Va sin nombres: Un juez investiga una red que realiza escuchas ilegales para extorsionar a empresarios o conseguir declaraciones ante la justicia. Tres de las investigadas acusan a su vez al juez de direccionar la causa con intenciones políticas. Y como prueba presentan.... ¡escuchas ilegales!

Va sin nombres: Un juez tiene que investigar la desaparición de una persona en el marco de la represión a una protesta social. Y el juez, en vez de intervenir el teléfono de los presuntos responsables (los represores) interviene los teléfonos... ¡de la familia de la víctima!

Va sin nombres: Un juez ordena escuchas a presos por narcotráfico, pero se realizan escuchas a presos políticos (opositores a este gobierno que fueron encarcelados sin condena o con juicios amañados). Las grabaciones se utilizan –aunque está expresamente prohibido– para otra causa que no tiene relación con la que motivó la orden del juez. Y son grabaciones de detenidos con... ¡sus abogados defensores!

Va sin nombres hasta ahora, no porque no haya responsabilidades, sino para enfatizar que el procedimiento es espantoso, más allá de quiénes lo practiquen.

En mayo, el relator especial de la ONU sobre derecho a la privacidad, Joseph Canataci, estuvo dos semanas en Argentina y se reunió con 150 funcionarios. El informe fue apabullante: “Durante mi visita, he observado una falta general de confianza en los servicios de inteligencia de Argentina. Muchas personas sospechan que están personalmente bajo vigilancia y que los agentes de inteligencia actúan sin supervisión ni vigilancia”.

Con los nombres: el juez que investiga a la red integrada supuestamente por agentes de inteligencia, legisladores, periodistas y funcionarios judiciales, es el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla. Entre los imputados en esa causa, las tres que denunciaron con escuchas ilegales al juez son Elisa Carrió, Paula Oliveto y Mariana Zuvic.

Los otros nombres: el juez que investigaba la desaparición de Santiago Maldonado en el marco de la represión a una protesta mapuche era Guido Otranto, quien hizo espiar a la familia Maldonado. El juez que ordenó escuchas al “Rey de la Efedrina”, Mario Segovia, detenido en Ezeiza, es Federico Villena, pero bajo esa orden grabaron también conversaciones de los presos políticos con sus abogados.

Como estas grabaciones no tienen ninguna relación con la orden del juez, deberían haber sido quemadas. Pero Villena envió copias a otros juzgados, las grabaciones ilegales se filtraron y fueron difundidas en los programas de Luis Majul y Jorge Lanata quienes aseguraron que les habían llegado en forma anónima, o sea que para ellos eran apócrifas e igual las difundieron sin comprobar su veracidad. También fueron publicadas en forma reiterada en Clarín y La Nación como parte de la misma campaña de difamación en pleno periodo electoral.

Estas conversaciones no solamente no tienen relación con la supuesta causa madre de Villena, sino que además no comprueban absolutamente nada si no se sacan de contexto y se reinterpretan. No sirven como prueba, igual que las fotocopias famosas. Solamente tienen uso para la manipulación mediática y las fake news o noticias falsas.

La utilización a mansalva de estos procedimientos hace desaparecer garantías constitucionales elementales como el derecho a la privacidad o el derecho mínimo, en cualquier democracia, a la defensa. El escándalo en el ámbito del derecho sobrepasó las fronteras partidarias. Ningún abogado decente macrista o kirchnerista o socialista o comunista puede aceptar la naturalización de estos procedimientos.

El escándalo llegó hasta Naciones Unidas, que amonestó al Gobierno con señalamientos muy graves. En primer lugar, advirtió sobre “el uso excesivo de las interceptaciones, tratadas como una medida ordinaria de investigación para todos los tipos de delitos y no como el último recurso para los delitos graves”. El informe criticó además “la debilidad de los controles en la cadena de custodia sobre el acceso al contenido de las interceptaciones”, y lamentó “la falta de un control independiente sobre el uso de las interceptaciones”.

