Por Horacio Verbitsky

El hartazgo ante la desatención de los más urgentes problemas sociales, el inconmovible rechazo por las prácticas corruptas, el maltrato por parte de las instituciones estatales a los sectores más desprotegidos, en medio de una extrema polarización social, fueron el combustible que calcinó al gobierno de Fernando De la Rúa y Domingo Cavallo y ya puso incandescente al de Adolfo Rodríguez Sáa. La profunda aversión hacia el sistema político volverá a encenderse si el cambio que se percibe en el discurso oficial no se refleja también en la realidad cotidiana, como lo insinuó la reestructuración del gabinete nacional impulsada a golpes de cucharón. La profundidad de esos fenómenos ya era ostensible en una investigación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD sobre la democracia en la Argentina, realizada al mismo tiempo que las elecciones de octubre, en las que el voto fue utilizado como un azote contra la Alianza y, en menor medida, contra el justicialismo. Como De la Rúa no quiso escuchar, su enfurecida base electoral se lanzó a las calles, donde alterna con otros sectores populares que, en el último año y en respuesta a diferentes conducciones políticas, realizaron paros, huelgas y marchas, montaron piquetes sobre rutas y avenidas, celebraron asambleas populares, se foguearon en la fricción callejera contra las fuerzas represivas y hasta convocaron a una elección nacional, en la que más de tres millones de personas votaron una propuesta económicosocial alternativa. Ese somero recuento basta para descartar las interpretaciones espontaneístas de lo sucedido, lo cual tampoco equivale a decir que la decisión colectiva de ocupar el centro de la escena política haya tenido alguna organización centralizada.

Condiciones para la aventura

El conocimiento del profundo malestar social que comenzó a manifestarse durante la segunda presidencia de Carlos Menem pero se agravó en los dos años del mandato delarruista hasta tornarse explosivo con la decisión oficial de secuestrar los depósitos bancarios impulsó al PNUD y al poderoso Episcopado de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, a propiciar un cambio de rumbo, negociado y controlado. El representante de las Naciones Unidas en la Argentina, Carmelo Angulo Barturen y el cardenal de Buenos Aires, Jorge Bergoglio apoyaron los intentos del ex jefe de gabinete Chrystian Colombo por eyectar del gabinete a Cavallo, antes de que la crisis arrastrara también al presidente, y reemplazarlo con un acuerdo entre justicialistas y radicales. De la Rúa, que siempre llegó tarde adonde nunca pasaba nada, recién decidió aceptar ese consejo el jueves 20, luego de declarar el estado de sitio y ordenar la más cruenta represión de una protesta social que se recuerde desde la Semana Trágica de 1919. Pero a esa altura, la mayoría justicialista en ambas cámaras ya había iniciado el procedimiento para su destitución por juicio político lo cual, junto con la incontenible insurrección popular, forzó su renuncia. Ante las reiteradas evasivas de De la Rúa, el PNUD lo invitó a una reunión en la sede de Caritas, el miércoles 19, a la que también asistieron Menem, Raúl Alfonsín, Colombo y los gordos de la UIA y la CGT, con el pretexto de presentarles los avances del Informe sobre la Democracia en la Argentina realizado por el PNUD bajo la dirección del sociólogo Juan Carlos Portantiero, quien en la década de 1980 fuera asesor y speechwriter de Alfonsín, y con trabajo de campo a cargo de Gallup Argentina. Sus conclusiones muestran la aguda conciencia popular de algunos problemas centrales de la democracia y señalan que si no se las atiende estarán dadas algunas de las condiciones necesarias para una aventura autoritaria.

Coalición de facto

El 92 por ciento de los consultados (mayores de 17 años, residentes en localidades de más de 10.000 habitantes) opinó que la situación económica del país era mala o muy mala y el 41 por ciento dijo que empeoraría en el año siguiente. Si la pregunta se refería a la situación económica personal, para el 76 por ciento era mala o muy mala y el 30 por ciento consideraba que un año más tarde sería aún peor. Los dos problemas más importantes mencionados fueron la corrupción de los gobernantes y la desocupación, algo que explica la coalición de facto entre distintos sectores sociales que poco después se haría evidente en las calles. Tres de cada cuatro consultados manifestaron una aguda conciencia de la pobreza, la polarización social y la desigualdad. Las respectivas preguntas inquirían si la cantidad de gente que no tiene recursos para vivir con dignidad, la distribución despareja de la riqueza y la distancia que separa a los más ricos de los más pobres son características muy, bastante, poco o nada presentes. El 72 por ciento dijo que la desigualdad y la polarización estaban muy presentes, cifra que creció al 74 por ciento respecto de la pobreza.

