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Por Javier Lorca
 La desaparición del
Ministerio de Educación del nuevo mapa de gobierno levantó
más de un fantasma en las universidades nacionales. El cuco principal
es el de la provincialización de las casas de estudios, aunque
también se temen recortes presupuestarios. Tanto los rectores como
los profesores y los estudiantes, desde diversos sectores políticos,
ya anticiparon su oposición conjunta a la descentralización
del sistema educativo superior.
“Los rectores de todos los colores políticos estamos preocupados
por el desguace del Ministerio de Educación y por las versiones
sobre la provincialización de las universidades”, admitió
ayer el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el radical
Mario Marigliano, rector de la Universidad Nacional de Tucumán.
“Estamos preocupados por este grave ataque a la educación
pública, la degradación académica del ministerio,
y por la posibilidad de caer en la vorágine de los presupuestos
provinciales, dependiendo de los gobiernos”, dijo.
Aunque todavía no hay planes concretos (ver aparte), la eliminación
de la cartera educativa fue leída en la comunidad universitaria
como un indicio de que el nuevo gobierno impulsará la provincialización
de las casas de estudios nacionales. Repetidamente impulsado por el Banco
Mundial y el Fondo Monetario Internacional para los países deudores,
el afán descentralizador pretende, en el caso de las universidades,
hacerlas depender de los presupuestos provinciales. Ya durante el derrumbado
gobierno aliancista, desde diversos sectores del establishment y del PJ
se impulsó la idea de provincializar las universidades como una
vía para ajustar el gasto nacional (el presupuesto universitario
anual es de 1800 millones) y engrosar las arcas provinciales. Al evidente
riesgo de que los fondos –ya escasos– no lleguen a las unidades
académicas (sobre todo en las provincias más pobres), se
suma el peligro de que el sistema se disgregue y se vuelva aún
más irracional que en la actualidad. Además, hay problemas
difíciles de contemplar como las universidades con sedes en más
de una provincia, o como las instituciones que convocan masivamente a
estudiantes de otros distritos.
“Lo único que sabemos es que hay una idea de algunos gobernadores
de eliminar gastos suprimiendo ministerios –dijo a Página/12
Aníbal Jozami, rector de la Universidad Nacional de Tres de Febrero–.
Pero, más allá de cómo se llame, si ministerio o
secretaría, es necesaria una instancia nacional encargada de coordinar
la educación básica y el sistema universitario, sobre todo
para solucionar las desigualdades que existen entre las provincias”,
opinó el ex secretario de Políticas Universitarias del último
gobierno menemista.
Para el rector de la Universidad Nacional del Litoral, el radical Mario
Barletta, hay “una clara decisión del nuevo gobierno de no
asumir responsabilidades y trasladar la definición de políticas
educativas a las provincias”. “Las universidades nacionales,
los organismos de ciencia, los institutos terciarios, los gobiernos provinciales
y el gobierno nacional estamos obligados a construir una profunda transformación
educativa –siguió–. Y en ello es fundamental el rol que
le cabe al gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación,
para avanzar en la articulación entre los distintos niveles y sectores
con vistas a construir un sistema integrado y en permanente búsqueda
de la calidad. La educación es un derecho del ciudadano, por lo
tanto el Estado debe generar las estrategias y las políticas que
garanticen que todos los argentinos accedan a una educación de
calidad. La definición de estas políticas no puede desligarse
y transferirse a otras instancias gubernamentales, como las provincias
o los municipios, ya que lo que generarían es una mayor desintegración
de nuestro sistema.”
Tampoco entre los estudiantes hay apoyo para la virtual provincialización.
“La educación pública debe ser una prioridad nacionaly,
por eso, no tendría que bajar de rango. Provincializar sería
generar universidades de primera y de segunda, de acuerdo con la provincia
en que queden. Todo eso no tendería a fortalecer los vínculos
regionales, sino sólo a cerrar las cuentas de la Nación
–dijo el presidente de la Federación Universitaria Argentina,
Manuel Terrádez (Franja Morada)–. Además, hay trascendidos
de que se buscaría el autofinanciamiento de las universidades.
Eso implica el arancelamiento de los estudios. Y nosotros nos oponemos
totalmente. Por ahora estamos alerta y a la expectativa”, avisó.
Los gremios docentes se sumaron también al rechazo. “No conocemos
el programa del gobierno para la transición, pero nos preocupan
todas estas versiones sobre provincializaciones, que ya en otra etapa
fueron proyectos del menemismo en el poder y que rechazamos”, recordó
José Luis Molina, secretario general de la Conadu “Histórica”.
“La educación superior tiene que ser una herramienta para
el desarrollo nacional, para lograr un proyecto de país. Necesariamente
debe enmarcarse en una política nacional”, dijo la titular
de la Conadu, Anahí Fernández.
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“Todavía
no saben qué hacer”
Pese a los temores desatados, por ahora no hay ningún plan
concreto para la educación en el nuevo gobierno. “La
verdad es que no saben qué carajo hacer con las universidades,
ni con la educación. Por eso las demoras en designar funcionarios
y áreas”, confesó un rector. Mientras salía
de la Rosada, un operador del PJ coincidió: “Todavía
no llegaron a ocuparse del tema educativo. No es que no se sepa,
sino que todavía no se analizó seriamente qué
van a hacer”. En representación de las 37 casas de estudios,
un grupo de rectores del Consejo Interuniversitario Nacional visitó
ayer la Casa de Gobierno. Pidieron una audiencia y hoy serían
recibidos por el Presidente, al igual que la Conadu. Los rectores
le plantearán a Adolfo Rodríguez Saá su preocupación
por la disolución de la cartera educativa, la posible provincialización,
el atraso en el envío de recursos y el futuro presupuesto.
