La Cátedra de Criminología y Control Social de la Facultad de Derecho, (UNR) presentó un informe ante el Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas (SPT) en donde denuncia la "excesiva mora" del estado santafesino en aplicar un programa que prevenga la misma.

"Denunciamos en detalle ante el SPT la actual situación de implementación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura en Argentina, del cual es el órgano responsable de su seguimiento. Y pusimos de relieve la excesiva mora del Estado provincial en el cumplimiento de su obligación de crear y poner en funcionamiento un Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura, tal como lo establece la Ley nacional 26827 sancionada en el año 2012, promulgada en enero de 2013, y reglamentada en abril de 2014, mediante decreto 465/2014", explicó el criminólogo Enrique Font. Además el docente universitario explicó que también denunciaron "que el actual proyecto de ley de creación de Mecanismo Provincial, presentado por la legisladora oficialista Alicia Gutiérrez y que obtuvo la aprobación de la Cámara de Diputados en noviembre pasado viola ostensiblemente los requerimientos nacionales e internacionales para la creación de órganos de control como son los Mecanismos. Esto es porque el proyecto de ley mencionado, al igual que sus predecesores, no cumple integramente ni con el Protocolo Facultativo, ni con los documentos, recomendaciones y jurisprudencia del SPT, ni con la Ley nacional 26827 y su decreto reglamentario", agregó.

Para la cátedra que dirige Font los principales desajustes se refieren al principio de independencia funcional, financiera y personal, recursos económicos y humanos adecuados, infraestructura, dedicación y remuneración de sus integrantes, así como también de sus facultades.

"Además de estas cuestiones, también denunciamos que la integración propuesta y el procedimiento para la selección y designación de integrantes previsto por dicho proyecto que deja sin la debida autonomía, independencia y objetividad al organismo a crearse. Esto -agregó Font- en tanto la integración se establece con dos representantes designados por la Defensoría del Pueblo y dos por el poder ejecutivo provincial y solamente una persona propuesta por la sociedad civil, lo que la convierte en absolutamente violatoria del Protocolo Facultativo y un caso sin igual entre las leyes de otras provincias".

Para el criminólogo el anteproyecto en cuestión "no solo viola la convención y la ley nacional por varias de sus disposiciones, sino porque se ha sancionado sin la participación amplia y activa de organizaciones de la sociedad civil, lo que también constituye una obligación impuesta por la convención internacional".

"Todo ello -advirtió Font- es aún más preocupante si se considera que el avance de dicho proyecto de ley de creación de un Mecanismo de Prevención de la Tortura en la provincia, se realiza ignorando las sendas advertencias, recomendaciones, sugerencias, pedidos y propuestas que tanto organismos de derechos humanos, instituciones estatales como la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, esta Cátedra y otras hemos realizado, en numerosas oportunidades, a la legisladora autora del proyecto y a otros legisladores y legisladoras provinciales".

En junio pasado, desde la Cátedra conjuntamente con el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal se presentó un anteproyecto de ley de creación del Mecanismo Provincial que se adecuaba plenamente al Protocolo Facultativo. El mismo contó con la adhesión del Foro Contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe y la Coordinadora de Trabajo Carcelario.

En esa presentación de junio de 2016 se solicitaba que como paso previo al tratamiento de cualquier proyecto, la legislatura convocara a la amplia participación de organizaciones de la sociedad civil para discutir previamente al avance legislativo de cualquier proyecto de ley de creación de un mecanismo. "Nada de esto se concretó", indicó Font.