María Julia tiene reabierto desde ayer un nuevo frente de batalla judicial. La Sala II de la Cámara Federal procesó a la ex funcionaria por defraudar al Estado con la cesión de 241 hectáreas de Radio Nacional a una empresa privada. En el lugar ahora hay un country. Alsogaray había sido beneficiada con una falta de mérito por el juez Rodolfo Canicoba Corral, pero los camaristas revocaron la medida; aunque no es muy frecuente que se dicte un procesamiento en segunda instancia, los jueces consideraron que la evidencia reunida su contra era clara y notoria.
La resolución firmada por Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Luraschi señala que el traspaso de las tierras tuvo como única motivación “beneficiar a las empresas licenciatarias perjudicando en consecuencia los intereses del Estado nacional” y que María Julia entregó de manera “ilegítima” un bien “que había sido puesto a su cuidado”.
El delito de defraudación al Estado se castiga con penas de 2 a 6 años. Como el procesamiento no incluye el dictado de una prisión preventiva, la ex funcionaria continuará en libertad, pero con una situación más complicada a futuro si se tiene en cuenta la veintena de causas judiciales abiertas en su contra. “Aún así, la situación de María Julia, como la de todos los ex funcionarios investigados en relación al manejo de bienes y fondos públicos, es mucho más liviana desde que la Corte Suprema falló en el caso de Víctor Alderete”, puntualizaban en los tribunales de Comodoro Py.
El de ayer es el segundo procesamiento para María Julia. Hace un año y medio el juez federal Juan José Galeano la dejó a un paso del juicio oral y público por enriquecimiento ilícito, tras sostener que Alsogaray no había podido justificar el origen de un millón 200 mil pesos sobre un patrimonio declarado de dos millones.
La cesión de las 241 hectáreas de Radio Nacional a manos privadas ocurrió en 1990, cuando se privatizó ENTel. Aunque las tierras no figuraban en el llamado a concurso, la intervención que comandaba Alsogaray las incluyó a último momento en el listado de los bienes traspasados a Telecom y Telefónica.
Así, el día anterior a la firma del convenio definitivo un estrecho colaborador de María Julia, Ricardo Fox, firmó un “acta modificatoria” que los incluyó en el paquete de la privatización. El 8 de noviembre del ‘90 Alsogaray firmó el contrato. Según sostienen los camaristas, “no existe ningún fundamento para admitir que la ingeniera no conociera con cierto grado de detalle lo que ella misma estaba firmando”. Las empresas privadas, agregaron los jueces, “fueron las únicas beneficiadas con la transferencia”.
El terreno en cuestión está ubicado en el Tigre, a media hora de la Capital Federal. Fue escriturado en 1994 y sobre él se levantó el barrio privado Santa Bárbara, “a sólo cinco minutos de la estación Tigre, con el 50 por ciento de espacios verdes y gran lago central de 64 hectáreas”, señalaron los folletos de publicidad en su lanzamiento. Muchos lotes fueron comprados de buena fe y en el lugar hay incluso casas terminadas.
Ricardo Fox, el funcionario de confianza de Alsogaray en la ex ENTel, sí había sido procesado en primera instancia, aunque por el delito menor de abuso a la autoridad. El nuevo fallo confirmó su procesamiento y modificó la calificación legal pasando a considerarlo cómplice necesario de la defraudación. También señaló como cómplice secundario a Gustavo Abreu, quien firmó las escrituras en representación del Estado.
La Cámara Federal también ordenó fijar un embargo sobre los tres investigados. El monto deberá decidirlo el juez de primera instancia una vez que se notifique de la resolución.

