La jueza federal María Romilda Servini de Cubría denunció ayer que la están “presionando” para que no avance en su investigación sobre las muertes de la semana pasada en los alrededores de la Casa Rosada y el centro porteño. “Me están apuntando porque fui a la Plaza de Mayo a intentar parar la represión, pero voy a llegar a los responsables”, declaró la magistrada, a propósito de una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público y mal desempeño de sus funciones que radicaron en su contra. Servini de Cubría cuenta ya con los informes de los médicos forenses que realizaron las autopsias y con otros elementos, como los registros de los traslados del SAME, que fortalecen la hipótesis de que hubo un plan y una orden de matar.
“Ya hay presiones y empiezan con las denuncias contra mí. Casi siempre se utiliza la Justicia penal para presionar”, explicó Servini de Cubría frente a la denuncia que recibió de parte de un particular llamado Rubén Allaud, y agregó: “Son maniobras para que me asuste y deje de investigar. Pero voy a llegar a los responsables. No les tengo miedo y no voy a parar aunque me sigan presionando.” La jueza no dudó en vincular esa presentación con su presencia en Plaza de Mayo el jueves de la semana pasada para ordenar que cesara la represión de los manifestantes y recordó que fue a ese lugar “porque desconfiaba de que la cosa (el operativo de seguridad) se estuviera desarrollando con normalidad y vi cómo se actuó contra la gente, vi cómo reprimieron”.
La pesquisa que desde entonces conduce Servini de Cubría –y en la que intervienen también los fiscales Luis Comparatore y Patricio Evers– apunta a determinar quiénes fueron los que ordenaron la represión que terminó con ocho muertos y numerosos heridos. “No sabemos cómo fue dirigido ese operativo. Tenemos la impresión de que estaba ordenado por distintas unidades y reparticiones de la Policía Federal”, dijo la jueza, quien adelantó que “hasta no tener todas las pruebas, no vamos a indagar a nadie”.
En la mira de los investigadores están el ex presidente Fernando de la Rúa y el ex secretario de Seguridad, Enrique Mathov, quienes en los respectivos escritos que presentaron ante la magistrada deslindaron su responsabilidad en el caso. Los otros que aparecen involucrados son el ex ministro del Interior Ramón Mestre y el ex jefe de la Federal Rubén Santos. Funcionarios judiciales vinculados a la causa no descartaron que finalmente sean citados a indagatoria.
Por el momento, sin embargo, Servini de Cubría y los fiscales están dedicados de lleno a recopilar la mayor cantidad testimonios y datos sobre lo ocurrido. De hecho, Comparatore encabezó ayer una inspección ocular en la Plaza de Mayo y a lo largo de toda la Avenida de Mayo.
Una de las cosas que se pudo establecer en las últimas jornadas es que Gustavo Benedetto, quien cayó muerto en la zona de Avenida de Mayo y Chacabuco, recibió disparos “efectuados –según los investigadores– por personal policial que se encontraba en el interior del Banco HSBC” situado en esa esquina. Los registros retirados de las oficinas del SAME durante el allanamiento ordenado por Servini de Cubría confirmaron también que las muertes se produjeron casi al mismo tiempo.
“Se están reconstruyendo los hechos pero hasta ahora no hay un sólo indicio respecto de que los manifestantes fallecidos estuvieran destruyendo bienes o atacando a otras personas. A ninguno se le ha atribuido ningún delito”, precisaron fuentes de la pesquisa.

“FUNERAL CIVICO” EN MEMORIA DE LOS ASESINADOS
La memoria no va a dejar la calle

Por R. C.

“Para terminar, pido un minuto de aplauso y no un minuto de silencio para los 32 compañeros muertos por la represión”, dijo el periodista Miguel Bonasso casi al final del funeral cívico que realizaron ayer diferentes organizaciones para homenajear a las víctimas de la represión durante la movilización popular que terminó provocando la renuncia de Fernando de la Rúa. “Pasaron 18 años de la vuelta de la democracia y la policía no se enteró. La represión que ordenó De la Rúa fue incluso peor que la que había en la Plaza en la época de la dictadura”, dijo Bonasso. En el acto también hablaron amigos de las víctimas y ciudadanos comunes. No faltaron las lágrimas, pero tampoco las exhortaciones a “persistir en la lucha”. La diputada de Izquierda Unida Patricia Walsh recordó a los caídos y llamó al pueblo a “no dejar la calle”. Al final, todos entonaron el Himno Nacional.
Estuvieron ayer frente al Congreso, entre otras organizaciones, los HIJOS, las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, gente de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), la Correpi, partidos de izquierda y un grupo de motoqueros que recordaron a sus dos compañeros muertos por la policía y denunciaron que los siguen persiguiendo y amenazando hasta el día de hoy cada vez que los encuentran en un semáforo.
Se vio gente lagrimeando por los muertos, señoras que insultaban a los habitantes del congreso de cara al edificio sin que nadie las escuchara -–ayer no hubo sesión–, exigiendo enfáticamente a los diputados y senadores que “trabajen porque les pagamos nosotros”. “Basta de inmolar víctimas en el altar del dios Mercado”, pidió un hombre cuando le cedieron el micrófono. Un amigo de Carlos Almirón, el militante de la Correpi que mató la policía, recordó enojado y triste a su amigo “Petete”. “Dice la autopsia que lo mató una bala que le atravesó el corazón. Cómo mierda no le iba a atravesar el corazón si tenía un corazón enorme”, dijo antes de pedir disculpas por la emoción.
En un momento del acto, Bonasso leyó la carta de María Elena Guzmán, una ciudadana que perdió a su marido el 14 de octubre, día de las elecciones legislativas. Desde ese día, María Elena decidió no quedarse más en su casa y salir a pelear “por un país más justo”. Aseguró en el texto que además de la represión policial, hay gente que muere en el país “por los disgustos y la mala sangre cotidiana”. También escribió que “es una burla que Cavallo siga hablando en los medios después de lo que hizo”.
Estuvieron en el Congreso las columnas del MST, Patricia Walsh y Patricio Echegaray, de Izquierda Unida, y Alberto Roselli, diputado de Autodeterminación y Libertad, en representación del líder del partido, Luis Zamora.
Hacia el final y antes de entonar el Himno, los presentes se unieron en un mismo cantito. “La sangre obrera/ es lucha y es bandera” gritaban. Un cartel recordaba lo que la movilización del 19 y 20 de diciembre no supo conseguir. “Lo echamos a Cavallo. Lo echamos a De la Rúa. Ahora es el turno de la Corte Suprema de Justicia”, podía leerse. Es que parece que en un saludable ejercicio de memoria, algunos ciudadanos no terminaron de tragar el sapo de la liberación de Carlos Menem merced a un fallo del máximo tribunal. El mismo tribunal que, según hicieron trascender algunos de sus miembros, dirá próximamente que en marzo no habrá elecciones el 3 de marzo.

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