El jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró que “no hay un conflicto de intereses” en la condonación de la deuda que el gobierno de Mauricio Macri impulsa a favor de la familia Macri por la falta del pago de los cánones del Correo Argentino, y además, anunció que el Poder Ejecutivo pedirá a la Cámara Federal que "aborde de manera integral" ese caso. Además, dijo que se le solicitará a la Auditoría General de la Nación que se expida al respecto, antes de la firma de un acuerdo. Este escándalo, dijo, “para nada” es parte de “un problema político” sino, más bien, un tema “de índole técnica y judicial”.
Durante una conferencia de prensa en Olivos, el jefe de ministros anticipó que el Gobierno solicitará “una audiencia de carácter urgente” a la Cámara para pedirle que “aborde la problemática de manera integral” y que investigue, además, los motivos por los cuales los sucesivos gobiernos desde 2002 no llegaron a un acuerdo con el Grupo Macri por el Correo.
En este sentido, el funcionario echó mano al repertorio PRO de la "pesada herencia" y deslizó que la idea es que se investigue el rol de los gobiernos del Frente para la Victoria, "luego de 12 años de desidia y de no resolución" del conflicto.
A esa medida judicial se le sumará un pedido a la Auditoría General de la Nación, para que elabore “un análisis técnico” del caso antes de que se concrete una eventual firma del acuerdo entre el Poder Ejecutivo con el grupo empresarial encabezado por Franco Macri, padre del Presidente. “Esto es para evitar cualquier duda sobre la posibilidad de un conflicto de intereses, que no creemos que lo hubiera”, subrayó Peña, quien durante la conferencia estuvo acompañado por el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad.
En su intento de despegar a la gestión de Macri de un posible conflicto de intereses con el grupo empresario -que él integró hasta 2009 y del que siguen participando su padre, sus hermanos y sus hijos-, Peña insistió varias veces en que el Estado es uno más de los tantos acreedores que tienen los ex dueños del Correo Argentino. “No es un acuerdo entre el Estado y la empresa” sino con “600 acreedores, entre los cuales está el Estado”, dijo. No obstante, quien impulsa la condonación que implica una quita del 98,87 por ciento de la deuda es el Estado, representado por el Ministerio de Comunicación y en manos de Macri.
Aguad, por su parte, intentó reforzar la idea de que el primer mandatario no tuvo nada que ver en nada. Dijo que “el Presidente jamás se interesó por ese tema” y aseguró que lo único que les pidió fue “que tratáramos de solucionarlo con los tres poderes del Estado”. Pasó por alto su condición de subordinado del Presidente, quien de un momento para otro puede desplazarlo de su cargo en caso de que no le guste lo que hace.
“¿Cuál fue el rol que tuvo Macri, entonces?”, le preguntaron. “El Presidente no ha intervenido en este tema sino que lo hicieron el Ministerio de Comunicaciones y su Dirección de Asuntos Jurídicos”, respondió Peña, según quien el tema llegó a los despachos de Casa de Gobierno “una vez que empezó el debate político” y no antes. Lo que se conversó fue “para ver cómo se planteaba un mecanismo institucional” que pudiera sacarlo de la controversia dijo y repitió: “En el proceso del acuerdo nosotros no intervenimos” desde la política porque “es un debate técnico judicial”.
El ministro coordinador señaló, por otra parte, que tanto el pedido de urgencia a la Cámara Federal como así también la intervención de la AGN antes de la firma de un eventual acuerdo fueron propuestas hechas “por indicación del Presidente”. En la presentación a la Cámara se solicitará que se revisen las “actas firmadas con el gobierno anterior que finalmente no prosperaron” y que hablan de que “el tema no se resolvió en 12 años”.
A la Justicia no solo se le pedirá que amplíe la investigación del tratamiento de la deuda del Grupo Macri durante las anteriores administraciones, sino también que en el caso se “incorpore en el análisis los juicios que la empresa Correo Argentino le hizo al Estado”. El derrotero de las acciones del grupo y de los sucesivos gobiernos fueron publicados en la edición de hoy de Página/12.
Hasta ahora, el órgano comprometido a iniciar un análisis integral del caso es la Oficina Anticorrupción, en manos de la macrista Laura Alonso. Para Aguad, sin embargo, la intervención de este organismo no se justifica: “Es un tema que nada tiene que ver con la corrupción”, elucubró.
Aguad también se mostró dispuesto a dar explicaciones de todo ante el Congreso. De hecho, asistirá esta tarde a una reunión con diputados aunque sin la presencia de los integrantes de la oposición. Lo explicó de manera escueta: “Me ha convocado el bloque del oficialismo y voy a ir”.
