Tras dos años de espera, ayer fueron imputados cinco policías que estuvieron en la comisaría 10° la noche que murió la docente y bibliotecaria María de los Angeles Paris dentro de esa seccional de zona norte. El comisario y una agente fueron acusados por el delito de homicidio preterintencional (la intención es causar lesiones, pero se provoca la muerte) y otros tres policías quedaron implicados por incumplimiento en los deberes de funcionario público. La fiscal de la Unidad de Violencia Institucional, Karina Bartocci, aseguró que la causa llegará a juicio y dio a conocer un audio de WhatsApp en el que el comisario "reconoció golpes" hacia la víctima. La querella apuntó a delitos más graves, como tortura, que no fueron aceptados por el juez José Luis Suárez. El magistrado sí advirtió que existió una "detención abusiva" y que "se aplicó severidad" por parte de los policías. En tanto, resolvió dejar en libertad con restricciones a los acusados, por entender que no hay peligrosidad procesal y que la pena será condicional. Familia y querellantes se movilizaron en el Centro de Justicia Penal.

Al imputar, la fiscal de la Unidad de Violencia Institucional mencionó entre la evidencia que tras las pericias a los teléfonos de los agentes -que fueron secuestrados tiempo después- se encontró un mensaje que había sido eliminado en el que el comisario Silvio Cortez mandó un audio a la inspectora de zona y le dijo (al día siguiente del hecho) "ahí vi el video, le daba piñas, pero las cámaras de adelante dan que la entro bien, así que no va a pasar nada". En el relato de los hechos, la fiscal dijo que a las 21 del miércoles 3 de mayo de 2017 Paris se dirigió a la comisaría de Darragueira al 1100. "No se pudo decir a qué fue. Pidió agua. Estuvo sentada en la guardia. A las 21.30 se fue a la funeraria, cruzando la calle. A los 5 minutos volvió y al salir volvió a la cochería. A las 21.40 caminó hacia calle Marull donde intentó subir a un auto, correr por la calle. Dos agentes la hicieron subir al móvil y la llevaron a la seccional. En la puerta de la comisaría estuvo sentada en el tapial y fue a la casa de pocos metros, por la misma vereda, hacia calle Maciel", dijo sobre los episodios de lo que hay vecinos que fueron testigos. "Cortez la toma del cabello y el cuello, y la inmoviliza con los brazos hacia la espalda. Domínguez la tomaba de los pies. La agarraron para llevarla al cuarto", dentro de la dependencia. "Cortez dio golpes de puño en la boca y la panza; y ambos (con Domínguez) le pusieron las esposas. La dejaron boca abajo en el piso, provocándole lesiones y las consecuencias le producen la muerte". La fiscal habló de "lesiones en rostro, labio, múltiples equimosis en miembros superiores, muñecas, codo derecho, piernas, tórax y dos costillas fracturadas". El diagnóstico de la muerte fue por "arritmia fatal coadyuvado por hipoxia como consecuencia de la restricción física a la que fue sometida". La fiscal también diferenció ese informe de la primera autopsia en la que se habló de muerte natural. En tanto, acusó a los demás imputados porque el primer llamado al Sies fue recién a las 22.10.

El juez Suárez liberó con restricciones a los acusados, por entender que no hay peligrosidad procesal y que la pena será condicional.

La querella planteó: "Estamos ante un caso de represión ilegal de las fuerzas de seguridad de la provincia y esta causa se vio obstaculizada a la hora de investigar". En ese sentido, hablaron de la "unas 15 lesiones causadas en vida, en menos de una hora". También hicieron hincapié en un "temor intenso" por parte de la víctima ante la "violencia ejercida" cuando requería una atención médica. "Los agentes decidieron detenerla, aplicarle golpes, esposarla y someterla a un temor desmedido". También mencionaron la desaparición de las prendas que llevaba aquella noche y el audio del comisario, que fue recuperado. Para él y una de las agentes pidieron la imputación de tortura seguida de muerte, privación de la libertad e incumplimiento de deberes, pero el juez no consideró que se trate de tortura. "Si bien no tomó esta calificación ni el pedido de prisión preventiva, destacamos haber llegado a esta instancia, donde Fiscalía afirma por primera vez que María de los Angeles fue víctima de violencia en la comisaría", dijo la abogada querellante de APDH, Julia Giordano, que acompañó a la familia, como así también lo hicieron representantes de Amsafé y la Cátedra de Criminología de la UNR.

El juez resolvió que los dos principales acusados firmen en la Oficina de Gestión de Tribunales cada 15 días; y los otros tres, de manera mensual. También ordenó la obligación de informar todo cambio de destino laboral y les prohibió acercarse a testigos y familiares de la víctima; junto con la prohibición de salir del país.