Por Irina Hauser y David Cufré

El cacerolazo llegó ayer a Tribunales para exigir la renuncia de la Corte Suprema. Los jueces que la integran respondieron con un golpe a la clase media, ahí donde más le duele: en una resolución que dictaron recurriendo a un “per saltum” de hecho, respaldaron la vigencia del “corralito” que impide a los argentinos sacar su plata del banco. La acordada, que fue firmada por siete de los nueve ministros, se refiere al caso puntual del juez Claudio Kipper, a quien le ordenó devolver los 200 mil dólares que había retirado del Banco Ciudad gracias a un fallo de su par Martín Silva Garretón. Sin embargo, el propio presidente de la Corte, Julio Nazareno, admitió públicamente que esta decisión sienta un precedente importante en aval de las restricciones bancarias. En el cacerolazo nocturno hubo un masivo repudio a la actitud del alto tribunal.
En medio de una avalancha de gente que llevaba recursos de amparo a su juzgado con el sueño de poder retirar efectivo del banco, el juez Silva Garretón recibió una notificación de la Corte que le reclamaba uno de los 5000 expedientes que instruye al respecto. Era la causa iniciada por el juez Kipper –quien además de camarista civil es miembro del Consejo de la Magistratura– junto a su hermano y su madre. El expediente no había pasado por instancias judiciales intermedias y, sin embargo, el alto tribunal se lo arrebató al juez de primera instancia sin mayores explicaciones y en forma urgente. En otras palabras, echó mano una vez más de su herramienta jurídica favorita para resolver sin debate cuestiones funcionales al poder político. Fue el recurso que la Corte utilizó, por ejemplo, para habilitar la privatización de Aerolíneas Argentinas.
Esta vez, los bancos están ejerciendo una fuerte presión para endurecer el corralito. El mensaje fue perfectamente captado por los cortesanos, quienes se ampararon en una presentación del Banco Ciudad exigiendo que Kipper y familia devolvieran la plata. Pero en el fondo, la resolución de ayer busca evitar que se profundice la sangría de depósitos, que pone los nervios de punta en la city. El Gobierno, por su parte, sabía que si la Justicia abría la puerta al corralito seguramente terminaría aplastado por la estampida general. El cacerolazo de anoche demostró la difícil tarea que le espera para mantener las restricciones.
La decisión de la Corte, que comenzó a debatirse al mediodía mientras más de mil personas la insultaban puertas afuera, terminó de sellarse en un acuerdo extraordinario a las seis de la tarde del último día de trabajo antes de la feria de verano. La intención evidente fue poner un límite a las múltiples medidas cautelares favorables a miles de ciudadanos. Buena parte de estos expedientes quedaron concentrados en el juzgado de Silva Garretón, ya que la mayoría de sus colegas decidió mandárselos porque fue él quien primero resolvió sobre la cuestión. Fue el caso de la diputada Alicia Castro, a quien el magistrado autorizó a retirar todo su sueldo en efectivo. Lo mismo resolvió después en relación a los agremiados en la CGT y la CTA, en total unos 10 millones de personas.
Pero la cuestión no quedó en los salarios. El mismo juez ayer dictó una resolución que autoriza a todos los habitantes de la ciudad de Buenos Aires a “extraer todo el dinero depositado en cajas de ahorro, cuentas corrientes y plazos fijos –a su vencimiento– tanto en pesos como en dólares”. La acción fue promovida por la defensora del Pueblo porteño Alicia Oliveira. “Ni aún en situaciones de emergencia grave pueden violarse las garantías constitucionales de los ciudadanos, como bien señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, fundamentó la funcionaria en su presentación judicial.
“Si el decreto que establece el corralito fuera racional, con límites de extracciones proporcionales a los ingresos de cada persona o empresa, la situación sería distinta. Pero no podemos permitir semejante supresión de las garantías de los ciudadanos”, añadió Oliveira en diálogo con Página/12. Sobre el fallo de la Corte que, como dijo Nazareno “sientaprecedente a favor del corralito”, Oliveira recordó que “ya tenemos experiencia del máximo tribunal violando derechos de la gente”.
Uno de los pedidos que el Banco Ciudad formuló a los supremos fue que ratificara “la validez constitucional del decreto que dispuso las restricciones” bancarias y que hiciera una declaración de emergencia económica para frenar los retiros en efectivo. La acordada no dice exactamente eso, pero hasta Nazareno reconoció que “toda acción de amparo es particular, pero por supuesto que sienta un precedente”.
El argumento central es que Silva Garretón incurrió en un “exceso jurisdiccional” al permitir que Kipper sacara su dinero. Evaluó que el magistrado “dictó y ejecutó una sentencia sobre la procedencia del reclamo de fondos, cuando aún no se había iniciado el juicio en el que debía discutirse el tema”. También cuestionó que designara a Kipper, uno de los propios demandantes, como oficial ad hoc en la causa. Desde el juzgado de Silva Garretón, trascendió que no cambiarán de criterio.

