La Organización Internacional del Trabajo (OIT) sancionará un convenio sobre violencia y acoso laboral con perspectiva de género que, si es ratificado por el Congreso, tendrá rango constitucional en nuestro país. “Este es un convenio histórico porque amplía los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. Es un piso de derechos que esperemos que logre cambiar el mundo del trabajo en el mundo entero”, dijo a PáginaI12 María Fernanda Boriotti, secretaria general de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa), quien participó de las asambleas realizadas por el organismo internacional .

El convenio, que incluye a empresas y trabajadores públicos y privados, “hace hincapié en que se tiene que tener un abordaje desde la prevención”. Boriotti explicó que tanto las empresas privadas como el Estado, en calidad de empleador, deberán brindar “información accesible y en el idioma que corresponda” una vez que se ratifique el documento.

“En Argentina se está trabajando mucho este tema hace años gracias al movimiento de mujeres, que ha luchado por erradicar la violencia de género y el acoso, pero todavía resta trabajar con sectores vulnerables –opinó la dirigente sindical–. Hay feudos donde aún tienen niños trabajando y violar a una trabajadora está concebido como algo normal. Esto está relacionado al patriarcado y a la concepción que hay en algunos sectores que creen que esto está bien y debe ser así”.

La secretaria general de Fesprosa afirmó que con la implementación del convenio se busca proteger a aquellas personas que tengan más posibilidades de ser víctimas de violencia y acoso laboral. “Se trató de ampliar la mirada de quiénes pueden ser víctimas. Los jóvenes, por ejemplo, sufren más violencia laboral que un trabajador de mediana edad”, señaló.

Sin embargo, representantes de algunos gobiernos y empleadores se negaban a definir quiénes podían ser esos “sectores vulnerables”.  “Muchos países, como Rusia, Bangladesh o Irak tenían posiciones muy retrógradas. Incluso países del África, que acompañaban muy bien las posturas de los trabajadores, se levantaron de la mesa por esto”, recordó Boriotti y señaló que algunos de estos países, como Rusia, “tienen criminalizada la homosexualidad”. “Finalmente no están nominalizados todos los grupos, pero quedó referenciado a otros pactos previos de Derechos Humanos, por lo que quedan incluidos todos. Mujeres embarazadas, jóvenes, distintas etnias, migrantes y todo lo relacionado a la diversidad sexual”, enumeró.

La dirigente sindical aseguró que el convenio también protegerá a “todo tipo de trabajador”. “Al que está en blanco, al trabajador precarizado, a quienes están en formación, como los pasantes, e incluso a quien está buscando empleo, que son un blanco fácil para el acoso y la violencia”, sostuvo y afirmó que en la concepción del texto “se tuvieron en cuenta normativas fundamentales de la OIT”.

Boriotti destacó que el convenio no contempla a los empleadores como posibles víctimas para proteger el derecho a huelga. “Un empleador puede ser General Motors o Monsanto, entonces se tiene en cuenta a una persona encargada, con nombre y apellido, que sí puede ser víctima de violencia”, detalló. Si se considerara a los empleadores como posibles víctimas, explicó la dirigente sindical, éstos podrían argumentar que una huelga es un acto de violencia contra ellos.

Asimismo, el convenio delimita cuáles son los espacios donde se considera que hay acoso o violencia laboral. Boriotti señaló que no sólo se tiene en cuenta el espacio de trabajo, como puede ser la oficina, sino que las situaciones de acoso o violencia suelen darse en reuniones laborales. “Hay que hablar del mundo del trabajo y no del lugar de trabajo. Se hizo una enumeración de espacios físicos que están relacionados: un vestuario, un comedor, una reunión social. Poder decir esto claro abre el panorama”, afirmó.

La elaboración de este convenio se inició en 2016. “Se hicieron asambleas tripartitas con representantes de los gobiernos, los empleadores y los trabajadores y otras por sector”, detalló la secretaria general de Fesprosa, quien participó de los encuentros junto a Viviana García, directora del Instituto de Formación, Capacitación e Investigación (IFCI) del sindicato. “Se veían bastante la políticas hegemónicas en el mundo y que países tenían una mirada más progresista”, describió y señaló que los gobiernos que más acompañaron la postura de los trabajadores pertenecen a la Unión Europea y África.

Boriotti expresó su confianza en que la normativa será ratificada por el Congreso argentino. De esta manera, el convenio tendría rango constitucional, gracias a la reforma realizada en 1994. “En Argentina se trabaja este tema, incluso muchas provincias cuentan con licencias por violencia de género, que claramente afecta al trabajo. Creo que es un buen convenio y que se va a ratificar porque ha sido algo que ha atravesado no sólo a los gremios, sino también a otros sectores políticos y sociales”, opinó.

Informe: Ludmila Ferrer.