LIBERAN AL EX MINISTRO DE DEFENSA ERMAN GONZALEZ
La causa armas, sin presos

Finalmente le tocó en suerte a Antonio Erman González apagar la luz. Coincidente con la prisa que viene mostrando la Justicia en la causa por la venta ilegal de armas, ayer el Tribunal Oral Penal 3 resolvió liberar al ex ministro de Defensa de Carlos Menem. Lo hizo luego del dictamen del fiscal Gustavo Bruzzone quien opinó que la liberación de Erman era una cuestión de equidad ya que el principal responsable del Estado (Carlos Menem) “no está detenido, ni siquiera procesado”.
Más allá de la ironía, el dictamen fue concordante con todas las definiciones que en esa causa fueron entregando distintos tribunales. Anteayer la Sala B del fuero penal económico había liberado al ex jefe del ejército, general Martín Balza. El último día hábil del año coincidió con el último de Bruzzone en el fuero penal económico.
“La mejor tramitación del asunto –si algún sentido tiene la presunción de inocencia– nos debería permitir avanzar sin la presión adicional de contar con personas encarceladas innecesariamente que habrían intervenido en hechos donde el presunto autor con mayor responsabilidad institucional, el ex presidente Carlos Menem, no se encuentra detenido, ni siquiera procesado”, señaló Bruzzone.
A las pocas horas y luego de haber conseguido, tras una intensa búsqueda, que los jueces del tribunal oral refrendaran el dictamen de Bruzzone, el ex ministro fue trasladado a Comodoro Py. El dictamen del fiscal fue luego de que los defensores del riojano reclamaran la excarcelación de su cliente. El trámite le evitó otro mal trago a la Corte Suprema de Justicia que tenía en estudio un recurso presentado por Erman para que su situación fuera revisada.
Cuando las investigaciones comenzaron a dirigirse hacía los más altos niveles del Estado, Erman fue uno de los primeros detenidos. Su prisión preventiva la dictó el juez en lo penal económico Julio Speroni, por la figura de contrabando agravado. Después, en el fuero federal, Jorge Urso lo consideró “organizador” de la asociación ilícita que actuó en la maniobra. Esta acusación la derrumbó la Corte Suprema.
A la vez que reparó en el papel desempeñado por Menem en la venta ilegal de armas, el fiscal Bruzzone sostuvo que los decretos presidenciales fueron claves en el armado de la venta ilegal. Un dato que por evidente no fue valorado en otras instancias judiciales. Lejos de cerrarse, las investigaciones se orientarán hacia las segundas líneas de Fabricaciones Militares. Lo más parecido a “los sospechosos de siempre”, a quienes el jefe de policía de Vichy mandaba detener en la película Casablanca.

CONFIRMAN RECHAZO DE PREVENTIVA PARA GROSSO
La prescripción está muy cerca

Recientemente dijo “el Presidente me llamó por mi inteligencia y no por mi prontuario”. Ayer Carlos Grosso mejoró su situación judicial. Fue en la causa por la denominada “escuela shopping”, tal vez una de las que más lo complicó. Ayer los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Luraschi rechazaron un recurso presentado por el fiscal Luis Comparatore y por los abogados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el que apelaban la negativa del juez Rodolfo Canicoba Corral al pedido de prisión preventiva que habían formulado a mediados de año. Los camaristas también alertaron al magistrado sobre lo cercana que está la fecha de la prescripción judicial.
El escrito de Comparatore buscaba evitar la proscripción de las actuaciones judiciales ya que la causa, que en ese momento estaba en manos del hoy camarista Gabriel Cavallo continuaba con el prolongado descanso que la caracterizó. Anteriormente la causa había estado en el juzgado de Carlos Liporaci quien entendió en el expediente luego de que éste llegara del fuero ordinario. Allí las actuaciones habían pasado por las manos de Armando Chamot y Pablo Bruno, quien hasta la renuncia de Fernando de la Rúa se desempeñaba como delegado de la Secretaría de Inteligencia en México.
Luego de que Cavallo fuera ascendido, tomó la causa Canicoba Corral. Este magistrado no hizo lugar al pedido de procesamiento solicitado contra Grosso y el empresario Salomón Salem, adjudicatario de los 20 locales comerciales que se pensaban construir junto a las aulas de la escuela Presidente Bartolomé Mitre, en la esquina de Pueyrredón y Sarmiento. La denuncia que originó las actuaciones, la formuló el entonces concejal y hoy jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra, quien contó con el acompañamiento del por ese momento concejal Guillermo Francos. En el affaire aparecían involucrados los concejales radicales Miguel Hercschberg y Héctor Constanzo. “No se puede reescribir la historia” supo responder el ex ministro Roberto Dromi, cuando comenzó el cuestionamiento de la privatización de Aerolíneas Argentinas. Los hechos parecen desmentirlo. La historia vive reinterpretándose, y para muestra están las cacerolas.

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