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Por Eduardo Tagliaferro
 El general Martín Balza
volverá a nadar en aguas profundas. Luego de señalar que
no había elementos suficientes que acreditaran su participación
en la venta ilegal de armas, la Sala B del fuero penal económico
firmó su libertad. Después de que la Corte Suprema liberó
a Carlos Menem y derrumbó las investigaciones, el general era uno
de los pocos funcionarios de la gestión menemista que continuaba
detenido. Ahora, sólo puede exhibir esa condición Antonio
Erman González, quien tiene dos fallos en su contra y espera que
el máximo tribunal revise su situación. El tribunal no sólo
le abrió las puertas a Balza, sino que también ordenó
profundizar la pesquisa sobre las segundas líneas de Fabricaciones
Militares y sobre el financista Pedro Stier.
Hace más de siete meses, Balza quedó detenido como “organizador
de la asociación ilícita que había pergeñado
la venta ilegal de armas”. De los tribunales de Comodoro Py fue trasladado
a Campo de Mayo. Pocos días después, siguiendo los pasos
de las investigaciones que desarrollaba el juez federal Jorge Urso, el
magistrado en lo penal económico Julio Speroni volvió a
firmar otra prisión preventiva en su contra al considerarlo “partícipe
necesario” del contrabando agravado. Eran tiempos en los que la Justicia
se encaminaba hacia los principales responsables del affaire. Entre ellos
hacia Carlos Menem, de quien Balza fue uno de sus incondicionales jefe
del Ejército durante casi nueve años.
Luego de que la Corte Suprema liberara al ex presidente y redujera a nada
la causa judicial, casi todos los involucrados fueron recuperando su libertad.
Antes la Sala II de la Cámara Federal porteña, integrada
por Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Luraschi, había
evitado definirse sobre la situación procesal de Menem y del propio
Balza. Además de la verónica habían reclamado la
unificación de todas las causas. Cosa que finalmente se hizo bajo
la jurisdicción del fuero penal económico. Ayer los camaristas
Roberto Hornos, Carlos Pizzatelli y Marcos Gravibker le dieron otra costura
al expediente y revocaron la prisión que mantenía detenido
a Balza. Consideraron que no había méritos suficientes para
procesarlo.
Los camaristas valoraron que en setiembre del ‘92 Balza había
elevado un informe escrito en el que señalaba que existían
informaciones que sostenían que había armamento argentino
en los Balcanes. Los miembros del tribunal consideraron que esto no significa
que supiera de los envíos ilegales y que esta conducta dista mucho
de ser considerada como un “ocultamiento de pruebas”. Por el
contrario no se valoró que este informe apareció en las
oficinas castrenses luego de que Balza negara hasta el cansancio haber
visto armas argentinas en la ex Yugoslavia y distintos militares lo contradijeran
pública y judicialmente.
Los camaristas también remarcaron que “ninguno” de los
involucrados en la venta ilegal admitió haber hablado con Balza.
No pudieron desconocer la confesión de Luis Sarlenga, el ex interventor
en Fabricaciones Militares, pero la relativizaron y la calificaron de
“confusa”. Todo depende de cómo se miren las cosas. Sarlenga
había declarado que luego de un reproche de Emir Yoma por no contar
con más armas para enviar a Croacia, y de una charla entre el ex
cuñado con el propio Menem, el general lo habría criticado
por haber hablado con el ex presidente un tema que podía hablar
con él.
Continuando con el rumbo que llevan las investigaciones, el fallo que
beneficia a Balza resalta que el general no había participado del
armado de los decretos presidenciales que ampararon la maniobra. Una obviedad.
Sin embargo, el tribunal nada dijo de una afirmación que el ex
ministro de Defensa Oscar Camilión suele repetir: “Muchos
de los despachos aduaneros (del armamento embarcado en la empresa naviera
Croatias Line) se habían realizado desde unidades militares”.
Concretamente hace referencia al Batallón de Arsenales 601, con
asiento en la localidad bonaerense de Los Polvorines.
Hasta el fallo de la Corte, estaba probado que las armas que iban hacia
Panamá y Venezuela habían arribado a Croacia y Ecuador.
Que muchas de ellas, incluso 8 cañones Oto Melara comprados a Italia
con la prohibición de ser revendidos, pertenecían al Ejército.
Balza era el custodio de ese armamento. Al justificar el faltante dijo
que había sido entregado a Fabricaciones Militares en virtud de
un convenio con la repartición estatal. Convenio del que el fiscal
Carlos Stornelli opinó que era falso. Todos parecen datos menores
para un justicia que marcha muy a prisa. Las costuras van cerrando un
expediente que reorienta su mira hacia las segundas líneas de FM.
La Cámara le recomendó a Speroni que llame a prestar declaración
indagatoria al general Carlos Quevedo, a los coroneles Daniel Quatrocchi
y Carlos Ravazzola, al ex mayor Marcelo Gatto y al ex jefe de la fábrica
militar de Río Tercero, Omar Gaviglio. Pretende interrogarlos por
el tratamiento que tenía el armamento en la planta cordobesa. Todo
indica que las armas se vendieron por cerca de 100 millones de dólares.
De ellos sólo ingresaron 40 a las arcas estatales. A la hora de
analizar ese faltante, los camaristas recomendaron indagar al cambista
Pedro Stier. Su cliente, Emir Yoma está libre de sospecha. No por
nada, ayer en su visita a la Rosada, Carlos Menem recordó que la
ley dice que todos “deben ser considerados inocentes hasta que no
exista una condena en su contra”. Claro que al decirlo se puso colorado.
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