El gobierno de Hong Kong dio marcha atrás. La jefa del Ejecutivo hongkonés, Carrie Lam, dejó en suspenso ayer el proceso de aprobación de la ley sobre extradiciones a China. La líder pro Beijing retrocedió así ante las masivas manifestaciones de la oposición, que decidió mantener la movilización hasta la retirada total del texto.
“El gobierno ha decidido suspender el proceso de enmienda legislativa para reactivar nuestra comunicación con todos los sectores de la sociedad, trabajar más (...) y escuchar los diferentes puntos de vista de la sociedad”, declaró Lam a la prensa. Las palabras de la jefa del Ejecutivo no convencieron, sin embargo, a los opositores del proyecto de ley, agrupados en torno al Frente Civil por los Derechos Humanos, quienes llamaron a continuar las protestas y a acudir masivamente hoy a las calles para reclamar su dimisión y la retirada definitiva del proyecto legislativo. “La suspensión no es aceptable porque el Gobierno podría retomar el proyecto de ley en cinco días, en cualquier momento”, afirmó a la prensa Jimmy Sham, del Frente civil de Derechos Humanos. “Tenemos que decirle al gobierno que el pueblo de Hong Kong persistirá y mantendrá sus protestas hasta que el Ejecutivo retire la ley”, agregó el dirigente.
Otro de los responsables del Frente, Wong Yok Mo, explicó que si es necesario organizarán más manifestaciones y otro tipo de protestas hasta conseguir sus reivindicaciones, entre ellas la retirada de todos los cargos contra los detenidos en las movilizaciones. Piden además que las marchas sean consideradas un derecho legítimo y no una revuelta.
Propuesta en febrero y con una votación final que estaba prevista para este jueves, la ley permitiría al Ejecutivo y a los tribunales De Hong Kong tramitar sin supervisión legislativa solicitudes de extradición a jurisdicciones sin acuerdos previos, en particular, a China y Taiwán. Hong Kong tiene acuerdos de extradición con 20 países, incluyendo Estados Unidos y el Reino Unido, pero nunca firmó uno con China. Los opositores temen que activistas locales, periodistas críticos o disidentes residentes en Hong Kong puedan ser enviados a China continental para ser juzgados.
El domingo pasado un millón de personas –uno en siete habitantes– protestaron en una movilización gigantesca, donde pidieron la suspensión de la ley que, según sus detractores, dejaría a la población a merced del sistema judicial de China continental, considerado opaco y que opera bajo influencia del gobernante Partido Comunista. La oposición al proyecto congregó a organizaciones jurídicas influyentes, abogados, dirigentes de la industria, cámaras de comercio, periodistas y diplomáticos extranjeros. Tres días después, el miércoles, una manifestación de decenas de miles de fue brutalmente reprimida por la policía con gases y balas de goma.
Una nueva manifestación prevista para hoy -al cierre de esta edición se mantenía en pie- había puesto a Lam bajo presión, incluso dentro de sus filas, donde algunas voces le pedían dar marcha atrás. Ayer, en una rueda de prensa, la ejecutiva anunció la suspensión del proyecto de ley, precisando que no se ha fijado una fecha para reintroducirlo. “El consejo dejará de trabajar en el proyecto de ley hasta que hayamos completado nuestras explicaciones y escuchado las opiniones” al respecto, dijo. “No tenemos la intención de fijar una fecha límite para esta labor”, agregó.
Según Lam, la ley de extradición era necesaria para solventar las lagunas y evitar que Hong Kong se convierta en un refugio de delincuentes, pero admitió que el gobierno subestimó la reacción de la opinión pública.
Mientras que algunos parlamentarios consideraban que habría que postergar el proyecto de ley, otros fuertemente afines a China habían aconsejado no ceder para evitar que “Hong Kong sea ingobernable”. El riesgo que enfrenta el gobierno es que los ciudadanos, especialmente los más jóvenes, comiencen a pensar que la única manera de parar iniciativas políticas indeseables es mediante protestas violentas, según analizó el diario estadounidense The New York Times. Por eso Lam rechazó que su decisión tuviera que ver con la intención de prevenir que haya más violencia hoy. “Nuestra decisión no tiene nada que ver con lo que pueda pasar mañana”, dijo.
