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Por Santiago Rodríguez
 Alfredo Bravo no juró
con el resto de los senadores elegidos en las últimas elecciones
a raíz del litigio por la tercera banca por la Capital Federal
que mantiene con Gustavo Beliz. Es que la Cámara Nacional Electoral
resolvió ayer otorgar ese escaño al ex ministro del Interior
menemista con el argumento de que los votos para senador corresponden
a los partidos y no a los candidatos. “Es una burla a la voluntad
popular”, se quejó Bravo y anunció que apelará
la decisión del tribunal, mientras que la titular del ARI, Elisa
Carrió, denunció que se trata de parte de “un producto
tardío del Pacto de Olivos”. Beliz (ver aparte) destacó
la “claridad, contundencia y unanimidad” del fallo.
La disputa por la tercera banca de senador porteño viene desde
la noche del 14 de octubre, cuando concluyó el escrutinio provisorio.
Beliz, con su alianza Frente por un Nuevo País, obtuvo unos 227
mil votos, contra unos 175.500 de Bravo por el ARI. Pero el socialista
también fue cabeza de lista de Nuevo Milenio, que como primer candidato
a diputado llevó a Dante Gullo y obtuvo unos 54.000 votos, con
lo que obtenía unos 2.500 votos de ventaja sobre Beliz.
Beliz impugnó el resultado fundado en el artículo 54 de
la Constitución que establece que los votos para senador corresponden
a los partidos y que, por lo tanto, no es válido sumar los sufragios
que un mismo candidato pudiera obtener en boletas de distintas fuerzas.
La inscripción de Bravo como candidato del ARI y de Nuevo Milenio
fue autorizada por la jueza federal con competencia electoral María
Romilda Servini de Cubría. La magistrada se apartó después,
cuando Beliz impugnó, pero los otros dos integrantes de la Junta
Electoral de la Capital, Juan Carlos Dupuy y José Damarco, consideraron
que esa era la forma correcta de contabilizarlos.
Esa resolución es la que revocó la Cámara. “La
posibilidad de oficializar boletas con idénticas candidaturas no
podía suponer inexorablemente la sumatoria de los votos obtenidos
por cada una de ellas”, señalaron los camaristas Rodolfo Munné,
Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera. Explicaron que sumar los
sufragios implicaría que “aquellos que votaron que la banca
senatorial debería corresponder al Partido Nuevo Milenio vieron
sus votos corridos de partido”. En su resolución de 58 carillas,
la Cámara recordó que el artículo 54 de la Constitución
establece que la tercera banca corresponde “al partido político”
que obtenga el segundo lugar en número de voto, y el senador será
“el primero de la lista” que resultara segunda “en cantidad
de votos”.
Bravo emitió un comunicado donde, además de calificar la
decisión como “una burla a la voluntad popular”, sostuvo
que “en la práctica, y tras el regreso de Beliz al redil peronista,
la resolución de la Cámara no hace otra cosa que perpetuar
la vigencia del Pacto de Olivos al intentar otorgarle una banca al justicialismo,
claramente derrotado en los comicios”. El socialista no dio por cerrado
el caso y adelantó que “recurriremos a la Corte Suprema y
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
En conferencia de prensa, Carrió destacó que “Bravo
sacó más votos que Beliz” y denunció que “están
usurpando una nueva banca”. “Situaciones similares –dijo–
se dieron en Córdoba y Buenos Aires, donde Juan Carlos Maqueda
y Eduardo Duhalde llegaron a senadores gracias a la suma de sus candidaturas
en más de una boleta.” Carrió anunció la apelación
y adelantó que se pedirá que se aparten los jueces de la
Corte “por el mal desempeño de sus funciones en varias causas”.
Gullo denunció que “están convalidando los artilugios,
trampas y mezquindades que desde la política, mal entendida y mal
practicada, usan los pseudodirigentes que nos tienen acostumbrados a que
vale todo, menos la voluntad de la gente”, remarcó.
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OPINION
Por Alfredo Bravo *
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Matar la voluntad
popular
La decisión de la Cámara Electoral de otorgar a Gustavo
Beliz la tercera senaduría por la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires es un rotundo atropello a la voluntad del casi cuarto
de millón de porteños que el 14 de octubre último
decidió que fuese yo quien ocupara ese cargo legislativo.
No está de más recordar que el hecho se produce justamente
cuando las instituciones se manosean de tal modo que una decisión
amañada de la última Asamblea Legislativa puede cambiarse
al solo objeto de satisfacer el apetito de poder de quien debe presidir
provisoriamente a los argentinos.
Esta posibilidad de manosear a las instituciones somete a sus integrantes
a las presiones de quienes se organizan para influir sobre las autoridades.
Gustavo Beliz es, precisamente, la cría de una de esas organizaciones
que desde los años 60 avanza a paso redoblado en la ocupación
de espacios de poder. Me refiero, obviamente, al Opus Dei.
Una decisión de la jueza Servini de Cubría que impuso
reglas de juego para el acto electoral del pasado octubre y que
todos los participantes aceptaron, tres escrutinios que me favorecieron
y un fallo de primera instancia resultaron insuficientes para una
Cámara que avaló el endeble argumento de Beliz, según
el cual los partidos están por encima de los candidatos consagrados
por la voluntad popular. Pero es este mismo Beliz quien, en actitud
paranoica, pontifica ante la ciudadanía que el mal de la
Argentina radica en las listas sábana, un instrumento mediante
el cual, dice, los partidos la hace votar por los candidatos que
ellos quieren. Es decir, cuando la sociedad está ávida
de políticos coherentes y previsibles, la Cámara pretende
consagrar como senador a alguien que apuesta a negro y a colorado,
a pares y nones.
Pero esta resolución judicial no sólo choca contra
el sentir de la sociedad sino contra sí misma. Es que al
considerar como segundo partido más votado a Nueva Dirigencia,
termina consagrando como senador porteño a quien había
renunciado a esa entidad política para incorporarse al justicialismo,
partido que ocupó un cómodo cuarto puesto en la última
contienda electoral.
Claro que esta arbitraria decisión de la Cámara no
cierra el caso. Resta aún la instancia de la Suprema Corte
de Justicia y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
organismo al que hice reserva de acudir a sabiendas de la maleabilidad
de la Justicia local. Pero más allá de estas alternativas
queda por delante el mismo camino que transito desde hace décadas:
el camino de la lucha por la honestidad política que me enseñó
el maestro Juan B. Justo cuando señaló con su dedo
acusador a la “política criolla” que contamina
a las instituciones de la República y el de la lucha por
la Justicia Social que me marcó el maestro Alfredo Palacios
en pos del bienestar del pueblo trabajador.
* Diputado nacional. Partido Socialista Democrático.
ARI
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