Lucía Pérez tenía 16 años. La mataron en Mar del Plata en octubre de 2016 y su femicidio continúa impune. La Justicia, lejos de profundizar una investigación que aporte verdad, condene a  todos los culpables y pueda devolverles consuelo a su familia, sólo dejó el rastro viscoso de un proceso contaminado por irregularidades y un fallo misógino, criminalizante y discriminatorio, que no sólo miró a la adolescente con desprecio sino que invadió su intimidad para revertir la culpa y alivianarles las penas a los autores del crimen. El movimiento feminsita sigue bramando el repudio y tramando redes que repongan la perspectiva de género como columna vertebral obligatoria en los poderes institucionales. Esta semana, la diputada bonaerense Lucía Portos (Unidad Ciudadana) presentó el proyecto de Ley Abrazo, para evitar la revictimización en los casos en que se investigue o juzgue violencia sexual. Destaca que “en los procesos por delitos contra la integridad sexual de las personas no podrá admitirse prueba referida al comportamiento sexual anterior o ulterior de la víctima o de un testigo”. 

“Estamos presentando un proyecto de ley,  ese ‘Abrazo’ como acto de contención que a la vez ojalá fuera innecesario, y que hemos escrito con un equipo de compañeras movilizadas a partir del fallo vergonzoso de Lucía Pérez, que garantizó la impunidad de su femicidio y está lleno de argumentos revictimizantes, donde se escarba en el pasado sexual de Lucía, en sus preferencias, incluso en sus chats privados para justificar merecer semejante fin”, explicó Portos. “Por eso presentamos un proyecto de dos artículos que modifica el Código Procesal Penal de la provincia, donde se establece que los argumentos que escarban en el pasado sexual de las víctimas no pueden ser utilizados como prueba en juicios y se brindan pautas para que jueces y juezas evalúen la situación en la que se presta el consentimiento para una relación sexual.” Esas reglas evitarían inferencias falaces sobre el consentimiento. “No podrá inferirse del silencio o de la falta de resistencia de la víctima a la supuesta violencia sexual”. Los argumentos estereotipados, advierte la iniciativa, son discriminatorios y dejan desprotegidas a las personas en la sustanciación de los procesos donde se investiga y se juzga la violencia sexual. 

“El consentimiento no puede inferirse del silencio o cuando es extraído a partir de la fuerza o de la coacción, cosas que aparecen en los fallos todo el tiempo”, advirtió la legisladora. “El consentimiento para un acto sexual tiene que ver con decir que sí, no con no decir que no. Porque muchas veces las relaciones de poder y la disparidad en el poder hacen que nos sintamos presionadas y no podamos expresar libremente nuestra negativa.” 

Falta mucho camino para incorporar la perspectiva de género en el Poder Judicial.

–Si en estos días estamos hablando de feministas en las listas legislativas, otro capítulo de la discusión es qué vamos a hacer con el Poder Judicial. La negativa a la capacitación, la obstinación en sostener argumentos machistas al justificar fallos tremendos y la revictimización de las mujeres que sufrimos violencia sexual o de cualquier otra índole. La falta completa de perspectiva de género a la hora de juzgar es una constante en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, y creo que en el de la mayoría de las provincias. Hay mucha presión hacia los partidos políticos y no estamos viendo lo que nos está pasando con la Justicia, que además es un poder vitalicio, y donde caemos en situaciones en las que tenemos mujeres presas por malas madres, como Yanina González, porque sus parejas asesinaron a sus criaturas mientras ellas salieron a trabajar. Las dejaron a cargo de un violento y la culpa es de ellas. Esto lo dice el Poder Judicial en sus fallos. Y tenemos que poder exigirle.

Las pautas que plantea el proyecto podrían ser aplicables a los medios de comunicación. 

–Sí. Es otro poder que está por fuera de la Constitución y que después saca una tapa como la de Noticias de la semana pasada, o ponen “una fanática de los boliches” en el femicidio de Melina Romero, las barbaridades que se dijeron de Lucía Pérez, los titulares de “crimen pasional” o “feroz faena” esta semana, con un femicidio en Corrientes. El pasado sexual de las víctimas no puede ser un argumento válido para la condena mediática ni judicial.

