El gobierno está impulsando el tratamiento del Proyecto ingresado en el Senado con el nombre “Regularización del empleo no registrado, lucha contra la evasión en la seguridad social, registración laboral”. Como todas las iniciativas del gobierno de Cambiemos en materia de política laboral se parte de la base que otorgando mayores beneficios a los empleadores y recortando derechos a los trabajadores se pueden corregir los problemas del mercado de trabajo mejorando la calidad del empleo y reduciendo el empleo no registrado.

El mencionado proyecto establece un régimen de regularización de las relaciones laborales en donde los empleadores incumplidores podrán: regularizar relaciones laborales clandestinas,  la fecha de ingreso en los casos en que las hayan registrado en fechas posteriores a la de real comienzo de prestación del servicio y/o subestimando sus remuneraciones, garantizándoles la extinción de las acciones penales, multas y sanciones de cualquier naturaleza correspondientes a dicha regularización; más la condonación de las deudas por los aportes a la seguridad social no realizados comprendiendo el perdón tanto el capital como los intereses. La regularización incluye la baja del  Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal) siempre que se regularice la totalidad de los trabajadores por los cuales la empresa ingresa a dicho registro. El trabajador registrado por este método, cualquiera sea su antigüedad no podrá computar más de 60 meses de antigüedad; y solo por un monto equivalente al promedio del  salario básico inicial del convenio colectivo  de trabajo aplicable a la relación laboral. Los meses regularizados no podrán ser considerados en caso que el convenio establezca algún adicional por antiguedad a los efectos del cobro del mismo.

El proyecto además exime a todos los empleadores que se adhieran a este proceso  por los trabajadores regularizados de las contribuciones a las seguridad social por un periodo de dos años; y además prevé que los empleadores que contraten nuevos trabajadores en el plazo de un año desde la reglamentación también gozarán de la exención de las contribuciones con destino al Sistema Integrado Previsional (SIPA) durante dos años desde la registración.

En resumen, es un proyecto que propone condonar deudas e intereses por incumplimientos en materia de seguridad social, eliminar multas establecidas por los mismos, eximir el pago de contribuciones por 2 años para nuevos empleos y a la vez no afectar el financiamiento de la misma punto totalmente incongruente con todos los anunciados anteriormente. A la vez que propone un montón de oportunidades para los empleadores incumplidores, no propone un solo beneficio a empleadores cumplidores generando una situación regresiva e inequitativa.

La experiencia reciente en la Argentina y la región demuestra que no es con este tipo de políticas que se puede mejorar la calidad del empleo; sino que es clave tener instituciones que regulen adecuadamente las relaciones de trabajo y fortalecer la economía agregándole valor agregado y competitividad

* Docente de la UBA y de la UNQ.