El Poder Ejecutivo dispuso la creación de la Comisión para la Reforma del Código Penal que será presidida por el titular de la Cámara Federal de Casación Mariano Borinsky, como había anticipado Página/12. La comisión deberá elevar en el plazo de un año un anteproyecto que concentre toda la legislación en un único cuerpo normativo.
La medida fue publicada hoy en el Boletín Oficial, a través del decreto 103 que firmaron el presidente Mauricio Macri y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Resulta imprescindible que la normativa punitiva nacional sea adecuada a los compromisos asumidos en el plano internacional, en particular en lo atinente a la vigencia de la protección de los derechos humanos y de la persecución del terrorismo, del narcotráfico y la corrupción", afirma el decreto.
La Comisión estará integrada por funcionarios de la Administración Pública Nacional, integrantes del Poder Judicial de la Nación y provinciales, de los Ministerios Públicos y docentes universitarios.
El juez federal Hernán Borinsky, nombrado presidente de la Comisión, es uno de los camaristas de Casación que impulsó la reapertura de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Kirchner por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA, denuncia que había sido desestimada en cuatro ocasiones por dos instancias judiciales inferiores.
Borinsky definió hoy como uno de los objetivos del trabajo que se encararán la incorporación de delitos que hace cien años no existían, junto a la actualización de las penas. Mencionó entre estos delitos el femicidio, el lavado de dinero, la trata de personas, los delitos en espectáculos deportivos, contra el medioambiente y contra el Estado.
La última comisión para reformar el Código Penal fue creada en 2012 y estaba integrada por el entonces diputado nacional Federico Pinedo (PRO), los juristas Eugenio Zaffaroni, Ricardo Gil Lavedra y León Arslanian y la ex legisladora socialista María Elena Barbagelata. En 2014 entregaron un anteproyecto para su debate en el Congreso que no llegó a ser tratado.
Barbagelata planteó hoy que la nueva comisión debería incluir modificaciones basadas en una perspectiva de género, entre las que mencionó la "despenalización de la interrupción del embarazo en el primer trimestre de gestación".
En un comunicado, enumeró que también deberían tenerse en cuenta figuras como la legítima defensa privilegiada en caso de violencia, los delitos contra la integridad sexual y la trata y explotación de la prostitución ajena. Añadió que deben incorporarse “los delitos que pueden cometer personas jurídicas”.