Tras el allanamiento de un lugar donde se realizaban abortos clandestinos en Mitre 1224, y la imputación de un hombre de 83 años y una mujer de 59 como responsables de esas prácticas, la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir -que nuclea a 1200 personas en todo el país- recordó que el estado tiene la obligación de difundir el protocolo de atención a personas con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), que está vigente en todo el país y se aplica en Rosario, donde no hay muertes por abortos en condiciones inseguras desde 2012 en el sistema público de salud. En ese sentido, ratificaron que continuarán "acompañando a quienes así lo necesiten, en el marco de la legislación vigente, aplicando el protocolo de ILE, dentro del sistema de Salud, de un modo seguro, científicamente adecuado, con la complejidad que cada situación requiera desde nuestros equipos de trabajo". La Red se manifestó "en contra de la clandestinidad por los riesgos en la salud integral que conlleva". Justamente el consultorio allanado el pasado jueves se encontraba en malas condiciones de higiene, según detalló el fiscal Aníbal Vescovo. En su mensaje, los profesionales aseveraron que la ilegalidad "propicia la existencia de estos lugares clandestinos donde prima el lucro, por sobre el derecho a la salud integral de las mujeres y personas gestantes". Y reafirmaron que seguirán "luchando por la aprobación de la ley de IVE para garantizar la salud y la vida de las personas con capacidad para gestar".
