándolos el fin de semana. Desde el minuto cero en las oficinas de Servini en Comodoro Py quedó claro que nada podría hacerse contando con la Federal. Cerca de la medianoche del jueves la jueza llamó a su oficina al ex secretario de Seguridad, Enrique Mathov y al entonces jefe de la policía, Rubén Santos. Tanto Servini como el fiscal Luis Comparatore habían recibido informaciones similares respecto a que se venía una noche quizás más negra que lo que había sido aquella tarde de tanta saña y sangre.
“El clima que percibía era muy raro y los datos que llegaron indicaban que por la noche la policía iba a permitir que se robara, que se saquearan casas y departamentos en la ciudad de Buenos Aires, que se gestaba la anarquía”, le contó la magistrada a este diario.
En aquella reunión la jueza hizo responsables a los dos funcionarios por la seguridad y por cualquier asomo de zonas liberadas para el caos. Y los informó sobre el sumario que se instruía por la represión de esa tarde. Fuera del expediente –en el que junto al ex ministro del Interior Ramón Mestre y a De la Rúa son investigados por cinco homicidios, privación ilegal de la libertad, violación de los deberes de funcionario público– Servini habló con ellos sobre las órdenes impartidas esa tarde.
La jueza ya había preguntado a través de un oficio y apenas supo por la televisión que estaban matando jóvenes en la calle preguntó a la Casa Rosada quién había ordenado reprimir, cuando además ella había estado en la Plaza pidiendo que cesaran los golpes, los gases y las patas de los caballos sobre los manifestantes. Desde Gobierno le contestaron por escrito horas después, cuando De la Rúa ya se había tomado el helicóptero del final, que la orden provino de Mestre. Cuando por la noche les preguntó a los funcionarios, Mathov le dijo que cuando terminó de hablar por televisión, alrededor de las 16.30, De la Rúa preguntó si había muertos. El secretario de Seguridad le contestó que no. A Servini le dijo que no tenía idea de que la Policía Federal habían matado un ciudadano.
Cuando le tocó el turno de explicar, a Santos le faltó silbar mirando el techo y pateando el aire: también le dijo que no lo sabía. Servini –que no estaba tomándole declaración sino en una reunión con ellos– le contestó que eso era imposible porque la Federal tiene una oficina de control central en la que decenas de pantallas muestran lo que ocurre en la ciudad, y sobre todo el microcentro.
La jueza ya tiene en sus manos las grabaciones de todo lo que quedó registrado el 20 de diciembre. como también las que filmaron los canales de TV. Ver esas imágenes, clasificarlas, y cruzarlas con los datos que surjan de los testigos de la masacre es la tarea que entre mañana y el viernes encararán algunos investigadores.
Servini está ansiosa por profundizar la pesquisa y llegar pronto a determinar dos cuestiones: quiénes fueron los matadores y quiénes fueron los que ordenaron la matanza. Lo que ya es incontrastable por el simple ordenamiento de los primeros datos en la causa es que hubo un plan, cierta organización, y una orden para matar. No se explica si no por qué los disparos que hirieron a 25 personas en diferentes puntos del centro porteño fueron hechos entre las 15.30 y las 16.45. Y por qué esos balazos fueron apuntados si no a la cabeza de las víctimas, al torso. Varios de los internados tienen heridas cercanas al pulmón y al corazón.
A tres de esos sobrevivientes se les tomó declaración el lunes. Lo que contaron se repite en los tres casos: la policía disparaba con balas y a matar. Fue allanada la división de caballería de la Federal; buscaban las fustas con que pegaban los jinetes, pero desaparecieron. Comenzaron a aparecer además testigos presenciales que se acercan espontáneamente para ofrecer sus testimonios. De todas maneras, si bien Servini tiene la mira puesta en cómo fueron los homicidios, no descansa tratando de establecer como ordenaron tirar y en ese punto De la Rúa está en la primera línea de la cadena de responsables de la matanza. Los fiscales y los abogados de las víctimas apuestan a que sea procesado por homicidio múltiple. Ayer hubo una versión, divulgada por la agencia DyN, que le debe haber causado cierto recelo al ex presidente: el cable decía que el defensor de Mathov, Jorge Valerga Araoz, en una conversación informal con fiscales había apuntado a De la Rúa como el verdadero responsable de los hechos porque, amparado en el estado de sitio, fue quien mandó a reprimir. Ayer Valerga negó ante Página/12 que su estrategia fuera apuntar hacia arriba y reiteró lo que Ma-thov explicó por escrito a Servini el viernes: que apenas ordenó proteger la Casa de Gobierno.

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