“Lo van a tener que seguir haciendo en la clandestinidad porque ir a matar un hijo, ir a descuartizar un hijo adentro del vientre materno, no se puede hacer, ni permitir”, escaló la violencia de su mensaje la diputada provincial de Santa Fe electa el domingo pasado, Amalia Granata en un diálogo con Pampita Ardohain, en el programa Pampita Online de Net TV.
Más de 284 mil votos significarán siete bancas para sectores de las iglesias evangélicas y el Opus Dei agrupados en Unite por la Vida y la Familia. Para despejar fantasmas –sin abandonar la preocupación–, su lista no ganó, fue la tercera más votada detrás de las encabezadas por el actual gobernador Miguel Lifschitz (705 mil votos) y Leandro Busato, del Frente Juntos, que obtuvo 320 mil. “La lista de Granata fue la única que se posicionó explícitamente con el eje central en las dos vidas, vinculada al pañuelo celeste, mientras las opciones de los candidatos que tenían posiciones a favor de la legalización del aborto, eran por lo menos cuatro, que si bien no construyeron sus campañas en torno a ese eje, se manifestaron públicamente”, dijo la diputada nacional Lucila De Ponti, activa impulsora de la legalización en 2018, quien desde el 10 de diciembre se mudará a la legislatura santafesina, a la que entró por Juntos. ¿Se trata de un consuelo? No, claro, pero sí pone en perspectiva que magnificar el avance de estos sectores es también otorgarles más poder del que tienen.
Y sin embargo, en la provincia de Santa Fe, donde hay derechos conquistados en salud sexual y reproductiva, especialmente en la ciudad de Rosario, este aluvión de votos es un alerta, que genera preocupación. La aplicación del protocolo ILE con una acepción amplia de la causal Salud fue uno de los blancos de la campaña de Granata&Cía. Ingresarán también en Diputados el pastor evangélico Walter Ghione, que es el artífice de este armado basado en la popularidad de Granata. El tercero será el abogado de Renovación Carismática Nicolás Mayoraz, detractor de los derechos sexuales y reproductivos, tanto en la calle como en los Tribunales rosarinos. Entre otros antecedentes, presentó recursos de amparo contra la píldora del día después en 2008. Será diputada Betina Fiorito, fonoaudióloga, de la ciudad de Santa Fe (capital de la provincia), que antes fue candidata de Cambiemos, pero ahora se sumó a Unite. El quinto es también evangelista, Juan Domingo Argañaraz, integrante de Rafaelinos Por la Vida, la activa agrupación antiderechos que logró ordenanzas de declaración de Rafaela como ciudad Pro Vida y de “protección a las mujeres embarazadas vulnerables”. La sexta es Natalia Armas Belavi, médica, también de la capital provincial.
La banca autodenominada “por la vida” no será la más numerosa, pero tendrá número suficiente para intentar un rol de árbitro. Para Silvia Augsburger, diputada provincial por Igualdad y Participación e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, hay que preocuparse sin desesperarse. “Claramente, acá está funcionando el principio de acción y reacción, el avance histórico, como nunca ha ocurrido, del movimiento feminista está generando esta reacción que por otro lado no es solo en nuestro país”. La legisladora analiza que en la provincia de Santa Fe, el gran tapón para la ampliación de derechos es el Senado actualmente existente, que mantendrá su composición. Allí pierden estado parlamentario leyes como la Educación Sexual Integral, la ley de cupo trans, la ley de paridad, y la ley de Educación. “Eso no tiene nada que ver con Amalia Granata. Para la legislatura santafesina nuestro mayor obstáculo es cómo rompemos esa pared en el senado, no Amalia Granata en diputados, que va a sostener en la agenda de la Legislatura el tema de los derechos sexuales y reproductivos, y eso va a ser un boomerang para ellos, porque el gran desafío de los feminismos es cómo sostener los temas, que no se caigan, que esta ola, esta marea verde, no vuelva al silencio”, consideró la histórica militante por los derechos de las mujeres.
El ingreso de Granata por el filo de la prédica antipolítica es también un rasgo a considerar, y también es un dato regional. En ese sentido, el profesor investigador de la Universidad Nacional de Córdoba y del Conicet, Juan Marco Vaggione, considera que “uno de sus propósitos es canalizar un voto anti-político y moralmente conservador. Este tipo de candidaturas suelen coincidir en una matriz donde la lucha contra la corrupción y la defensa de la una moral sexual restrictiva se construyen como parte de la misma propuesta”, y apunta que “una vez en el poder legislativo, considerando lo sucedido en otros países, se erigen en un bloque pro-vida o pro-familia que, de acuerdo al peso político (a la cantidad de representantes), logra impactar de maneras distintas. En general, suelen ser dos los tipos de proyectos de leyes que impulsan. Por un lado, proyectos vinculados a proteger la vida desde la concepción o la ‘familia heterosexual’ con el propósito de evitar o revertir (incluso clausurar) los derechos sexuales y reproductivos. Por otro lado, proyectos que buscan defender a las minorías religiosas a través institutos como la libertad religiosa o la objeción de conciencia. Este tipo de proyectos tiene como finalidad resistir la vigencia de los derechos sexuales y reproductivos a través de la solidificación de una ciudadanía religiosa que ‘construye’ a los creyentes como una minoría amenazada”.
La sombra de Brasil está cerca, y Vaggione puntualiza que “el éxito de estas alianzas varía en los distintos países de la región. En algunos, este bloque ha logrado impedir o revertir legislaciones favorables a la autonomía y a la libertad sexual y reproductiva. O incluso han logrado éxito en elecciones a cargos ejecutivos (obviamente Brasil como el ejemplo más notable pero no el único). En otros tienen menos peso e influencia. Pero incluso en estos países, la presentación de proyectos de leyes contraria a los DSyR obliga a los movimientos feministas, LGBTI y sectores aliados a colocarse en un lugar de resistencia”.
María Luisa Peralta lo ve de cerca en la Organización de los Estados Americanos, como representante de la organización Akahatá –equipo de trabajo en sexualidades y géneros– y alerta que “hace tres años, no iban organizaciones evangélicas a la Asamblea de la sociedad civil, y este año se anotaron 96, además de las católicas”. La activista plantea que tienen “un acceso a recursos muy grande” y que disputan un espacio en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que este año se renuevan cinco cargos, y hay cinco candidatos, de los cuales dos son antiderechos. “O sea que uno va a entrar seguro, eso antes no pasaba.” “Traen el argumento de la soberanía, y el ataque de fondo es para debilitar el sistema internacional de derechos humanos. Ellos mueven este argumento de la soberanía para todo, en género, pero también cuando hay que investigar masacres del estado o violación de derechos humanos en cárceles”, dice Peralta.
Después de la elección se vieron memes de Granata mostrando la bombacha que usó para su noche de amor promocional con Robbie Williams. Para Vaggione, es interesante que “una figura que implicó cierta ‘transgresión’ televisiva se vuelva paladín de una moral sexual y reproductiva conservadora. Recuerda el caso de Alexadre Frota, estrella porno de Brasil convertido en adalid de la batalla contra la educación sexual en las escuelas. Son figuras ideales para el movimiento conservador ya encarnan una recuperación moral que espejea, de algún modo, con la restauración legal que buscan encabezar desde los cargos públicos”.
