Con pedidos de cinco años de prisión para los imputados, Fiscalía y querella concluyeron ayer que todas las pruebas vertidas en el juicio por la explosión del edificio de Salta 2141, conducen a condenas. El fiscal Miguel Moreno acusó tanto al gasista, Carlos García, como a su ayudante, Pablo Miño, a quien le achacó haber sido el encargado de cerrar la llave de suministro para que su patrón cambiara el regulador. "Se la quiso cerrar y se pensó que ya lo estaba", dijo. También apuntó a los imputados por Litoral Gas, ya que tenían la obligación de "velar por que el suministro se brindara de manera segura"; mientras que a los administradores del edificio les imputó no haber cumplido con el deber de "velar por el bien de las personas que lo habitaban". En la previa, Sonia, querellante y madre de Débora Gianángelo, pidió la palabra: "No importaron las vidas humanas, se priorizó a 300 mil usuarios cuando se podrían haber salvado vidas a tiempo. Hago responsable a la gerenta (Viviana Leegstra) porque mi hija perdió la vida por asfixia", sollozó la mujer. Las defensas de los imputados, a su turno, negaron las acusaciones y hoy serán los abogados de los gasistas quienes brinden sus alegatos.

"Quizás nunca más en la vida nos toque trabajar en un hecho como éste, que no tiene antecedentes en la ciudad", dijo el fiscal Moreno en los alegatos, y habló de "acciones y omisiones". El 6 de agosto de 2013 se produjo una explosión por fuga masiva de gas, a causa de una "suma de circunstancias anteriores y posteriores", analizó el fiscal. y ese contexto lo llevó a concluir que hubo "un obrar negligente y antirreglamentario".

"En Litoral Gas hubo relajamiento de obligaciones. Aunque se quiera presentar como una empresa seria, en seguridad deja qué desear".

Una de las novedades llegó cuando el acusador nombró a Miño. "No tenía mucho tiempo como ayudante eventual de García. Aunque no hacía trabajos de gas, esperábamos prudencia, como mínimo: no debía realizar tarea alguna sin supervisión de García", dijo. Y agregó: "Fue visto trabajando dentro del gabinete y la conclusión de una de las pericias es que sería difícil que García haya tenido tiempo de hacer todas las operaciones que llevaron al desenlace. Al hacer fuerza (que se requería para manipular la válvula), sin poder girarla, creyó que estaba cerrada". Por eso habló de "negligencia de García al intentar cambiar el regulador sin asegurarse que Miño hubiera cerrado el gas". También les achacó "no haber llamado a los timbres (del portero eléctrico) para avisar a los vecinos de lo que estaba pasando", observó Moreno.

En tanto, agregó que García actuó, "primero, de manera antirreglamentaria y luego negligente". Y le achacó: "Sabía que no podía manipular la llave de servicio, ni su ayudante; no hizo un relevamiento previo de lo que tenía que hacer, incluso hay dudas de si debía cambiarse el regulador. Lo sacó sin asegurarse que la válvula estuviera cerrada y luego se retiró en lugar de impedir la catástrofe", infirió sobre lo que de todos modos, "no le quita responsabilidad a la empresa".

Sobre Litoral Gas, recordó que la válvula de servicio le pertenece. "La fuerza que había que hacer y las herramientas que había que usar para manipular la válvula contradicen los dichos de Leegstra. Esto pasó por falta de mantenimiento", aseguró sobre las pruebas que dejó la pericia. El fiscal recordó las multas por incumplimientos que emitió Enargas tras el hecho. "Hubo relajamiento de las obligaciones que les incumbían", achacó Moreno. "Más allá de que se quiera presentar como una empresa seria, en materia de seguridad, sobre todo en lo que incumbe a Leegstra, deja qué desear". También habló de la "falta de optimización del tiempo para interrumpir el servicio, por tener un solo equipo para el corte". Sobre protocolos, dijo que "cuando un gasista va a consultar no se consigna el motivo ni el contenido de la respuesta", en los formularios. "Es crucial para determinar la posición de la empresa en cada cuestión técnica", reprochó.

Finalmente, Moreno planteó que "el delito de estrago incluye poner en peligro la seguridad común, mientras hay peligro. El primer momento fue hasta la explosión; y el segundo, hasta la sofocación del incendio. Se extendió en tiempo la situación de peligro", dijo.

"La pena que pedimos queda chica, pero es lo que la ley nos permite. Este hecho va a pasar a la historia; que la Justicia también lo haga".

Sobre la administración Calvillo, planteó: "Se ventiló que una de las causas por la que se optó por contratar a García fue la cuestión económica. Hoy entendemos que la única causa fue que García podía mantener a Litoral Gas afuera. García sabía cómo se manejaba la oficina técnica y garantizó a la administración que la prestataria no iba a intervenir en este trabajo, que hasta el día de hoy no sabemos si era necesario". Para el fiscal, la empresa "tenía que estar al margen porque sino el consorcio sería exigido a adecuar las instalaciones de la red y generar una interrupción del suministro por tiempo prolongado". Tras ello, consideró que hicieron una "puesta en escena para dar apariencia de seriedad".

La mamá de Débora

"En estos días escuché muchas verdades y muchas mentiras. Gente que sabía verdades y podría haber ayudado al juicio, pero no las dijo", dijo Sonia, la madre de la joven Débora Gianángelo -una de las 22 víctimas fatales de la catástrofe- y querellante en la causa. "Nosotros somos de Arteaga, a 120 kilómetros de Rosario. Ese día, yo estaba preparando mi casa porque el jueves cumplía los 60 y mi hijo los 30. Después de las 9 me llama una vecina y me pregunta por Debo. '¿Entonces no sabés nada de lo que pasó?', me preguntó; y empezó a gritar. Yo corría con el teléfono, no sabía qué hacer, a quién llamar. Mis hijos no atendían, mi casa se llenó de gente. Llamé al novio de Débora y me dijo que me prepare, que ya me pasaban a buscar. Cuando llegamos era todo caos". Y recordó; "Todos los fines de semana, desde que empezó el problema con el gas, Débora nos decía 'vamos a morir todos quemados; va a explotar todo'. Yo le decía que no diga eso. Y pudimos arreglar el problema de su departamento con mucho sacrificio, pero no era ese el problema. Acá estoy para pedirles justicia por mi hijita y las demás víctimas. Yo sé que nadie me la va a devolver, pero queremos que los responsables de esto paguen por lo que hicieron", reclamó la mujer que nombró a cada una de las 22 víctimas. "En sus manos está la justicia y confiamos en ustedes", le dijo al tribunal.

Los abogados de la querella, en tanto, plantearon que cada uno de los once imputados (la Fiscalía acusa a nueve) pudo contribuir para evitar el siniestro. "La peor tragedia de la ciudad de Rosario, la Amia, Cromagnon, una zona de guerra… esas han sido las referencias que hicieron algunos de los testigos para intentar comparar este suceso. Hemos acreditado en su totalidad nuestra teoría. No hubo un testigo estrella en el que se basara toda la teoría. Sino que varios testimonios la acreditan", reforzaron.

Al terminar, los representantes legales de la familia Gianángelo concluyeron: "La pena que pedimos queda chica, pero es lo que el legislador nos permite. Este hecho va a pasar a la historia; que la Justicia también lo haga. Nadie quiso la tragedia, pero la negligencia y ligereza también se deben castigar", reclamaron.