Derechos vulnerados

Cuando a los 1862 entrevistados en las regiones metropolitana, pampeana, Cuyo, NOA y Patagonia se les preguntó cuáles eran sus derechos como ciudadanos y como personas en una democracia las respuestas espontáneas asignaron una clara prioridad al componente social. La primera mención, con el 57 por ciento de las respuestas, fue para el derecho a un trabajo o un salario. Con 31 por ciento le siguió el derecho a la educación y con 28 por ciento el derecho a la salud. La primera sorpresa es que a continuación los consultados mencionaron el derecho a la libertad de expresión, opinión o información, con el 16 por ciento. Es seguro que ni los encuestadores ni los consultados hayan pensado en las formas que esa libertad asumiría dos meses después.
Ese porcentaje fue seguido por el 15 por ciento de menciones en favor del derecho a una vivienda digna y al voto. La presentación preparada por el PNUD concluye que “los derechos sociales (y muy especialmente el derecho al trabajo) constituyen el núcleo de los derechos de un ciudadano. Más aún, el 56 por ciento de los entrevistados sólo mencionó derechos sociales (trabajo, salud, educación, vivienda, seguridad)”. Pero sólo dos de cada diez dijeron que nunca habían sentido vulnerados sus derechos. Las causas principales de violación de esos derechos fueron atribuidas a la situación económica (52 por ciento), el lugar donde vive, ya sea el barrio o la zona del país (39 por ciento), el nivel educativo (35 por ciento). Recién después aparecen los rubros más previsibles de discriminación: la edad (26 por ciento), el sexo (12 por ciento), el país de origen, la religión o el color de la piel (el 8 por ciento en cada caso) y la preferencia u orientación sexual (con el 4 por ciento).
Luego se preguntó que valores eran indispensables para que existiera una democracia. Cada persona podía dar hasta cinco respuestas y, entre ellas, elegir la más importante. Los componentes sociales de la ciudadanía descollaron en las respuestas. Si se toman las cinco respuestas de cada encuestado los valores indispensables son Salud, Educación y Vivienda (69 por ciento), Trabajo (66 por ciento), Libertad de expresión y Seguridad (45 por ciento cada una), Justicia (37 por ciento) y respeto por los derechos humanos (34 por ciento). Hubo acuerdo general con la afirmación de que la democracia debe garantizar al mismo tiempo el voto, la libertad de expresión, y el bienestar de la gente con trabajo, salud y educación. Puestos por los directores de la investigación a elegir entre ambosvalores, dos de cada tres respuestas se inclinaron por los derechos sociales como prioritarios.

Seis a cuatro

A pesar de la gravedad de la crisis desatada por el estrepitoso fracaso del gobierno de la Alianza y Acción Republicana, el 57 por ciento de los entrevistados aún piensan que “la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno”. Pero un 21 por ciento dijo que no tenía preferencia entre un gobierno democrático y uno no democrático y un 18 por ciento opinó que “en algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático”. Esto implica una masa de maniobra de nada menos que el 39 por ciento de la población para cualquier aventura autoritaria. La misma pregunta se viene repitiendo desde junio de 1995, luego de la reelección de Menem, cuando el 76 por ciento respondió que la democracia era preferible a cualquier otra forma de gobierno. Ese porcentaje se mantuvo con una leve disminución durante los años finales del menemismo. Pero en mayo de 2001, luego de la renuncia del vicepresidente Carlos Alvarez y de la designación a su sugerencia de Domingo Cavallo como ministro de Economía, ya había caído al 58 por ciento. El promedio del interior coincide con el nacional, pero el de la Capital asciende al 66 por ciento y el del Gran Buenos Aires disminuye al 53 por ciento de opiniones en favor de la democracia como forma de gobierno. Cuatro de cada diez respondieron que “si hay un líder fuerte que demuestra saber cómo hacer las cosas, los partidos y el Congreso están demás”.
Los autores formularon preguntas aún más directas: casi la mitad de los consultados, el 49 por ciento respondió que no le importaría que llegara al poder un gobierno autoritario si pudiera resolver los problemas económicos del país, y algo menos, el 46 por ciento, contestó que no le importaría siempre que pudiera resolver el problema de la inseguridad. Portantiero dio luego a elegir entre “la vigencia de la democracia y desarrollo económico”, una disyuntiva usual en la década de 1960. El 45 por ciento preferiría el desarrollo económico y el 40 por ciento la democracia, con un 15 por ciento que no sabe o no contesta. Esta última categoría engloba desde aquellos que no tienen opinión formada hasta quienes detestan los sofismas.

