Debate sobre políticas culturales

¿Quién me sacó el sostén?

La semana pasada, el secretario de Cultura de la Nación contestó la, a su juicio, �descalificación sin sostén ni argumentos serios� que Radarlibros habría realizado del Plan de promoción a la edición de poesía, cuento, ensayo y revistas culturales.

POR DANIEL LINK

Hay que reconocer que para una persona como Darío Lopérfido, que sostiene “ideas progresistas” sobre la cultura, debe ser un tormento trabajar en el seno de un gobierno que, a todas luces, ha dado muestras ya más que suficientes de su incapacidad para tan siquiera simular un cierto progresismo en todas sus áreas de gestión. Y hay que reconocer también que la Secretaría de Cultura de la Nación ha sido siempre sensible a las críticas que se le han formulado desde este diario. Baste recordar, en este punto, la sanción de la Ley del Libro, que incorporó prácticamente todas las objeciones al proyecto formuladas desde este suplemento el 26 de marzo de 2000 (escribieron Julio Nudler, Elba Casetta, Irma Parentella, Ana María Cabanellas y quien esto escribe). Y hay que reconocer, finalmente, que no se equivoca Darío Lopérfido cuando dice que “no se puede pensar a la cultura argentina (...) alentado nada más que por el aplauso de nuestros amigos”. Yo, al menos, carezco de amigos (o de cortesanos) que me aplaudan.
Radarlibros celebró el 8 de julio de 2001 (con observaciones que Darío Lopérfido se prepara a “internalizar”) el otorgamiento de los subsidios que son hoy objeto de viva polémica y profundo desazón. No es mi intención “desprestigiar” ahora algo que antes había celebrado. Bien sabe Darío Lopérfido, como funcionario, lo cómodo que es responsabilizar a la prensa por el desprestigio de las propias acciones.
El secretario de Cultura de la Nación vuelve a invitarme a un debate que, lejos de rechazar, no he hecho sino –obediente y gratuitamente para el gobierno– llevar adelante, desde mis primeras observaciones sobre políticas culturales en este suplemento (el 11 de octubre de 1998) hasta la denuncia de la actitud del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto respecto de la colección Archivos el 12 y el 19 de agosto de este año (polémica en la que intervinieron, entonces, Amos Segala, Beatriz Sarlo y Raúl Antelo). En esta edición se incorpora al debate Roberto Jacoby, de la redacción de la revista ramona.

POR ROBERTO JACOBY

Es humillante “discutir” sobre esto en un país donde millones de personas ni siquiera pueden pagar el monotributo porque carecen de trabajo (los bien pagos funcionarios llaman a esto “negrear”), donde los fondos estatales fluyen graciosamente hacia parientes y notorios ante la vista agotada del público. Por eso, lo que sigue no quiere ser una discusión sino una mera constatación.
Darío Lopérfido enunció en la última edición de Radarlibros que “las condiciones de inscripción no son disparatadas”. Se refería al plan de compra a mitad de precio de revistas y libros de editoriales independientes por parte del Estado, que la secretaría a su cargo anunció con estruendo no justificado por los hechos.
Luego de llamarlo “premio” ante los flashes de la prensa y repartir pueriles diplomas, Lopérfido exigió a laboriosos y desinteresados gestores de revistas y editoriales independientes –poetas, escritores, artistas, críticos e historiadores– que se convirtieran en “proveedores del Estado” por una irrisoria compra, en el mejor de los casos, de 8 mil pesos.
Las siguientes son las “condiciones que toda persona jurídica o física debe cumplir para convertirse en protagonista de la cultura argentina”, de acuerdo con las palabras de Lopérfido:
Dentro de las 48 horas: idioma y año de edición (Casa de Cultura, Alvear 1690, subsuelo) (esto parece increíble, pero tengo la carta ante mi vista).
Dentro de los 10 días:
- Número de registro de la propiedad intelectual (Talcahuano y Tucumán).
- Titularidad exclusiva de derechos de edición (Paseo Colón al 200).
- Inscripción en el registro del ISSN (Saavedra 15).
- Personería jurídica (IPJ).
- Documentación del decreto Nº 436/00, Resolución 834/00 y 518/00.
- Razón social, domicilio legal, nómina de actuales integrantes, organismos de fiscalización, de administración, fecha/objeto/duración del contrato, fecha comienzo/finalización mandatos.
- Inscripción en el registro de las ONG (Ministerio de Interior, Leandro Alem y Rivadavia).
- Disquete Sipro (que no contempla a las fundaciones como proveedores del Estado).
- Carta para explicar que el Sipro no contempla a las fundaciones como proveedores del Estado (Casa de Cultura).
- Libre deuda previsional (DGI, Rivadavia al 1300).
- Certificado fiscal (DGI, Rivadavia al 1300).
- Declaración Jurada de Habilidad para contratar con el Estado, Nómina de principales clientes.
- Declaración jurada Juicios contra el Estado.
- Alta de beneficiario en banco autorizado (Banco Nación).
- Certificación del cambio de Caja de Ahorro a Cuenta Corriente Especial por nuevas disposiciones (Banco Nación).
- Fotocopia del Form. 576 DGI o Constancia de inscripción.
- Fotocopia del DNI.
- Fotocopia del Acta de designación de autoridades, Estatuto y Poder.
- Presupuesto proforma (presentarlo 5 o 6 veces hasta coincidir con el empleado de turno).
- Toda la documentación en original y copia autenticada (Casa de Cultura).
Por otro lado, luego de los editoriales de ramona acerca de este tema, la AFIP reclamó “por error” multas de 2 mil pesos sobre impuestos que no correspondían. Tuvo que intervenir una contadora para demostrarles la equivocación. Y esto es sólo el principio. Quién sabe qué le depara el futuro a ramona por seguir opinando. Darío dirá. Para imaginar vivamente esta pesadilla habría que ambientarla en las lúgubres oficinas vacías, los incognoscibles horarios de atención, los teléfonos mudos, los paros de la DGI (que no impiden a sus inspectores intimar irrisoriamente a ramona), las empleadas que se pintan las uñas y los que desconocen su tarea, los viajes, las colas, la especialización necesaria para llenar formularios, los “errores” burocráticos, la falta de información, los costos, el hecho de que algunos de estos trámites demoren semanas, otros meses. Y sin contar que estuvimos obligados a poner precio a ramona, que antes era gratuita.
“Tener los papeles en regla no es de derecha”, dijo Lopérfido. Probablemente pensaría lo contrario si él tuviera que hacer estos trámites. De paso: los músicos que contrata para megaeventos, ¿también son “proveedores del Estado”? No imagino a Charly García haciendo ese tipo de colas. Mientras Lopérfido “internaliza” (como psicoterapéuticamente escribe) estas consideraciones, veo con preocupación que sin ningún sentimiento de culpabilidad remite el pago de esta compra condicionada al hartazgo –pero que sigue llamando “concurso”– a la terminación del 2001. Es decir que, en el año con la mayor pobreza y desocupación de la historia, “los protagonistas de la cultura independiente” deben financiar al Estado durante doce meses un stock de ejemplares que cobrarán con suerte a su finalización.
Que Lopérfido llame a este chasco “políticas culturales públicas” es toda una definición.

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