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Debate
sobre políticas culturales
¿Quién
me sacó el sostén?
La semana pasada,
el secretario de Cultura de la Nación contestó la, a su juicio, �descalificación
sin sostén ni argumentos serios� que Radarlibros habría realizado del
Plan de promoción a la edición de poesía, cuento, ensayo y revistas culturales.
POR
DANIEL LINK
Hay que reconocer
que para una persona como Darío Lopérfido, que sostiene
ideas progresistas sobre la cultura, debe ser un tormento
trabajar en el seno de un gobierno que, a todas luces, ha dado muestras
ya más que suficientes de su incapacidad para tan siquiera simular
un cierto progresismo en todas sus áreas de gestión. Y hay
que reconocer también que la Secretaría de Cultura de la
Nación ha sido siempre sensible a las críticas que se le
han formulado desde este diario. Baste recordar, en este punto, la sanción
de la Ley del Libro, que incorporó prácticamente todas las
objeciones al proyecto formuladas desde este suplemento el 26 de marzo
de 2000 (escribieron Julio Nudler, Elba Casetta, Irma Parentella, Ana
María Cabanellas y quien esto escribe). Y hay que reconocer, finalmente,
que no se equivoca Darío Lopérfido cuando dice que no
se puede pensar a la cultura argentina (...) alentado nada más
que por el aplauso de nuestros amigos. Yo, al menos, carezco de
amigos (o de cortesanos) que me aplaudan.
Radarlibros celebró el 8 de julio de 2001 (con observaciones que
Darío Lopérfido se prepara a internalizar) el
otorgamiento de los subsidios que son hoy objeto de viva polémica
y profundo desazón. No es mi intención desprestigiar
ahora algo que antes había celebrado. Bien sabe Darío Lopérfido,
como funcionario, lo cómodo que es responsabilizar a la prensa
por el desprestigio de las propias acciones.
El secretario de Cultura de la Nación vuelve a invitarme a un debate
que, lejos de rechazar, no he hecho sino obediente y gratuitamente
para el gobierno llevar adelante, desde mis primeras observaciones
sobre políticas culturales en este suplemento (el 11 de octubre
de 1998) hasta la denuncia de la actitud del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto respecto de la colección Archivos el 12 y el
19 de agosto de este año (polémica en la que intervinieron,
entonces, Amos Segala, Beatriz Sarlo y Raúl Antelo). En esta edición
se incorpora al debate Roberto Jacoby, de la redacción de la revista
ramona.
El
chasco
POR
ROBERTO JACOBY
Es humillante
discutir sobre esto en un país donde millones de personas
ni siquiera pueden pagar el monotributo porque carecen de trabajo (los
bien pagos funcionarios llaman a esto negrear), donde los
fondos estatales fluyen graciosamente hacia parientes y notorios ante
la vista agotada del público. Por eso, lo que sigue no quiere ser
una discusión sino una mera constatación.
Darío Lopérfido enunció en la última edición
de Radarlibros que las condiciones de inscripción no son
disparatadas. Se refería al plan de compra a mitad de precio
de revistas y libros de editoriales independientes por parte del Estado,
que la secretaría a su cargo anunció con estruendo no justificado
por los hechos.
Luego de llamarlo premio ante los flashes de la prensa y repartir
pueriles diplomas, Lopérfido exigió a laboriosos y desinteresados
gestores de revistas y editoriales independientes poetas, escritores,
artistas, críticos e historiadores que se convirtieran en
proveedores del Estado por una irrisoria compra, en el mejor
de los casos, de 8 mil pesos.
Las siguientes son las condiciones que toda persona jurídica
o física debe cumplir para convertirse en protagonista de la cultura
argentina, de acuerdo con las palabras de Lopérfido:
Dentro de las 48 horas: idioma y año de edición (Casa de
Cultura, Alvear 1690, subsuelo) (esto parece increíble, pero tengo
la carta ante mi vista).
Dentro de los 10 días:
- Número de registro de la propiedad intelectual (Talcahuano y
Tucumán).
- Titularidad exclusiva de derechos de edición (Paseo Colón
al 200).
- Inscripción en el registro del ISSN (Saavedra 15).
- Personería jurídica (IPJ).
- Documentación del decreto Nº 436/00, Resolución 834/00
y 518/00.
- Razón social, domicilio legal, nómina de actuales integrantes,
organismos de fiscalización, de administración, fecha/objeto/duración
del contrato, fecha comienzo/finalización mandatos.
- Inscripción en el registro de las ONG (Ministerio de Interior,
Leandro Alem y Rivadavia).
- Disquete Sipro (que no contempla a las fundaciones como proveedores
del Estado).
- Carta para explicar que el Sipro no contempla a las fundaciones como
proveedores del Estado (Casa de Cultura).
- Libre deuda previsional (DGI, Rivadavia al 1300).
- Certificado fiscal (DGI, Rivadavia al 1300).
- Declaración Jurada de Habilidad para contratar con el Estado,
Nómina de principales clientes.
- Declaración jurada Juicios contra el Estado.
- Alta de beneficiario en banco autorizado (Banco Nación).
- Certificación del cambio de Caja de Ahorro a Cuenta Corriente
Especial por nuevas disposiciones (Banco Nación).
- Fotocopia del Form. 576 DGI o Constancia de inscripción.
- Fotocopia del DNI.
- Fotocopia del Acta de designación de autoridades, Estatuto y
Poder.
- Presupuesto proforma (presentarlo 5 o 6 veces hasta coincidir con el
empleado de turno).
- Toda la documentación en original y copia autenticada (Casa de
Cultura).
Por otro lado, luego de los editoriales de ramona acerca de este tema,
la AFIP reclamó por error multas de 2 mil pesos sobre
impuestos que no correspondían. Tuvo que intervenir una contadora
para demostrarles la equivocación. Y esto es sólo el principio.
Quién sabe qué le depara el futuro a ramona por seguir opinando.
Darío dirá. Para imaginar vivamente esta pesadilla habría
que ambientarla en las lúgubres oficinas vacías, los incognoscibles
horarios de atención, los teléfonos mudos, los paros de
la DGI (que no impiden a sus inspectores intimar irrisoriamente a ramona),
las empleadas que se pintan las uñas y los que desconocen su tarea,
los viajes, las colas, la especialización necesaria para llenar
formularios, los errores burocráticos, la falta de
información, los costos, el hecho de que algunos de estos trámites
demoren semanas, otros meses. Y sin contar que estuvimos obligados a poner
precio a ramona, que antes era gratuita.
Tener los papeles en regla no es de derecha, dijo Lopérfido.
Probablemente pensaría lo contrario si él tuviera que hacer
estos trámites. De paso: los músicos que contrata para megaeventos,
¿también son proveedores del Estado? No imagino
a Charly García haciendo ese tipo de colas. Mientras Lopérfido
internaliza (como psicoterapéuticamente escribe) estas
consideraciones, veo con preocupación que sin ningún sentimiento
de culpabilidad remite el pago de esta compra condicionada al hartazgo
pero que sigue llamando concurso a la terminación
del 2001. Es decir que, en el año con la mayor pobreza y desocupación
de la historia, los protagonistas de la cultura independiente
deben financiar al Estado durante doce meses un stock de ejemplares que
cobrarán con suerte a su finalización.
Que Lopérfido llame a este chasco políticas culturales
públicas es toda una definición.
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