Insatisfacción

El 85 por ciento dijo que estaba poco (50 por ciento) o nada (35 por ciento) satisfecho con la democracia. En 1995, la insatisfacción parcial o total comprendía al 46 por ciento y entre ellos sólo el 2 por ciento se declaraba nada satisfecho. El porcentaje de insatisfacción parcial llegó al mismo valor que ahora en 1996, pero luego descendió, al 35 por ciento en noviembre de 1998. En mayo de este año era del 41 por ciento y en noviembre volvió al 50. Más impactantes son los porcentajes de insatisfacción total, que del 10 por ciento dos meses después de asumir De la Rúa y Alvarez, saltó al 36 por ciento en mayo de este año y apenas descendió al 35 por ciento en noviembre. Para el 84 por ciento la situación política era mala o muy mala y el 71 por ciento consideraba que un año después sería aún peor, mientras apenas el 16 por ciento esperaba alguna mejoría. “En la práctica lo más importante es lo peor evaluado: la vigencia de los derechos sociales”, dice el informe del PNUD. En una escala de 1 a 7 la importancia para la democracia de los derechos a la salud, la educación y la vivienda fue de 6,9 y su presencia en el país se evaluó en 2,4. Con el derecho al trabajo el contraste fue aún mayor: la valoración de su importancia es de 6,87 y de su vigencia de 1,91. Lapregunta que obtuvo mayores respuestas positivas decía: “Hay tanta corrupción e impunidad que la igualdad ante la ley no existe”. Nueve de cada diez estuvieron de acuerdo. Cada una de esas respuestas explica los acontecimientos de diciembre mejor que cualquier teoría conspirativa.

El poder

Las instituciones que mayor confianza merecen a la sociedad son las escuelas y los hospitales públicos y las universidades (69, 66 y 59 por ciento). Luego siguen las iglesias, con el 51 por ciento y las organizaciones no gubernamentales y los medios de comunicación, con el 49 por ciento cada uno. A la inversa, sólo el 5 por ciento tiene alguna confianza en los partidos políticos, el 7 por ciento en el Congreso, el 8 por ciento en el gobierno nacional, el 9 por ciento en los sindicatos, el 10 por ciento en el presidente (cuando el cargo lo ejercía De la Rúa) y el 17 por ciento en las grandes empresas.
Cuando se preguntó sobre quién tiene más poder en la Argentina, nueve de cada diez identificó al poder económico más concentrado. Se permitió dar hasta tres respuestas y la lista fue encabezada por las grandes empresas (54 por ciento) y las empresas transnacionales (37 por ciento). El gobierno (25 por ciento) apenas superó a los bancos (23 por ciento). Al fondo de la lista figuraron los militares (con el 4 por ciento), el Congreso (5 por ciento) y el Poder Judicial (6 por ciento). No obstante, el mismo universo respondió que la responsabilidad de solucionar las debilidades de la democracia correspondía al presidente (55 por ciento) y los políticos y funcionarios (46 por ciento).
Pero cuando se trata de la solución de los problemas propios, de la familia o del barrio, la lista de prioridades se invierte. El 62 por ciento mencionó a los medios de comunicación, el 45 por ciento a los organismos no gubernamentales, el 40 por ciento a los tribunales de Justicia.

