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Por Cledis Candelaresi
 El canciller español
Josep Piqué aseguró ayer que su país está
dispuesto a “apoyar” a la Argentina en esta situación
crítica aunque, al mismo tiempo, subrayó la necesidad de
que el Gobierno aplique políticas “serias” y “predecibles”
y, fundamentalmente, que “respete la seguridad jurídica”.
Antes de plantearle este reclamo al propio presidente Adolfo Rodríguez
Saá, el diplomático se reunió con las principales
inversoras hispanas en el país, la mayor parte de ellas adjudicatarias
de servicios públicos privatizados. Durante ese cónclave
quedó expuesta la mayor angustia que aqueja a este núcleo
de empresas: la devaluación –directa o por la vía de
una tercer moneda depreciable– y la eventual desdolarización
de las tarifas, algo que el secretario de Hacienda, Rodolfo Frigeri, sugirió
que tiene intenciones de hacer.
España seguirá apoyando a la Argentina, incluso desde su
temporal comando de la Unión Europea. Pero según insinuó
Piqué, ese respaldo político, que en el caso del blindaje
se tradujo también en un apoyo económico, exige como contrapartida
que no se vulneren las reglas que ampararon las inversiones españolas
en el país. En la última década, de la mano de la
Convertibilidad, las firmas de ese origen invirtieron por 41 mil millones
de dólares y ocupan 70 mil empleos, el grueso responsabilidad de
prestadoras de servicios públicos. Telefónica, Repsol, Edesur
y Dycasa, entre otras varias, integran ese grupo.
Antes del encuentro con el presidente y el canciller local, José
María Vernet, Piqué escuchó de boca de los principales
ejecutivos de catorce compañías ibéricas con intereses
en el país su diagnóstico de situación y eventuales
demandas al nuevo gobierno argentino durante una reunión en el
Hotel Alvear. Uno de los principales desvelos es común a cualquier
empresa que opere en el mercado local, al margen de su origen, y está
generado por la incertidumbre: en aquel encuentro nadie podía conjeturar
con fundamento qué características tendrá la emisión
de los argentinos, ni cuánto ni cuán rápido podrá
este devaluarse, ni cuándo se flexibilizarán las restricciones
para girar divisas o cómo seguir importando insumos.
Pero la mayor angustia empresaria está relacionada con el futuro
del tipo de cambio, a pesar de que una eventual corrección impacta
de modo diferente según la empresa de la que se trate. Repsol bien
puede aprovechar la libre disponibilidad del combustible y un dólar
más caro para aumentar sus exportaciones y compensar una mayor
caída en el consumo interno. Pero otra es la situación de
las telefónicas o las distribuidoras eléctricas, cuyas tarifas
están ancladas al dólar y, en algunos casos, al índice
de precios de los Estados Unidos.
Una devaluación obligaría a encarecer las tarifas de servicios
públicos dolarizadas, en un momento que las empresas consideran
social y políticamente inviable aplicar cualquier incremento. “Para
que nuestra inversión sea rentable necesitamos tener mercado: consumidores,
que puedan pagar el servicio”, advertía ayer el directivo
de una privatizada de origen hispano, reconociendo el brete en el que
se encuentran.
Según conjeturaban ayer los empresarios en la intimidad de aquella
reunión privada, el otro camino para enfrentar una eventual devaluación
es la disminución en la calidad de los servicios que prestan. De
ese modo, compensarían la presunta pérdida de rentabilidad
por desenganchar el precio del servicio del dólar, con una reducción
de costos. Aunque en este supuesto caso, analizaron, también habría
que reinstaurar la tradicional indexación en base a los precios
argentinos.
Todas estas especulaciones cobraron más sentido cuando Frigeri
advirtió que habría que “revisar las privatizaciones
(...) porque muchas cosas se hicieron mal”, planteando la posibilidad
de romper el vínculo de las tarifas con el dólar y el PPI
norteamericano y poniendo en guardia a más de una concesionaria.
Puertas afuera, sin embargo, los españoles mostraron una gentileza
casi impostada. “Era la crónica de una situación inevitable”,
opinó Piqué enrelación a la suspensión del
pago de la deuda externa. “Nuestras inversiones son de largo plazo.
Hemos venido aquí para quedarnos”, prometía al mismo
tiempo el directivo de Repsol José María Rainero, intentando
ahuyentar los temores de un éxodo español.
NUEVO
DEBATE SOBRE TARIFAS EN TRENES URBANOS
Aumentos o baja de frecuencia
Los concesionarios de trenes
urbanos comenzaron ayer a analizar con el flamante secretario de Transporte,
Marcelo Salinas, una nueva fórmula para enfrentar el colapso económico
y, al mismo tiempo, salvar las concesiones. Entre las alternativas puestas
sobre la mesa de discusión por las empresas está la imposición
de una tarifa plana, que fijaría en 75 centavos los boletos de
las líneas de pasajeros, sin distinguir secciones. De prosperar
esta variante, el subte aumentaría 5 centavos para ubicarse también
en aquel valor. Otra opción será disminuir la frecuencia
de los trenes.
Hoy los boletos de los trenes cuestan entre 50 y 95 centavos, según
los tramos, con lo cual las primeras secciones podrían sufrir un
incremento de hasta el 50 por ciento. Como contrapartida, las empresas
dejarían de cobrar un aumento de 10 centavos en cada uno de los
tramos que debía comenzar a regir a partir del 1º de enero,
según la última versión de los contratos de concesión.
Esos contratos reemplazaban el subsidio para obras y operativo con que
fueron concesionadas las líneas por una mayor tarifa, que debería
permitir a las empresas recaudar los fondos suficientes para hacer nuevas
inversiones. Estos proyectos quedaron archivados y ahora las adjudicatarias
se conforman con que el gobierno destine planes de empleo para obreros
que puedan reparar tramos de vías imprescindibles. En otros términos:
que en lugar de subvencionarle la obra íntegra, las libere del
costo de la mano de obra.
Como alternativa a la tarifa plana, que entraña un aumento difícil
de soportar por los usuarios de trenes, las empresas sugirieron al gobierno
disminuir la frecuencia y hasta suspender el servicio nocturno. De esa
manera, la tarifa podría quedar como está, pero los adjudicatarios
tendrían una disminución de costos operativos.
Quizás hoy mismo quedaría constituida una comisión
mixta especial para revisar estos contratos, que incluyen un urticante
punto pendiente: las concesionarias reclaman más de 200 millones
de pesos al Estado por el subsidio de inversiones que éste no le
pagó.
Durante la gestión delarruista, los operadores de líneas
urbanas habían conseguido la promesa oficial de cancelar esa deuda
con bonos, que estaban dispuestas a aceptar a valor real. Pero el Estado
habría honrado sólo parcialmente este compromiso, dando
lugar a la actual exigencia empresaria.
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