Y en una geografía de violencias crecientes. Al crimen de Corrientes se suman el cadáver de una chica arrojado en el barrio de Colegiales, otra descuartizada en Chaco y una adolescente muerta en Santiago del Estero por un balazo policial en la frente. 

–Las mujeres muertas por su condición de mujeres es algo intolerable en la Argentina de 2019. Necesitamos un Estado que avance en el registro de femicidios. Desde el Instituto Nacional de las Mujeres dijeron que tenían estadísticas oficiales pero no las tienen, y eso nos impide contar con una perspectiva concreta de cuál es el problema y cómo atacarlo. La verdad es que relegarle esa tarea a organizaciones de la sociedad civil que lo hacen con muchísimo compromiso, como La Casa del Encuentro, es bastante perverso. Además, los casos de violencia social estructural van en aumento cuando se tiene una policía desatada. En la provincia de Buenos Aires gran parte de los femicidios están vinculados a las fuerzas de seguridad, y eso se extiende a todo el país. El cabo de Santiago del Estero fue a la casa de una piba de 17 años que no le quiso abrir la puerta y le pegó un tiro en la frente. Cuando existe una habilitación a la violencia por parte del Estado, las mujeres y los más vulnerables somos quienes sufrimos ese incremento.

En estos tres años de Cambiemos, la violencia institucional se derramó especialmente sobre juventud, mujeres y disidencias sexuales. 

–Porque fueron los sectores sociales que más propugnaron por la resistencia. Los pibes de los barrios están viviendo un nivel de persecución  infernal. Cualquier encuesta te dice hoy que los jóvenes son los más reacios a votar a Macri. Las mujeres les hicimos el primer paro nacional y lxs pibxs se niegan a votar a un gobierno del ajuste y conservador. No es casual el ataque.

Sin embargo desde algunos sectores políticos y de un feminismo mediático critican la posibilidad de hacer el cruce ineludible entre violencias y feminización de la pobreza.

–Y, sí. Se quieren quedar con la consigna Ni Una Menos y sacarle la legitimidad. Pero es imposible pensar en un feminismo de contenido liberal. El movimiento feminista argentino es un movimiento de base popular, lo demuestran los Encuentros Nacionales de Mujeres (ENM). No nos conformamos con los derechos individuales porque no estaríamos pensando en la deuda como un tema central de la agenda del feminismo y cómo impacta en la vida de las mujeres. La única solución posible a la crisis económica es endeudarse y lo único que se derrama en este gobierno liberal es la deuda. Se endeuda el Estado a nivel nacional y después tenés que endeudarte vos a nivel familiar: como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las demás políticas sociales están en su mayoría en cabezas de mujeres por nuestro proyecto político, que así lo definió con un criterio claramente feminista de redistribución del ingreso, las principales endeudadas vamos a ser las mujeres. Pervirtieron un instrumento que era emancipador y lo convirtieron en un instrumento de dependencia. Pero las compañeras de los territorios saben del impacto que tiene la deuda en sus vidas, lo que significa ser las primeras en caerse del mercado laboral y en sufrir la violencia estructural al interior de sus hogares. 

Es imposible no abordarlo en una agenda política de gobierno.

–Claro, por eso plantear un feminismo liberal es un oxímoron.  Y más queriendo meter el “sólo discutimos el aborto y el NiUnaMenos en términos de no más femicidios”, sin discutir cuáles son las políticas públicas de fondo que nos van a llevar a esos resultados. Qué políticas de prevención, de emancipación, de redistribución del ingreso nos vamos a dar para que las mujeres no soporten durante toda su vida situaciones de violencias que después terminan en un femicidio porque no tienen independencia económica. Una mujer que se dice feminista y banca terminar con la moratoria previsional que impactaba en las amas de casa, y encima nos acusa a nosotras de no querer el aborto legal, no se puede entender.

Vimos muchas de estas fotos durante el debate por el aborto.

