La Ley de Entidades Financieras, uno de los pilares de la economía nacional en la actualidad, fue promulgada un 14 de febrero de 1977, hace cuarenta años, con la firma del dictador Jorge Rafael Videla y de su ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz. Si bien desde entonces ha sufrido modificaciones menores, los puntos centrales se mantienen firmes, lo que representa una deuda para la democracia. La Ley de Entidades Financieras constituye una traba para que el Estado regule al sector financiero en favor del crédito para el desarrollo económico. Ni bien comenzó su gestión, el gobierno de Mauricio Macri profundizó la desregulación que inspira aquella norma de la dictadura.

La Ley de Entidades Financieras inició el profundo surco que la escuela de Chicago y el Consenso de Washington dejó en América latina desde fines de los `70. “En nombre del libre mercado se liberalizó la tasa de interés y flexibilizó la apertura de nuevas entidades financieras, con el expreso objetivo de que las tasas alcanzaran valores reales positivos y elevados, lo cual es letal para la industria, sobre todo para las pymes. El resultado fue la crisis bancaria de 1980, que sería la primera de una conocida lista. Tal filosofía toma el crédito como un bien de mercado, plausible de ser determinado por un precio de mercado, cuando en realidad se trata de un bien público, tanto porque se nutre con la agregación del ahorro de los ciudadanos como porque su uso repercute en la economía de toda la población. A partir de la ley de 1977, los bancos son cada vez más concentrados y dirigen sus créditos a grandes empresas (muchas de ellas extranjeras) o a las actividades más lucrativas en el corto plazo, las cuales suelen ser créditos personales y demás líneas para el consumo. En momentos de especulación tiene lugar otra variante, que es el crédito para la lisa y llana compra de moneda extranjera”, explica Rodrigo López, economista y sociólogo de la Cátedra Nacional Arturo Jauretche.

“Recuerdo que Martínez de Hoz la presentó como la ley más importante de su gestión, llamada a ´modelar el país por los próximos treinta años´. La Ley de Entidades Financieras es el inicio del proceso de extranjerización del sistema financiero y de liberalización de las tasas. El eje de esa normativa es que los bancos pueden hacer todo menos lo que está explícitamente prohibido, y hay muy pocas prohibiciones”, señaló a este diario Carlos Heller, diputado nacional por el Partido Solidario.

Heller es autor del proyecto de Ley de Servicios Financieros para reemplazar a la legislación de la dictadura. En marzo se presentará una actualización de ese proyecto. “Proponemos que las entidades sólo pueden hacer aquellas actividades para las que están expresamente autorizadas. Por ejemplo, se establece que determinada proporción de la cartera de créditos tiene que estar volcada a las pymes. Esto tiene que estar regulado porque los bancos tienden a operar con pocos clientes muy solventes. El proyecto de ley también introduce un tope a la concentración del sistema financiero y establece regulaciones que obligan a la colocación de préstamos con un criterio federal”, agregó Heller, quien además preside el Banco Credicoop.

En 2012, el kirchnerismo modificó la Carta Orgánica del Banco Central, que pasó de velar solo por la “estabilidad de la moneda” a incorporar “la generación de puestos de trabajo y el crecimiento de la economía”. Eso le permitió introducir regulaciones en la actividad bancaria, como la exigencia de destinar una parte de los créditos para inversión productiva. “Sin embargo, el gobierno de Macri puede hacer lo que hace sin modificar la Carta Orgánica porque dice allí ´podrá´ pero no habla de una obligación. Esto está en la cuenta del debe del proyecto kirchnerista”, dijo Heller.

De todos modos, el Gobierno actual desmontó varios de los instrumentos regulatorios diseñados por la administración anterior. Estableció la libre entrada y salida de capitales al eliminar el encaje de 30 por ciento que debían constituir fondos extranjeros para inversiones especulativas en el mercado de capitales. Limitó la Línea de Crédito para la Inversión Productiva que imponía al sistema financiero la obligación de destinar hasta el 7,5 por ciento de los depósitos privados a prestar a esos sectores, con tasas subsidiadas al 18 por ciento anual. La Anses, por su parte, redujo la participación de los créditos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) a la producción, y proyecta la paulatina liquidación de ese ahorro de los trabajadores en lugar de potenciarlo para apalancar a la economía real. También se liberalizó completamente el mercado cambiario al eliminar el límite de 5 millones de dólares mensuales para la compra minorista. Además, el Gobierno eliminó el tope de tasas que podían aplicar los bancos por la cesión de créditos y el piso que debían pagar a los ahorristas por la captación de depósitos y se desregularon los cargos y comisiones que cobran los bancos.