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Jaque
a las reelecciones
Por
J.L.
Difícilmente
la UBA volverá a tener un rector tan prolongado como Oscar Shuberoff.
El Consejo Superior de la universidad aprobó ayer un proyecto para
que la asamblea universitaria limite la gestión de los próximos
titulares del Rectorado a sólo dos períodos consecutivos
de cuatro años.
Como había informado Página/12, el proyecto fue elaborado
por al menos ocho decanos y más de 60 profesores que integran los
consejos directivos de las facultades. Propone agregar un párrafo
al artículo 100 del estatuto universitario: “El rector puede
ser reelegido una sola vez consecutiva en las mismas condiciones que establece
este artículo”. Los demás requisitos son, además
de reunir los sufragios necesarios, ser argentino, tener 30 años
cunplidos y ser o haber sido profesor de una universidad nacional. Por
12 votos contra 7, el Consejo Superior aprobó que esa modificación
del estatuto sea el primer punto a tratar por la asamblea universitaria
que se reunirá a fines de marzo del 2002 para elegir al sucesor
de Shuberoff, quien asumió en 1985.
Ayer, primero se votó entre dos alternativas: impulsar este proyecto
particular o crear una comisión especial para proponer más
cambios al estatuto. El rector pretendía introducir allí
un cambio en la edad jubilatoria de los profesores, la forma de elegir
a los profesores eméritos y la institucionalización del
CBC. Pero perdió 14 a 10.
Después, los votos ratificaron la restricción a las re-re
frente a otra propuesta de Shuberoff: dejar abierta la puerta a una segunda
reelección de los rectores si los dos tercios de la asamblea lo
aprobasen. Pero volvió a perder.
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OPINION
Por José Luis Coraggio *
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La fragmentación
del sistema
Es claro que el nuevo gobierno debe atender con prioridad a la
emergencia. Pero hay otras cuestiones urgentes que no admiten medidas
improvisadas que pueden hipotecar definitivamente nuestro futuro
como país. Una de esas es la cuestión educativa. Las
cuestiones complejas que definen las posibilidades de desarrollo
de las personas y del país deben ser muy pensadas y consultadas
democráticamente, superando la tendencia usual de quienes
llegan al poder de creer que tienen la verdad y que saben lo que
es bueno para todos. La racionalidad social de las propuestas debe
medirse por sus efectos sobre el desarrollo intergeneracional y
el logro de la inclusión social y política de todos.
Es claro también que los problemas no se resuelven conservando,
sacando o agregando ministerios. En este caso preocupa además
que se decida la desaparición del de Educación. Es
difícil comprender a qué estrategia puede responder
tal medida. Si se trata de hacer más eficiente el sistema
o minimizar costos públicos, no hay evidencia de que la descentralización
a ultranza lo logre. Si se trata de atender mejor a las demandas,
la evidencia muestra que la demanda educativa se construye desde
un proyecto nacional. Países que habían descentralizado
fuertemente sus sistemas educativos, como EE.UU. e Inglaterra, hoy
están recentralizándolo. Europa consolida su sistema
de educación, articulándolo con el resto del sistema
de ciencia y tecnología, invirtiendo así en el desarrollo
competitivo y la democratización económica, para ubicarse
mejor en el mundo global.
Argentina no ha podido avanzar suficientemente en esa dirección
dada la presión de proyectos antinacionales y la falta de
acuerdos capaces de movilizar a todos los actores relevantes. Parte
de la emergencia actual es precisamente impulsar la conformación
de un sistema de educación, investigación e innovación
tecnológica en el marco del Mercosur. La negociación
para conformarlo sólo puede llevarla a cabo una fuerte entidad
nacional, con una política clara y acordada democráticamente.
En lugar de decretos improvisados e inconsultos que van a encontrar
fuertes resistencias y disgregarnos aún más, es el
momento de dar un gran salto adelante: el Congreso Nacional debe
convocar a todos los actores educativos y científicos y a
los sectores sociales y empresariales para analizar públicamente
los problemas del desarrollo educativo, científico y tecnológico,
y acordar una estrategia en función de un proyecto nacional.
Continúa siendo función irrenunciable y compromiso
asumido internacionalmente por el Estado argentino el garantizar
el acceso de todos a una educación de calidad a lo largo
de toda la vida. Esto exige la cooperación entre Nación
y provincias, y requiere políticas firmes de dirección
y apoyo nacional. Las universidades deben seguir siendo autónomas
y nacionales para conformar un sistema de educación e investigación
capaz de dialogar e integrarse con sus equivalentes del Mercosur
y del resto del mundo y ser así mediadoras del mejor conocimiento
científico y tecnológico y de los sistemas de pensamiento.
La fragmentación del sistema de educación superior
como pretenden los proyectos de provincialización debilitaría,
en lugar de fortalecer, el papel de las universidades en el desarrollo
de sus regiones. Acordada una estrategia, podrán definirse
las mejores formas de organizar el nuevo sistema y de transitar
hacia éste, así como los recursos y las garantías
para su gestión responsable.
* Rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento.
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