–Cuando son cuestiones que no tienen que ver con la redistribución del ingreso, siempre es más sencillo conseguir consensos. Pero es muy difícil pensar en políticas feministas si no hablamos de redistribución del ingreso con mujeres que apoyan el fin de la jubilación de amas de casa, que ha sido en mi opinión el programa político más feminista en términos de contenido de los doce años del kirchnerismo, porque jubilar a mujeres trabajadoras del hogar significa reconocer el trabajo no remunerado, la existencia de la economía del cuidado. Es difícil plantear sororidad cuando están en disputa dos modelos de país. 

¿Cómo articular entonces en estos escenarios una construcción transversal con agendas comunes y feministas en las listas de los partidos políticos?      

–Es necesaria la sincronicidad de comprender que los feminismos no van a lograr políticas públicas de incidencia si no hay feministas en las listas. Es parte de la discusión que nos tenemos que dar como movimiento y que trasciende lo asambleario como método de organización. Pero luego debe haber contundencia en el reclamo hacia el interior de los partidos. La primera experiencia de transversalidad que tuvimos en la Legislatura provincial fue la Ley de Paridad, con el acompañamiento de todos los bloques e intentando no poner las autorías por encima de los proyectos. Volvió a quedar demostrado en el debate por el aborto en 2018: si no hay feministas en el Congreso, las políticas públicas que necesitan las mujeres y los cuerpos gestantes no consiguen apoyo. Tenemos que  discutir nuestra práctica política como mujeres feministas. No nos conformemos, que la sororidad no sea un pacto de clase entre las que podemos hacer política, excluyendo a las que no tienen esa posibilidad porque deben parar la olla todos los días.

No es fácil, Cambiemos hizo ejercicio político de frenar cualquier proyecto legislativo que provenga de la oposición.

–Nosotrxs tuvimos dos años frenada la Comisión de Asuntos Constitucionales, una de las más importantes de la Cámara de Diputados provincial. Quiero decir que hay temas de la democracia bonaerense que se vieron afectadas de manera radical por el gobierno de María Eugenia Vidal, y no trascendió por el cerco mediático y el cepo de Cambiemos en cuestión legislativa. Podemos remar la transversalidad, pero tratamos con una gobernadora que en su gabinete no tiene una ministra mujer. Por la aplicación del Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) salió eyectada la única ministra que la gobernadora tuvo en su gabinete, Zulma Ortiz. Hoy el ministerio de Salud lo ocupa un varón conservador. Que Vidal sea mujer no garantiza en nada una política de corte feminista o que tome las necesidades de las mujeres y del colectivo Lgttb. De hecho está aprobada la Ley de cupo laboral trans y aún no se aplica.

 ¿Cómo se reponen derechos sexuales y reproductivos en los escenarios parlamentarios actuales, con el “caso Granata” como punta de lanza? 

–Vamos a tener que fortalecer nuestro músculo movilizatorio. La presencia en las calles no es garantía de nada pero es la base mínima de saber que no vamos a retroceder. El martes salió la propuesta programática del Frente Todos,  que expresa un compromiso con la Educación Sexual Integral (ESI). Quiero exigirles a quienes estén en las listas de los diferentes espacios políticos que se pronuncien no sólo a favor del aborto. La cuestión de la ideología de género parece lejana pero está en la Argentina, y se utilizan terrores y fake news para que las familias en estado de alerta no permitan ESI en las escuelas. Debemos tener una mirada estratégica inteligente por parte de los feminismos y no ceder, y también debe darse una política hacia los sindicatos docentes de formación en salud sexual integral. Hay que defender derechos conquistados en los que retrocedimos, tanto en la prestación del servicio de salud sexual en los hospitales públicos, cuanto en las prestaciones de tratamientos hormonales para personas que quieren ejercer plenamente su derecho a la identidad.

Y esto se garantiza con más feministas en las listas.

–Por supuesto, pero feministas en todos los sentidos. En las listas tienen que haber compañeras trans, del movimiento Lgttbi, y compañeros varones que entiendan la perspectiva de género como cuestión de agenda política, y que la comprenda como un estado de injusticia, porque la discriminación que sufrimos las mujeres es un estado de injusticia. Si propugnamos por la justicia social, que sea por una justicia social con perspectiva de género.