Por Victoria Ginzberg

“Mi detención es injusta, hay una persecución en mi contra”, fue lo que atinó a decir el represor Alfredo Astiz ante el juez federal Sergio Torres, quien le informó que estaba preso a pedido de la Justicia sueca por el asesinato de la joven Dagmar Hagelin. El paso siguiente de este trámite es esperar que Suecia envíe la solicitud formal de extradición. Mientras tanto, el Gobierno aún no decidió si derogará el decreto con el que la gestión de Fernando de la Rúa estableció que deben rechazarse todos los pedidos de extradición y asistencia judicial de los países que intentan juzgar a militares argentinos.
Astiz fue arrestado el jueves por la noche en Mar del Plata y ayer por la tarde fue llevado ante Torres, quien le comunicó los motivos de su arresto. El represor fue acompañado por su abogado, Fernando Goldaracena, quien reclamó la libertad de su defendido, solicitud que no tendría mucha posibilidad de prosperar. Luego de la audiencia, Torres envió un oficio al ministerio de Relaciones Exteriores para que se informe a la embajada sueca que Astiz estaba detenido. Poco antes, el secretario de Justicia Alberto Zuppi había pasado por el juzgado “para ponerse a disposición” del magistrado. “Ahora está actuando la Justicia, y cuando llegue la extradición de Suecia es de esperar que el Poder Ejecutivo ya haya tomado una decisión sobre este tema”, afirmó a este diario el secretario.
Pocos días antes de renunciar a la Presidencia, Fernando de la Rúa estableció, mediante el decreto 1581, que todos los pedidos de extradición de represores argentinos serían rechazados y que, de existir, las pruebas o antecedentes del caso serían girados a la justicia. Apenas asumió, el secretario de Justicia –que fue abogado de Italia en el juicio por la extradición del criminal nazi Erich Priebke y que representaba a Alemania en un trámite del mismo tipo contra Carlos Guillermo Suárez Mason– afirmó que el decreto delarruista era “algo que hay que corregir”. Estas declaraciones provocaron los primeros desencuentros en el Gabinete ya que el ministro de Defensa y Relaciones Exteriores, José María Vernet, relativizó los dichos de Zuppi. Ayer, mientras se esperaba que Astiz fuera trasladado a los tribunales de Comodoro Py, el Presidente almorzaba con los jefes de las Fuerzas Armadas. Los militares están expectantes y aseguran que aún es apresurado saber cuál será la posición final del Gobierno.
Actualmente, una comisión .conjunta de Justicia y Relaciones Exteriores está estudiando qué hacer con el decreto 1581, que por el momento tiene vigencia. El diputado del ARI Jorge Rivas presentó un proyecto de ley para pedir que la norma sea derogada “porque significa una clara violación del principio republicano de la división de poderes y una alteración del orden jurídico, ya que el Ejecutivo imparte directivas a priori a los tribunales acerca de cómo deben actuar en el caso de que haya pedidos de detención preventiva”. Zuppi no tiene una posición muy diferente ya que aseguró a Página/12 que la secretaría de Justicia ya emitió su opinión y ésta es: que “el decreto 1581 es un avasallamiento del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial”.
Aunque no lo decía en su parte resolutiva, el decreto se pronunciaba en contra de los arrestos provisorios pedidos desde el exterior. Pero esa no fue una traba para el juez Torres, quien además de Astiz, detuvo la semana pasada al coronel José Octavio “Balita” Riveiro por solicitud de Francia. Estos son los dos primeros casos en los que el gobierno de Adolfo Rodríguez Saá deberá fijar posición respecto a la posibilidad de juzgamiento fuera del país de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura militar.
El secretario de Justicia es un defensor del principio de “extraditar o juzgar” que implica que si se rechazan los pedidos de los tribunales extranjeros, los acusados deben ser investigados en el país. En la práctica, las consecuencias no son muy diferentes a las que tenían si seaplica el decreto de De la Rúa. La diferencia es que Zuppi parte de la aceptación de la jurisdicción universal en vez del principio de territorialidad. Y además, que en caso de no poder ser juzgados aquí –si recobraran vigencia las leyes de impunidad– los imputados deberían ser trasladados a los países que los reclaman.
En declaraciones al programa de radio “Otra Cosa” de Radio Splendid Zuppi aseguró que específicamente la causa por la desaparición de Dagmar Hagelin podría estar prescripta y por lo tanto, el acusado no sería extraditable. El secretario de Justicia se refirió al fallo mediante el cual el 5 de diciembre de 1986 los camaristas Jorge Valerga Aráoz, Andrés D’Alessio y Guillermo Ledesma dieron por prescripto el caso aunque estaba acreditada la responsabilidad del secuestrador. El expediente quedó cerrado luego por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Pero después de la confesión del marino Adolfo Scilingo, el abogado y diputado electo Luis Zamora pidió la reapertura de la causa. Además, el año pasado reclamó en un recurso extraordinario ante la Corte Suprema la anulación de las leyes que impedían juzgar a los represores y la continuidad de la investigación.
Esta es la segunda vez que Astiz va a prisión en este año a causa de un pedido de captura internacional. Desde el 1º de julio hasta el 14 de agosto pasado la jueza María Servini de Cubría lo arrestó a pedido de la Justicia de Italia, que lo investigaba por el asesinato de los ciudadanos de ese país Juan y Susana Pegoraro y Angela María Aietta. En esa oportunidad, el “Angel Rubio” fue liberado gracias al Gobierno, pero la justicia abrió una investigación que sigue su curso. Ahora Suecia lo reclama por el asesinato de Dagmar Hagelin, quien fue baleada por la espalda el 27 de enero de 1977 en El Palomar y fue llevada casi sin vida a la Escuela de Mecánica de la Armada.

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