El asesor tutelar ante la Cámara del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad conversó con PáginaI12 sobre la situación de las residencias estatales.

–En 2018, la Justicia porteña intimó al gobierno por irregularidades en dos hogares. ¿Qué pasó?

–Las intimaciones se basaron en investigaciones previas en el Hogar Rawson, que llevaban por lo menos dos años, y en el Raimondi, que tenían ya cinco años. En ambas instituciones, se detectaron carencias en infraestructura, seguridad y recursos humanos. Son hogares que tienen mucha gente y poco control. Como tienen una fuerte demanda de ingresos, a veces se saturan. Allí residen personas que son autoválidas pero, también, personas con padecimientos mentales que, muchas veces, tienen causas judiciales. 

–¿Como es la situación en esos hogares?

–En el Raimondi la situación se agrava porque está en Necochea, a 500 kilómetros de Buenos Aires, y con poco control del propio gobierno. Por eso se maneja como quiere. Por ejemplo, un señor mayor que viva allí y necesite hacerse una prótesis tiene que tomarse la muestra, se la mandan a Buenos Aires, de allí le mandan el ensayo, toman las medidas, vuelve a Buenos Aires para hacerse la prótesis definitiva y luego vuelven a mandársela al hogar en Necochea. Todo eso hace que lleve mucho tiempo en tener su prótesis y es algo muy importante para una persona mayor. El Raimondi todavía no está judicializado aunque está en estudio y es muy probable que pronto se judicialice.

–¿Y el Rawson?

–Está judicializado en una causa que fue acompañada por la Asesoría de Primera Instancia. En lo particular, prefiero resoluciones más activas y concretas, pero recién se está armando el amparo colectivo, y en el Rawson hay personas con necesidades y padecimientos mentales que deben ser asistidas urgentemente.

–En términos generales, ¿cómo evalúa la situación?

–El estado no es bueno. No es algo propio de esta gestión, sino que históricamente no ha habido una política de Estado para adultos mayores en la Ciudad. Quizás hubo algunos avances y mejoras con Claudio Romero, secretario de Tercera Edad del gobierno de Mauricio Macri, pero aun así la situación nunca fue buena. Una señal de esto es que los hogares de la Ciudad siempre estuvieron judicializados. Todo esto demuestra claramente que los hogares que dependen directamente del Estado de la Ciudad no están bien.

–Señalan un retiro del Estado en políticas para adultos mayores, mientras se expande el mercado. ¿Coincide con esta mirada?

–Es cierto que hay una expansión de instituciones y hogares que trabajan con adultos mayores, pero esto no es solamente una cuestión económica o financiera, sino que tiene que ver con la sociedad civil. Hoy en esta sociedad urbana en la que vivimos es muy difícil hacerse cargo de un adulto mayor y cuidarlo dentro de la familia, sobre todo cuando este adulto tiene algún padecimiento mental o tiene algún déficit de autonomía. Culturalmente vamos cambiando y los adultos mayores no permanecen en los hogares y a veces es muy complejo para las familias poder cuidarlos en sus casas, con lo cual se busca ya sea en el ámbito privado o estatal alguna solucion. Y esto también hace que empiecen a aparecer empresas que se dedican a esto y que además a veces pidan su financiamiento al Estado. Por eso es necesario encontrar una solución integral para los adultos mayores. En estos 19 años como asesor, primero de primera instancia y luego de cámara, han pasado todas las gestiones y la verdad es que nunca hubo en la Ciudad una política clara y concreta para los adultos mayores. 

–¿Cómo analiza la ley de geriátricos y su aplicación?

–En primer lugar, la ley de geriátricos no se aplica a los cuatro hogares estatales de la ciudad. Dos porque están en la provincia de Buenos Aires, en Ituzaingó y Necochea, y los otros dos, Rawson y San Martín, porque están excluidos de la ley y así lo interpretan. La segunda situación es que hay que pensar los hogares no solamente como dispositivos de salud mental y esto la ley no lo advierte. Tenemos la Ley de Salud Mental, la 26.657, y una ley de la Ciudad, la 448, y la verdad es que es llamativo que no haya una interrelación, porque los adultos mayores muchas veces tienen padecimientos mentales, y la Ciudad y los geriátricos privados internan personas con problemas mentales y están judicializadas en la justicia de familia. Ese es un fuerte bache y una deuda que tiene la ley.