El juez federal Rodolfo Canicoba Corral pidió la captura del dictador boliviano Hugo Banzer Suárez por su responsabilidad en el plan de coordinación de las dictaduras del Cono Sur, conocido como el Operativo Cóndor. La solicitud llegará hoy a Interpol y si se concretara, el magistrado pediría su extradición.
El juez consideró que Banzer formó parte de la “asociación ilícita” que fue el Plan Cóndor, de la que también participaron, entre otros, Jorge Rafael Videla, el chileno Augusto Pinochet, el paraguayo Alfredo Stroessner y los uruguayos Julio Vapora –ex jefe del ejército de ese país–, Guillermo Ramírez, José Nino Gavazzo, Manuel Cordero, Jorge Silveira y Hugo Campos Hermida. Agregó, además, que es responsable de 72 casos de privaciones ilegítimas de la libertad. Entre ellos está el de la argentina Graciela Rutilo Artés, quien fue secuestrada junto con su hija Carla de nueve meses en Bolivia, en abril de 1976. Según los datos que pudo recopilar su madre, Graciela fue torturada por una comisión de la Policía Federal Argentina que se hizo presente en La Paz –en una casa perteneciente al Ministerio de Interior boliviano– a mediados de agosto de 1976. Todo indica que Graciela y Carla fueron entregadas a los represores argentinos en la frontera Villazón-La Quiaca. Es seguro que Carla llegó a Argentina: fue apropiada por el torturador Eduardo Ruffo. La niña fue recuperada por su abuela Matilde “Sacha” Artés en 1985 y actualmente vive en España. Su madre sigue desaparecida.
En el procesamiento de Videla, Canicoba Corral consideró que existían tres fases o etapas que integrarían el Plan Cóndor: “El intercambio de información de inteligencia entre los Estados, la ubicación del denominado elemento subversivo o terrorista y la ejecución o traslado del sujeto de cualquier otro país signatario”. Como en sus anteriores resoluciones en este caso, el juez y el secretario de la causa, Oscar Aguirre, se basaron en legajos de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas; memos del agente de inteligencia chileno Enrique Lautaro Arancibia Clavel, condenado por los asesinato del general Carlos Prats y su esposa; documentos desclasificados por Estados Unidos y encontrados en el Archivo del Terror de Paraguay y numerosos testimonios, tomados en ésta y otras causas en las que se investigan violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Para la responsabilidad de Banzer en el Plan Cóndor se tuvieron especialmente en cuenta las declaraciones del periodista Martín Sivak, autor de una biografía sobre el dictador boliviano y del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.
“El gobierno de Bolivia no emitirá opinión mientras no conozca la versión oficial de la demanda del juez Rodolfo Canicoba Corral”, declaró en La Paz el ministro de Información, Mauro Bertero, quien hizo de vocero de la administración del presidente Jorge Quiroga. Banzer fue dictador de Bolivia entre 1971 y 1978 y regresó al poder a través de las urnas entre 1997 y agosto del 2001, cuando se vio obligado a renunciar –un año antes de que expire su mandato– por padecer un cáncer hepático extendido al pulmón, del cual se trata en un hospital de Estados Unidos.
La Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) respaldó el pedido de captura dictado por Canicoba Corral y aseguró que “está dispuesta a aportar con todo lo necesario” al proceso judicial que debe sancionar “delitos de lesa humanidad que tienen la característica de ser imprescriptibles”. “El Estado boliviano debe obrar con sentido democrático y dar lugar a la extradición de Banzer cuando la justicia argentina formalice el pedido a través de la instancia correspondiente”, afirmó Waldo Albarracín, representante del organismo de derechos humanos.
El pedido de captura de Banzer se suma, en esta causa, a las solicitudes de arresto del dictador paraguayo Stroessner –que vive en Brasil como asilado político–; del ex jefe de la policía secreta chilena, Manuel Contreras, y de Pinochet y de cinco represores uruguayos. En este expediente, Canicoba Corral solicitó interrogar al ex secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger. “Los refugiados están en una situaciónparticularmente grave. Muchos del grupo que queremos asistir fueron víctimas de secuestros, torturas y muerte (...) no proponemos, por supuesto, que aceptemos personas que sean comunistas, terroristas u otras no aptas bajo la ley o los que puedan estar buscando escapar de penurias económicas más que de la persecución política”, escribió Mr. K. en un documento desclasificado por Estados Unidos que forma parte de la causa.

PABLO SLOMINSKY, REEMPLAZANTE DE ALBERTO ZUPPI
La AMIA con la memoria activa

El juicio por el atentado contra la AMIA se reanudará hoy, y sólo por dos días, con la declaración de sobrevivientes del ataque. El lugar de Alberto Zuppi –nuevo secretario de Justicia– como abogado de Memoria Activa junto a Pablo Jacoby será ocupado por Pablo Slominsky, quien ya se desempeñaba como colaborador de la agrupación.
Los jueces del Tribunal Oral Federal 3 escucharán más testimonios de empleados de la mutual judía de Pasteur 633 que estaban dentro del edificio el 18 de julio de 1994 y lograron salir de entre los escombros. Después del viernes, el proceso que se suspenderá hasta el 14 de enero.
Luego de que concluyan los testimonios de sobrevivientes, se iniciará el tramo dedicado a las pericias y testigos relativos al hallazgo del motor del cochebomba entre los escombros. Este aspecto del juicio es considerado vital tanto para quienes avalan la investigación judicial que concluyó que AMIA explotó por un cochebomba que se incrustó en su frente como para los abogados de los acusados que intentaron desvirtuar esta hipótesis. También se espera que los jueces tomen alguna determinación relativa a si harán público un sumario interno que les envió la SIDE donde hizo una autocrítica a su rol en la investigación de la masacre que dejó 85 muertos.
Slominsky, el nuevo abogado que compartirá la representación de Memoria Activa con Pablo Jacoby, fue secretario del tribunal federal penal a cargo del juez Jorge Luis Ballestero y dejó su cargo en el Poder Judicial en 1998 para incorporarse a la actividad privada. Jacoby otorgó “su total apoyo” a Zuppi ante las críticas que le hizo la dirigente de Memoria Activa Laura Ginsberg por haber aceptado el cargo de secretario de Justicia.

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