El reciente apagón nacional inexplicable e inexplicado pone la luz sobre uno de los dos principales dilemas que enfrenta el país en el corto plazo: qué hacer con un sistema eléctrico basado en el protagonismo de las empresas privadas concesionadas, junto con algunas públicas y muchas cooperativas, ante un flojo y permisivo control estatal del conjunto; y, por otra parte, qué hacer con el precio del gas en boca de pozo, base económica de los precios energéticos, y de la posibilidad de desarrollo económico del país, ante la avaricia de las petroleras nacionales y extranjeras, subsidiadas por el Estado y por los usuarios de todo el país.

El primer dilema está vinculado con el comportamiento de las distribuidoras privadas de electricidad, su eficacia, sus inversiones, su fuga de ganancias, etc.: ¿qué hacer?, ¿estatizarlas?, ¿nacionalizarlas? Parece muy difícil que éste sea un camino razonable en esta etapa del país: sería un camino de alto impacto pero de dudosa eficacia en los servicios. Con altos costos políticos y económicos. ¿Mantener entonces las cosas como están? Tampoco parece razonable ante la desidia generalizada en el cumplimiento de los compromisos contractuales, ante un servicio público que atiende derechos humanos. Aquí interviene, como una sola de las variadas soluciones posibles, la presencia activa y firme de un Estado que controla y advierte, que exige el cumplimiento de las obligaciones contraídas y al mismo tiempo audita los excesos acumulados en contravención con las normas regulatorias en los últimos años. Como consecuencia de esta actitud, sancionando donde corresponda si no hay cambios inmediatos: la elección en la aplicación de las alternativas enunciadas en primer término quedaría ahora en cabeza de los concesionarios, sería la consecuencia de sus comportamientos.

Pero esta dificultad se presenta también con relación a un sector del sistema eléctrico que estaba en las sombras, hasta que el apagón hizo la luz: el transporte. Originalmente estatal en su nervio central, la alta tensión, ahora tiene protagonismo privado que pretendió ser total en el actual gobierno: Transener tiene una importante responsabilidad en el apagón. Aunque quizás deba repartir cargas con el despacho unificado eléctrico, a cargo de Cammesa, o con sus transportistas supervisadas Yacylec o Litsa, en alguna parte del evento: no lo sabemos. Lo que sí se sabe es la alta remuneración que tiene este sector, junto con las transportistas regionales, que incide también en el tarifazo eléctrico.

Que esa remuneración, como la que perciben los demás nombrados, esté vinculada con la ausencia de inversiones en el perfeccionamiento del sistema de control y aislamiento de fallas, que evite sucesos como el sufrido, tampoco lo sabemos, pero una debida aclaración del evento puede también ayudar a la solución de alternativas ante el dilema original que planteamos al inicio. Al respecto, esa disyuntiva no es nueva: siempre se consideró, aún en la etapa de las privatizaciones de los 90, que el sistema central de alta tensión del sistema argentino, actualmente a cargo de Transener, debía ser operado por el Estado Nacional, como ocurre en muchos países del mundo.

Sobre el segundo desafío que enfrenta el sistema energético, ya hemos expresado nuestra opinión en este medio, que ahora ratificamos, juntos con otras opiniones a las que adherimos. Aquí la disyuntiva es más clara y las respuestas también: sólo exigen coraje e inteligencia. En una combinación equilibrada para que sean eficaces.

No deberíamos avanzar en la inversión estatal de infraestructura para la exportación del gas excedente de Vaca Muerta que no esté dirigida a incrementar mayor consumo de gas residencial e industrial donde falte. Pero sí usar esa abundancia para disminuir los precios confiscatorios de gas y electricidad que permitan el inicio de un despertar productivo y a la vez agregar valor en industrias vinculadas a su uso intensivo.

En último término, sí exportar el excedente transitoriamente, con sus costos a cargo de la producción. Se dirá que necesitamos divisas y, es cierto, las tenemos en el petróleo. Se dirá que desalentamos la producción: no es cierto, el subsidio elimina la competencia. Pero sí cumplir lo pactado, y establecer un nuevo régimen de explotación de los hidrocarburos que tenga solamente el interés nacional como norte. No será fácil resolver este segundo dilema, pero lo facilita la claridad de las alternativas, solo se necesita coraje e inteligencia.

* Miembro del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz – IESO y director del Observatorio de Tarifas de la Umet.