Rodolfo Tailhade, junto a otros tres diputados nacionales del FpV, denunció penalmente al presidente de la Nación y a dos de sus funcionarios por delitos e irregularidades advertidos en el proceso de renegociación integral del contrato de concesión en favor de la empresa Ausol SA. Esta última, concesionaria del Acceso Norte, histórica empresa del grupo Macri, estaba al momento de los hechos denunciados bajo control de la española Abertis, en aquel momento presidida por el titular del Real Madrid, Florentino Pérez. Según relata la denuncia, tres días antes de que Mauricio Macri asumiera la presidencia de la Nación, Ausol simuló una demanda contra el Estado Nacional ante el Ciadi por más de 1100 millones de dólares por supuestos atrasos tarifarios. El propósito, señalan los denunciantes, habría sido forzar una renegociación del contrato que derivó en un arreglo, sin que mediara dictamen, auditoría o informe económico financiero sobre la operación de Ausol por parte de las autoridades, para el pago de 499 millones de dólares a la demandante. 

La denuncia presentada por Tailhade, Adrián Grana, Carlos Castagneto y Leopoldo Moreau sostiene que el mencionado “arreglo constituye un despojo al patrimonio público que debe ser investigado por la justicia penal”. Ni el Administrador General de Vialidad Nacional desde diciembre de 2015 hasta junio de 2018, Javier Iguacel, ni el ministro de Transporte desde diciembre de 2015 hasta la fecha, Guillermo Dietrich, ordenaron la más mínima medida en defensa del Estado Nacional para contrarrestar las pretensiones de Ausol, presentadas a través de su controlante Abertis ante el Ciadi. “La demanda sólo buscaba la justificación para disparar la renegociación del contrato de concesión, cuya finalización operaba en 2020”, puntualizan los denunciantes. 

 Como respuesta a esa demanda, “sin que existiera ningún dictamen, auditoría o informe económico financiero sobre la operación de Ausol, y descartando las numerosas defensas que podían alegarse ante el Ciadi, Dietrich e Iguacel dispusieron arreglar por la suma de 499 millones de dólares”, relata la denuncia de los diputados del FpV. 

“No tengo dudas de que esos 500 millones de dólares fueron repartidos entre la empresa y los funcionarios”, disparó Tailhade. La presentación ante el Ciadi, agregó, “sólo operó como fachada para justificar un pago que no podría tener respaldo legal ni económico de ningún tipo”. El proceso de “arreglo” de la demanda ante el Ciadi habilitó un aumento en la cotización de las acciones de Ausol –dada la expectativa de cobro de una importante porción del reclamo– del 400 por ciento desde la asunción de Macri hasta mediados de 2017, cuando el grupo Socma decidió vender su participación.

 La denuncia quedó radicada ante el Juzgado Federal N° 6, a cargo de Rodolfo Canicoba Corral, con la intervención de la Fiscalía 4 de Carlos Stornelli. Los denunciantes anunciaron que pedirán al juez que aparte a Stornelli de la investigación, en función de los últimos episodios públicos conocidos alrededor de la denominada “causa D’Alessio”, en la que quedó de manifiesto la cercanía y amistad del Fiscal con el presidente Macri, imputado en esta denuncia. Además, los legisladores adelantaron que van a ampliar la denuncia por una maniobra exactamente igual con el Grupo Concesionario del Oeste (GCO), que opera el Acceso Oeste, que le costó al Estado 245 millones de dólares.