Cada vez queda más claro que la aparición de Miguel Angel Pichetto como compañero de fórmula de Mauricio Macri y su consiguiente salto al oficialismo, traen un efecto amenazante sobre ámbitos judiciales y hoy, en especial, para la causa sobre espionaje ilegal a cargo del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, que toca como una mancha venenosa a funcionarios del Gobierno y sus aliados políticos. Pero el anuncio del candidato a vicepresidente, que dijo que no piensa dejar su lugar en el Consejo de la Magistratura, donde fue designado por la oposición, muestra que los alcances de la movida son mucho más pretenciosos y apuntan a profundizar una práctica habitual del macrismo: desvirtuar criterios mínimos de institucionalidad. El organismo es clave en el manejo de los tribunales y ha generado en los últimos años, a instancias del macrismo, mecanismos despiadados de presión. La conversión de Pichetto amaga con ampliar las chances del macrismo de lograr mayoría especial (aunque no la asegura) para suspender y enjuiciar a jueces o jueces, y elegir nuevos/as. Ramos Padilla es uno de los denunciados por el Poder Ejecutivo.  

La Comisión Bicameral de Fiscalización de organismos y actividades de inteligencia, también podría quedar con mayoría oficialista si es que Miguel Pichetto se queda atornillado a ella. Ese cuerpo, que integran diputados y senadores, también monitorea la causa a cargo de Ramos Padilla, que incluso expuso ante sus integrantes. Ahora está pendiente que se presente el fiscal del caso, Juan Pablo Curi, que en un comienzo planteó que la causa debía pasar a Comodoro Py, como querían el fiscal rebelde en ese caso, Carlos Stornelli, y el Gobierno. La permanencia de Pichetto puede inclinar la balanza y permitir el dominio oficialista. Está por verse qué posición adoptan los peronistas Pedro Guastavino y Carlos Camau Espínola que hasta ahora estuvieron alineados con él. 

La bicameral tiene otro tema central bajo su órbita: es el único órgano externo que controla a la oficina de escuchas de la Corte Suprema (ahora Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado), que hoy está en el foco de la polémica –al igual que la Agencia Federal de Inteligencia y ciertos actores del Poder Judicial– por las filtraciones de conversaciones privadas, muchas de ellas a ex funcionarios del kirchnerismo. Algunas se han utilizado, precisamente, para atacar la causa de Dolores. La Bicameral fue cuestionada por su débil papel por el informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la privacidad, Joseph Cannataci. 

La posibilidad de frenar la ofensiva está en manos del bloque peronista que aspira a reunirse el martes próximo y deberá reorganizarse y designar nuevas autoridades. Algunos senadores ya hablan de que le pedirán la renuncia a Pichetto tanto a su cargo en el Consejo de la Magistratura, para que allí asuma su suplente Mario Pais o se designe a alguien nuevo, como a la Bicameral de inteligencia. Quizá sea más maniobrable lo que ocurre en el ámbito parlamentario propiamente dicho y se imponga una decisión sobre la designación en la bicameral. La ley del Consejo, es clarísima al decir que sus miembros “elegidos por su calidad institucional de jueces en actividad o legisladores, cesarán en sus cargos si se alterasen las calidades en función de las cuales fueron seleccionados, debiendo ser reemplazados por sus suplentes o por los nuevos representantes que designen los cuerpos que los eligieron para completar el mandato respectivo…”. Pero Pichetto ya dejó entrever que prefiere desafiar las normas y que se judicialice la discusión. Y todo parece fríamente calculado. 

Dentro del Consejo, Pichetto  preside la Comisión de Disciplina y Acusación, que es la que tiene la facultad de dar el primer paso, con un dictamen, para proponer juicios políticos o sanciones a jueces y juezas. Allí el oficialismo tiene mayoría garantizada. Luego las decisiones de ese grupo de nueve consejeros las revisa el plenario. La comisión en cuestión es la que le requirió un descargo a Ramos Padilla en función de una denuncia del Gobierno por haber ido a exponer al Congreso sobre la causa de espionaje y por las famosas escuchas filtradas usadas para sostener que hay un complot contra Stornelli y la causa de los cuadernos. También tiene en el temario del próximo martes una denuncia disciplinaria contra el camarista de Casación Alejandro Slokar, que integra la sala que hasta ahora respaldó la actuación de Ramos Padilla al rechazar la recusación presentada por el fiscal rebelde y confirmar las prisiones preventivas de los ex policías Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi, acusados de integrar una asociación ilícita con el falso abogado Marcelo D’Alessio. Es una presentación insólita, que está por caducar, hecha por Elisa Carrió que acusaba al juez de demorar una audiencia en la causas por enriquecimiento ilícito contra José López, que acaba de ser condenado a 6 años de cárcel por ese delito. 

Con la permanencia de Pichetto en el Consejo el gobierno suma chances de conseguir los dos tercios necesarios para decisiones claves como la suspensión de un juez o una jueza. Siempre tiene que negociar, en particular con la consejera y diputada del Frente Renovador Graciela Camaño y con dos jueces afines al macrismo que a veces defienden intereses corporativos, Ricardo Recondo y Juan Manuel Culotta. 

El discurso del macrismo respecto del Poder Judicial ha sido el de fomentar y respetar la independencia. A la hora de los hechos ha sucedido totalmente otra cosa. En estos años de gobierno generaron diversas estrategias para colonizar tribunales o mantener jueces  coaccionados con denuncias abiertas publicadas en los grandes medios a modo de listas negras. Lo han hecho, en especial, con jueces de Comodoro Py. Eduardo Freiler directamente fue enviado a juicio político, gracias a la expulsión lograda por el oficialismo de un consejero senador del Frente para la Victoria, Ruperto Godoy, por no tener título de abogado. Eso permitió que de manera circunstancial el organismo quedara con 12 miembros, con lo cual bastaban 8 votos para la suspensión. Antes, el diputado Pablo Tonelli se había apropiado de la banca que ocupaba una diputada kirchnerista, que había terminado su mandato como legisladora pero no como consejera. Todo el tiempo se difunden causas abiertas contra jueces a los que se quiere asustar. El propio Consejo participó del armado de tribunales orales federales a medida, cuando recién comenzaban a elevarse a juicio las causas contra ex funcionarios del kirchnerismo, y traslados de jueces amigos a tribunales estratégicos, como la Casación y la Cámara Federal. Criticar sentencias desde el Poder Ejecutivo se volvió moneda corriente. En una ocasión Mauricio Macri dijo en el Colegio de Abogados de la Calle Montevideo que si los jueces no actúan como el Gobierno espera, pondrían otros, como si fueran descartables. El efecto es que unos pocos que tratan de mantener coherencia corren peligro real. El resto en buena medida cae en ser funcionales y evitar investigar al poder político de turno. El plan Pichetto busca asentar esa política, que apunta a dejar la búsqueda de la verdad en el olvido.