Siete trabajadores despedidos de Electrolux volverán a sus empleos, por una resolución del Juzgado Nacional de 1ª Instancia del Trabajo Nº 74. El mismo fallo definió que reincorporación sea "con el pago de haberes y en las condiciones de trabajo en las cuales se desempeñaban antes de sus despidos de la empresa Frimetal S.A. y hasta tanto recaiga sentencia definitiva en la acción de fondo".

El dictamen cuestiona el Procedimiento Preventivo de Crisis presentado por la empresa y avalado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) ante el Ministerio de Trabajo, y determina que los despidos fueron hechos por fuera de un preventivo de crisis y con una selección arbitraria de los afectados.

Luego del alcance del preventivo de crisis homologado durante el 2018, y sin que exista uno nuevo, el 29 de abril de este año se realizó una audiencia donde se solicitó un nuevo procedimiento preventivo y "sin que tal procedimiento haya culminado con la homologación de ese acuerdo, se suceden las circunstancias y audiencias que motivaron esta intervención jurisdiccional". Es decir, que tal cual lo denunciaron los trabajadores, los despidos fueron efectuados por fuera de un nuevo preventivo de crisis y por ende son ilegales.

En su resolución, el juzgado compartió la opinión del fiscal en tanto "se encontraría acreditada con suficiente entidad la verosimilitud en el derecho que asistiría a los actores a la admisibilidad preventiva de sus reincorporaciones a la empresa de la cual fueron despedidos".

Lucas Tondo, representante de los trabajadores, explicó que "el fallo avala que nosotros teníamos razón, que nuestros despidos son ilegales, el proceso preventivo de crisis está firmado apenas tres o cuatro horas después de nuestros despidos. Por eso esta noticia para nosotros es buenísima porque es un paso importantísimo en nuestra lucha".

"Son siete compañeros los que forman parte de esta cautelar y a partir de esta definición la empresa tiene cinco días de corrido desde la notificación judicial", amplió Tondo.

Por su parte Celina Tidoni, la abogada de los trabajadores explicó que un proceso preventivo de crisis es una facultad que se les otorga a las empresas que están en crisis para tomar ciertas medidas, como por ejemplo, no pagar jubilaciones, aportes y despedir empleados. "El Estado tiene que evaluar si están pasando por esa situación. La triste realidad es que las empresas se abusan de la ley 24.013. Tenemos que exigir que la empresa cumpla el fallo judicial", sostuvo la abogada.