La utilización de los servicios de inteligencia para controlar a la oposición política es el síntoma de dictaduras. O de democracias de muy baja intensidad como la que la ONU detectó en este país para vergüenza de quienes dicen que gobiernan “en nombre de la República” y son responsables de estas prácticas abusivas y autoritarias que sólo tienen precedente en dictadura. No existe República sin respeto a las garantías constitucionales.

Algunos de los abogados cuyas conversaciones con sus defendidos fueron “interceptadas” son Adrián Albor, que defiende a Luis D’Elía; Juan Pablo Alonso, que defiende a Roberto Baratta y Daniel Llermanos, que defiende a Fabián De Souza. Según Jorge Rizzo, las autoridades del Colegio de Abogados tuvieron una reunión con el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, y le informaron que “no paran de recibir denuncias de abogados ante el festival de escuchas y por el hecho de que son intervenidas las conversaciones privadas de personas que están presas incluso cuando hablan con sus abogados, lo que es ilegal”.

En declaraciones a la periodista de PáginaI12 Sofía Caram, Llermanos aseguró que armaron una suerte de “set televisivo” para grabar los encuentros entre los presos y sus letrados. “Siempre los abogados pudimos entrar de a diez o de a quince a ver a nuestros defendidos –dijo Llermanos– porque hay doce o catorce locutorios contiguos. Pero ahora, en estas causas sensibles, cuando uno va a ver a los llamados presos vip, nos dejan entrar solamente de a uno y el diálogo es en una sala especial. Todos creemos que es porque tienen un solo estudio de grabación en el pabellón.”

Son temas que alimentaron el debate sobre la práctica del periodismo de guerra y la guerra jurídica como armas políticas que desnaturalizan al periodismo y la Justicia. El tema fue planteado por Alberto Fernández, por Mempo Giardinelli y el ex juez de la Corte Raúl Zaffaroni en charlas y declaraciones periodísticas que fueron deformadas por la prensa oficialista.

Los jueces de la Corte Carlos Ronsekranz y Horacio Rosatti salieron en defensa del Poder Judicial. Lo hicieron tomando esas declaraciones sacadas de contexto. Pero estos dos jueces justamente fueron protagonistas de una de las acciones menos republicanas de este gobierno cuando intentó designarlos por decreto.

El escándalo de las escuchas ilegales, denunciado por la ONU, por el Colegio de Abogados y por abogados defensores de presos políticos desbordó cualquier intento de tapar la situación con una defensa corporativa.

La Corte sacó finalmente una acordada donde subrayó que “la obtención furtiva de datos personales o información sensible que no encuentra fundamento en una investigación judicial, la elaboración de registros meramente´preventivos, la divulgación, tráfico o comercio de los datos obtenidos en base a una finalidad originariamente lícita, la amenaza o el chantaje derivados de la posesión de datos íntimos que no resultan conducentes para el esclarecimiento de un delito, no solo deben ser prevenidos y castigados por la ley y la jurisprudencia subsecuente, sino que deben merecer el máximo repudio social, pues constituyen un atentado a la confianza pública”.

“Deben ser prevenidos y castigados por la ley.” La única forma de interpretar esa frase es que debe continuar la investigación de Alejo Ramos Padilla y que se caen las denuncias que le hicieron. Pero que además debe presentarse a declarar el fiscal Carlos Stornelli, muy implicado en las declaraciones del espía Marcelo D’Alessio y del ex marido de su actual pareja.

Casi toda la batería de recursos del oficialismo para competir en estas elecciones proviene de este arsenal sucio que desnaturaliza instituciones básicas para la convivencia democrática. La acordada de la Corte pareciera ponerle un límite aunque todavía es nada más que una declaración. Son palabras que deberían producir efecto sobre políticos, periodistas y funcionarios judiciales que forman parte de esta escalada junto con los servicios de inteligencia.