La suba del desempleo por arriba de los dígitos hasta el 10,1 por ciento que informó el Indec implica el salto de una barrera simbólica que despierta nuevas presiones de las entidades sindicales para la aplicación de medidas paliativas. Desde la CTA, Hugo Yasky planteó que “se va a presentar el proyecto para sancionar la ley antidespidos en términos similares a los que existían a principios de los años 2000. Se va a pedir la prohibición de despidos, medidas para sostener el empleo con líneas de crédito accesibles para pymes y la posibilidad de una doble indemnización. Para la Argentina es una regresión social sin precedente tener dos dígitos de desocupación”. En tanto, Héctor Daer, de la CGT, indicó que “es parte de la película que venimos viendo sobre la caída de la actividad económica y productiva. Venimos reclamando la ley antidespidos hace rato”.

La tasa de desocupación urbana del primer trimestre se ubicó en el 10,1 por ciento, lo que implica una suba de un punto porcentual respecto de igual período del año pasado (9,1 por ciento). También aumentó un punto frente al último trimestre de 2018, informó el Indec. Se trata de la mayor cifra desde el tercer trimestre de 2006 (10,2 por ciento).

En 2016, el Gobierno ya vetó una ley antidespidos sancionada por el Congreso Nacional. Esa norma prohibía por 180 días los despidos sin causa y las suspensiones y establecía que ante la contravención por parte del empleador, el trabajador o la trabajadora podía optar por reclamar en la justicia la reinstalación en el puesto de trabajo y el pago de salarios caídos o bien convalidar su despido y percibir una indemnización agravada en un 100 por ciento. En ese momento, Macri frenó la aplicación.

La ley vetada buscaba hacer una reedición de la suspensión de despidos y el agravamiento indemnizatorio originariamente ideado por la ley 25.561 y luego complementado por la ley 25.972, en el marco de las leyes de emergencia económica de 2002. Mientras la primera norma estableció la suspensión de los despidos y el pago de una indemnización agravada en caso de cesantías, la segunda prorrogó la medida hasta que la tasa de desocupación fuera justamente inferior a los 2 dígitos. En 2007, el decreto 1224 dio por cumplida la condición prevista para la indemnización agravada porque según el Indec el desempleo se ubicaba por debajo del 10 por ciento.  

Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA, consideró que “si bien la CTA apoya las medidas de freno de despidos, cabe resaltar que el contexto de aplicación de la norma en contra de los despidos era muy distinto en la crisis de 2002 en relación a la situación actual. Por eso, hay que evaluar qué grado de efectividad tendría como freno para los despidos. En 2002 estaba ocurriendo un rebote muy grande del nivel de actividad, junto a la caída del costo laboral por la devaluación y la inflación y la decisión política de fortalecer el mercado interno. Ahora, sin perspectivas de recuperación económica, la doble indemnización o un mecanismo similar podría tener efecto disuasivo en las grandes empresas, aunque en general impactaría en la cantidad de juicios laborales de parte de trabajadores despedidos”.

Pese a que el Gobierno insiste en inocular el mensaje de que la crisis económica tocó fondo, las cifras oficiales de desocupación y de la actividad económica lo desmienten. En el primer trimestre del año, el PIB sufrió una contracción del 5,8 por ciento que sigue ocasionando cesantías en distintas ramas productivas.