MANIFESTACION EN RECLAMO DE LA RENUNCIA DE LA CORTE
La cacerola también resonó en Tribunales

Por Irina Hauser

El presidente de la Corte, Julio Nazareno, bajó sudando desde el cuarto piso del Palacio de Justicia y se tropezó del apuro cuando salía por una puertita lateral, sobre la calle Tucumán. Se subió a un auto blanco y miró para abajo, intentando cubrirse la cabeza. Apenas a media cuadra había una multitud que desbordaba la plaza de Tribunales pidiendo por primera vez en la historia, con palmas, gritos, cánticos y golpes de cacerola, la renuncia de los ministros del alto tribunal. “¡Que se vayan, que se vayan!”, entonaba la gente con furia, con el recuerdo fresco de que fueron ellos quienes liberaron recientemente a Carlos Menem. “Corruptos, delincuentes, sinvergüenzas”, les espetaban.
La fachada del Palacio estaba surcada, de punta a punta, por un cordón policial que, esta vez, se mantuvo inmóvil. Detrás de los azules un enorme cartel exhibía la imagen de la Justicia con un pecho al aire y el velo levantado desnudando un gesto de espanto. Otra pancarta decía: “Ya echamos a Cavallo y De la Rúa, ahora le toca a la Corte corrupta y alcahueta de Menem”. La manifestación, que había sido convocada por la Asociación de Abogados Laboralistas, empezó a las 13 con unas 500 personas y terminó con más del doble. Una de las consignas centrales fue que la iniciativa se repita cada viernes hasta que la Corte se vaya.
Pero los supremos parecen estar bastante lejos de querer irse. Ayer en el mismo momento en que abogados, docentes, comerciantes, estudiantes, escribanos, empleados, ciudadanos de todas las edades, colores y oficios, comenzaban a manifestarse, los ministros mantenían una reunión en el cuarto piso pergeñando la posibilidad de avalar el “corralito económico”, algo que terminaron haciendo en un acuerdo extraordinario a las seis de la tarde. Afuera Luis Ramírez, titular de los Laboralistas, celebraba con ayuda de un megáfono: “El pueblo argentino se puso de pie y el pueblo en marcha es incontenible”. Junto con otras asociaciones de abogados, además, Ramírez conformó una junta promotora del juicio político a la Corte, que está en plena tarea.
“Esta Corte no ha defendido a la gente, sólo ha favorecido a Menem, pedimos Justicia para todos”, explicó Liliana, trabajadora social, anteojos de carey, mientras daba la vuelta a la manzana que ocupa el edificio mezclada con la manifestación. Marta, docente, no paraba de golpear su olla, machucada de otros cacerolazos. “Quiero que se vayan estos delincuentes a los que nosotros les pagamos el sueldo”, dijo mientras acomodaba su pollera verde.
La procesión fue por Lavalle, Uruguay, Tucumán y volvió a la puerta de tribunales. Salían los dueños y empleados de los negocios del barrio, otros se asomaban por las ventanas, con cara de no poder creer lo que veían. “Fuerza pueblo”, se escuchaba en un eco gigante. Nadie paraba de aplaudir o de hacer sonar algún artefacto. Algunas mujeres sacaban de sus carteras mini-ollas –podría decirse–, campanitas, silbatos y, a mayor escala, se vieron instrumentos de viento dignos de una orquesta. “Que se vayan, ustedes también”, refunfuñó una señora mirando hacia uno de los bancos de la zona. Todo el mundo mencionaba con nombre y apellido y algún conocimiento los nombres de los cinco ministros que el menemismo nombró en la Corte garantizando una mayoría a su medida: Nazareno, Eduardo Moliné O’Connor, Adolfo Vázquez, Guillermo López y Antonio Boggiano.
Un hombre de barba, con saco y corbata, daba puñetazos sobre una señal redonda de estacionamiento que decía “reservado para ministros de la Corte”. Otro señor de bigotes, remera de tenis y gorrito playero, sostenía con un palito otra leyenda: “basta de mentiras y de impunidad, cortesanos”. De pronto apareció un grupo de alumnos de la Facultad de Derecho, de la agrupación NBI, desplegaron una bandera a lo ancho de la calle con la inscripción “maldita Corte”. “Este tribunal no tiene legitimidad para juzgar a nadie”, protestaban. Como muchos de los cacerolazos que hicieron historia en estos días, en éste se cantó el himno sobre el final, intensificando la percusión desde que dice “sean eternos los laureles” en adelante. A esa altura, pasadas las dos de la tarde, ya había hombres en cuero, hastiados del calor. Algunos manifestantes empezaban a sentarse, agotados, pero siempre alguna cacerola seguía sonando. “¡Viva la Constitución!”, retumbó una voz cuando ya retornaba el silencio.

PRINCIPAL