En diez años, a partir de 2009, en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal fallecieron 425 internos y en el 45 por ciento de los casos, las muertes se produjeron por causas violentas. En el informe dado a conocer por la Procuración Penitenciaria se señala que los registros más altos corresponden a los penales de Villa Devoto, Ezeiza y Marcos Paz. De acuerdo con la estadística, los casos de muertes violentas en cárceles argentinas “está por encima” de las cifras que se registran en otros países de la región como Uruguay e incluso Brasil, donde la violencia en los centros de detención siempre llega a niveles altos. La información precisa que también se superaron los índices reportados por “el Consejo de Europa para las cárceles de ese continente”. 

La estadística fue dada a conocer por el titular del Area de Investigaciones sobre Fallecimientos en Prisión de la Procuración, Ramiro Gual. Los datos corresponden a muertes ocurridas entre los años 2009 y 2018, en las cárceles dependientes del SPF. Del total de 425 fallecimientos, las que se produjeron en hechos violentos sumaron 189, lo que marca un porcentaje muy cercano a la mitad del registro. Se precisa que las muertes se produjeron por suicidios, homicidios, accidentes y lesiones graves sufridas por los internos durante motines o protestas para reclamar mejores condiciones de detención. 

En el informe de la Procuración Penitenciaria se precisa que cuando comenzó la presente evaluación, en 2009, el índice hasta ese momento señalaba que el 30 por ciento de las muertes en las cárceles federales se producían en hechos de violencia. “Desde ese año, en una década, el porcentaje se elevó prácticamente al doble”, dado que hoy está cerca del 45 por ciento del total de fallecimientos en prisión. 

Las cifras forman parte de los datos reunidos en el Informe Anual de la Procuración Penitenciaria, dado a conocer por el titular del organismo, Francisco Mugnolo. Según aseguró Gual, las cifras están señalando que el gobierno de las prisiones federales en Argentina “se sustenta principalmente a través de la violencia”. Eso determina que las muertes de personas bajo custodia del Estado son “una de las principales violaciones a los Derechos Humanos”.

La información se reunió no sólo por los datos oficiales del SPF sino a través del contacto directo con familiares de las víctimas de la violencia institucional o mediante las declaraciones de otros detenidos que fueron testigos de los hechos. A partir de esos datos se trata de impulsar las investigaciones para establecer las posibles responsabilidades de agentes del SPF. 

En el informe de la Procuración se precisa que hubo en diez años 87 muertes por ahorcamiento, 45 por heridas de arma blanca y 24 por asfixia o quemaduras en incendios. A eso se sumaron otros 33 casos que corresponden  a otras modalidades que de todas maneras se suman a los hechos violentos enumerados. La Procuración pudo determinar que del total de muertes violentas, 75 fueron suicidios, 58  homicidios, 26 autoagresiones de los internos en acciones extremas ante la falta de respuesta estatal ante reclamos urgentes y 17 muertes se produjeron por accidentes. Otros 17 hechos de muertes violentas fueron calificados por la Procuración como ocurridos en circunstancias “dudosas” que todavía están en “proceso de verificación”. En esos casos, la duda es si fueron suicidios u homicidios. Dos de los casos de muerte más graves fueron “por imposición de torturas”, una en el Complejo Penitenciario Uno de Ezeiza y el otro durante una requisa en la Unidad 7 de Resistencia.

De los 425 fallecimientos, el 50 por ciento ocurrió en las cárceles de Devoto, Ezeiza y Marcos Paz. Un dato inquietante es que 19 de los internos fallecidos estaban alojados en dispositivos psiquiátricos para varones.