El ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli, amplió ayer su denuncia por la filtración de las escuchas de sus diálogos con la ex presidenta Cristina Kirchner, hecho que definió como “el escándalo de espionaje político más espectacular de la historia democrática argentina”. Según planteó el ex funcionario kirchnerista en un escrito que presentó ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, las fechas de las más recientes escuchas que trascendieron en algunos medios no corresponderían con las captaciones autorizadas por el juez Ariel Lijo.

Para Parrilli, la interceptación de su línea telefónica se realizó con el objetivo de “escuchar y conocer las actividades políticas de la ex  presidenta de  la  Nación, Cristina  Fernández de Kirchner”. “La desbocada e impune utilización de todos los medios posibles, y a la mano, para ejercer lo que ahora se avizora como persecución política indiscutible, para colmo echando manos de los recursos dinerarios del Estado federal para escuchar, parece no tener límites ni freno”, advirtió el ex titular de la AFI en una nueva presentación que realizó ayer ante el Juzgado Federal número 6 a propósito de las escuchas telefónicas que los medios de comunicación filtraron durante la semana pasada a través de TN y de Infobae. 

Para Parrilli, el diálogo en el que le consulta a la ex presidenta por su asistencia al Consejo del PJ, y los que dialoga con el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y el ex número dos de la AFI Juan Martín Mena, sucedieron en abril y mayo de 2016, meses que escapan a los 90 días de interceptación de su línea telefónica ordenada por Lijo en la investigación sobre el paradero de Ibar Pérez Corradi. “No me caben dudas que el servicio de inteligencia es un eslabón clave en toda esta urdida maniobra de escuchas y espionaje político, tal como ocurrió también en el primer tramo de esta historia, las provenientes de la causa 481/16”, a cargo del juez Lijo, sostuvo Parrilli en la denuncia que presentó ante Canicoba Corral el viernes pasado.  

Entonces, a través de su abogado Roberto Boico, denunció el delito de “violación de secreto” en el Juzgado Federal número 6. Allí, Canicoba Corral ya tenía en sus manos un expediente que nació luego de que su par Ariel Lijo derivara la investigación sobre la filtración de algunas de las escuchas a Parrilli que él había encargado en la causa sobre Pérez Corradi. En su denuncia penal, Parrilli solicitaba al juez que identificara quién había filtrado los diálogos con la ex presidenta Cristina Fernández: Lijo, la Corte Suprema o el Departamento de Interceptaciones de Comunicaciones (Dicom). Ayer sumó a la violación de secreto el delito de interceptación, captación y desvío de comunicaciones telefónicas por parte de agentes de inteligencia y acusó al titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, a los camaristas a cargo de la Dicom, Martín Irurzun y Javier Leal de Ibarra, al secretario de ese organismo, Tomás Rodríguez Ponte, y a los titulares de la AFI, Gustavo Héctor Arribas y Silvia Cristina Majdalani. 

En su ampliación, el ex titular de la AFI advirtió que “no caben dudas” que las filtraciones “provienen” de la Dicom y denunció “una trama criminal urdida desde las más altas esferas del poder, que denotan un modus operandi de hacer política, donde intervienen piezas claras” como el traspaso de las escuchas de la Procuración a la Corte Suprema, en diciembre de 2015, y la puesta en funcionamiento de la Dicom.  

La AFI emitió ayer un comunicado con el que buscó despegarse de la filtración de las conversaciones telefónicas entre Parrilli, la ex presidenta y otros funcionarios. “Este organismo se ve en la obligación de volver a negar terminantemente cualquier participación en forma directa e indirecta en su difusión pública. Por tal motivo, la Agencia rechaza nuevamente y de forma rotunda las falsas imputaciones que se han formulado en tal sentido”, sostuvieron desde el organismo que conduce Arribas.