Un mundo sin rumbo

Como pocos días después lo ratificarían los cacerolazos, el 93 por ciento confesaba poca (41 por ciento) o ninguna (52 por ciento) confianza en los políticos. En consecuencia, el 95 por ciento sostuvo que era necesario mejorar la calidad de la política y de los políticos y nada menos que el 79 por ciento consideró que eso era posible, porque para el 63 por ciento “la democracia sin política sería un caos, un mundo sin rumbo” y para el 60 por ciento “sin partidos no puede haber democracia”. Tres de cada cuatro dijeron que los partidos eran necesarios para la democracia pero que era necesario cambiarlos y renovarlos. La utilidad de los partidos reside, para el 70 por ciento, en que “dan cuenta de la diversidad de intereses que existen en la sociedad”. Casi el mismo porcentaje (68 por ciento) dijo que la corrupción y la falta de ideas y capacidad de los políticos eran la causa principal de los problemas del país, mientras que sólo el 8 por ciento los atribuyó a “la globalización, los Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional” y el 18 por ciento responsabilizó a “ambos por igual”. Aun así, el 68 por ciento cree que “las fuerzas de mercado son tan poderosas que la política ya no cuenta”.

Justicia y control popular

Acerca de los medios para mejorar la calidad de la política, una justicia que castigue los actos de corrupción atrajo el 66 por ciento de las opiniones y la reducción de sueldos de los legisladores el 45 por ciento. Un tercio de las opiniones mencionaron la capacitación de los políticos,el control popular para que rindan cuentas y la mayor participación popular, mientras un cuarto propuso reformas que garanticen el cumplimiento de las promesas electorales. El 84 por ciento sostuvo que el mejoramiento de la política se conseguiría con eficacia en la gestión del gobierno, si los funcionarios resolvieran los problemas de la gente. El 72 por ciento confía en el surgimiento de nuevos dirigentes de los mismos partidos y el 66 por ciento menciona la aparición de un nuevo líder “como fueron en su momento Yrigoyen o Perón”. El 67 por ciento se inclinó por un consenso entre todas las fuerzas políticas. El 59 por ciento, por una forma de gobierno parlamentaria o semi y el 57 por ciento consideró que la solución vendría de la mano del surgimiento de nuevos partidos políticos. El 53 por ciento mencionó la organización de un movimiento apolítico de ciudadanos y el 52 por ciento cuestionó las denominadas listas sábana. Con el 80 por ciento, la justicia fue considerada la institución más útil para promover el cambio en la política, seguida por los medios de comunicación, con el 78 por ciento, las universidades con el 71 por ciento, los partidos políticos con el 57 y las organizaciones no gubernamentales con el 56 por ciento. Sólo un tercio consideró que los sindicatos y las Fuerzas Armadas pudieran contribuir y la mitad mencionó a la Iglesia.
El informe se presentará en marzo. El mes pasado, sobre los primeros resultados de la encuesta el PNUD convocó a un panel de intelectuales a debatirlos. El folleto difundido por el PNUD sobre ese panel concluye con una intervención de José Nun, quien advierte que “la situación argentina se va a deteriorar aún más”. Si en la década de 1970 la crisis de gobernabilidad se atribuyó a un “exceso de participación de la gente, que se había tomado demasiado en serio la idea de igualdad o de bienestar social y por eso la enfermedad endémica de la democracia era la inflación”, describe, ahora la crisis de gobernabilidad obedece “al exceso de participación de la burguesía, de los sectores capitalistas dominantes, del capital financiero, de los grandes grupos económicos nacionales y extranjeros”. La “salida es muy difícil porque hay un poder establecido muy fuerte”. La reconstrucción, sigue Nun, pasa por propuestas modestas pero que en el actual contexto parecen extremas, como la del Frente Nacional contra la Pobreza. Pero la insatisfacción también puede ser aprovechada por “otro tipo de apelaciones”. El cierre es una frase de Chesterton: “El problema con la gente cuando deja de creer en Dios no es que pasa a no creer en nada, sino que pasa a creer en cualquier cosa”. Para Nun, “si en vez de Dios decimos democracia se advierte de inmediato hasta dónde estamos jugando con fuego en la Argentina”.

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