El ginecólogo declarado culpable de obstaculizar un aborto legal en Cipolletti a una víctima de violación será candidato a diputado nacional por el partido Demócrata Cristiano en la Ciudad de Buenos Aires. Si bien el médico Leandro Rodríguez Lastra integra una lista proclamada como completamente celeste –por su posición antiabortista, incluso en casos legales–, lo más llamativo de la postulación es que en dos semanas la Justicia dará a conocer su pena que podría incluir la inhabilitación para ejercer como funcionario público.

Según fuentes locales, el ginecólogo que además es jefe de servicio en el hospital de Cipolletti pidió licencia a su cargo con un certificado médico mientras recorre el país haciendo campaña. La candidatura de Rodríguez Lastra fue anunciada por el partido junto a toda la “lista celeste” bajo el eslogan “Ciudad celeste por la vida y la familia”.

El mes pasado, el juez Álvaro Maynet consideró que el ginecólogo era culpable de incumplir con sus deberes de funcionario público por haber interrumpido el aborto que cursaba una joven de 19 años que había sido violada y no quería continuar con el embarazo. Para el juez, Rodríguez Lastra realizó “una maniobra dilatoria” al exigir requisitos no contemplados para el acceso a la interrupción legal del embarazo y mentir para forzar la continuidad de la gestación.

“La noticia acá cayó como una bomba. Para nosotras es terrible que un ginecólogo que fue declarado culpable en un fallo histórico con respecto a la interrupción legal del embarazo pueda ser candidato en otro distrito. Acá no tuvo respaldo político de ningún partido”, aclaró Daiana Neri, investigadora y docente universitaria que integra la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Río Negro.

El veredicto remarcó que el médico “no estaba incluido en el registro de objetores de conciencia” de la provincia y que en todo momento mantuvo “una actitud negadora de la práctica que se le demandaba, a la cual estaba obligado por ley, negación que oculta con excusas de diversa índole y la cual, además, no informó, como era su obligación, respetando el derecho de la paciente”.

El juez a su vez consideró acreditadas las maniobras dilatorias y mentiras del ginecólogo Rodríguez Lastra. Por esa evidencia, sostuvo, “no puedo menos que concluir que el acusado nunca tuvo la menor intención siquiera de contemplar efectuar la práctica que le reclamaba” la joven violada.

“Nos genera mucha impotencia el hecho de que en términos legales su candidatura pueda estar habilitada. Que la Justicia diga que alguien no es garante de derechos y que de todos modos pueda ser candidato es un antecedente muy malo”, agregó Neri, que remarcó la importancia de las manifestaciones convocadas por organizaciones de mujeres para lograr la condena.

A diferencia de algunas provincias donde la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) se rige por protocolos derivados del fallo FAL, Río Negro tiene su propia ley para garantizar la atención sanitaria de los abortos no punibles, sancionada en 2011 y reglamentada en 2016. “Nuestra ley es muy clara en este sentido. Por más objetor de conciencia que sea el profesional que recibe un caso tiene la obligación de garantizar la práctica. Si bien cuesta porque hay muchísimos médicos objetores, la voluntad política de la provincia es ésta. Cuesta pero de a poco se va implementando”, agregó la investigadora. “Sabemos que está de licencia mientras hace campaña. Lo que queremos ahora es que el Estado, el mismo que lo condenó, le retire el cargo. Necesitamos ginecólogos garantes de derechos”, finalizó Neri.