El gobierno mendocino resolvió que no comenzará el próximo ciclo lectivo en el Instituto Antonio Próvolo, que desde fines del año pasado está siendo investigado por las denuncias de que sacerdotes y empleados abusaron sexualmente de al menos veinte niños allí. Los alumnos, todos niños sordos e hipoacúsicos, deberán concurrir a otros establecimientos, según dispuso la Dirección General de Escuelas (DGE) provincial, tras anunciar la “suspensión preventiva” del Próvolo e informar que la asociación civil que conducía el lugar ya no podrá impartir servicios educativos. “No hay antecedentes, es la primera vez que la DGE debe resolver en un caso así”, informó a este diario una fuente de organismo.

La medida se mantendrá vigente hasta que la Justicia dicte sentencia en los casos de abuso que investiga, y por los cuales hay cinco imputados por los delitos de “abuso sexual agravado por guarda y corrupción de menores”, cuatro de ellos detenidos en una cárcel mendocina y el restante, un sacerdote de 82 años, cumple prisión domiciliaria.

La DGE anunció su decisión en una conferencia de prensa brindada por Francisco Fernández, director de Asuntos Jurídicos, y Beatriz Della Savia, directora de Educación Privada, quienes informaron que el Instituto dejará de recibir los subsidios que le aportaba el estado provincial, y que, según informaron voceros del área a este diario, se destinaban exclusivamente al pago de salarios. De acuerdo con la Resolución 93/2017, el instituto no podrá prestar servicios educativos en ninguna modalidad hasta que se dicte sentencia en las causas penales, iniciadas tras los abusos sexuales perpetrados por curas y por parte del personal contra los niños y adolescentes que estudiaban en ese lugar. Además, la DGE abrirá un sumario administrativo, porque detectó irregularidades técnicas y pedagógicas en el Instituto.

“La ley es clara en cuanto a la potestad que tiene el Estado de control de la educación, pero también con respecto a la responsabilidad de las instituciones privadas”, señaló un vocero de la DGE, quien también detalló que, al ser un caso sin precedentes, no había un modelo a seguir. El 29 de noviembre del año pasado, poco después de conocida la denuncia, el Instituto quedó a cargo de una supervisora –designada por el Estado–, que controló el fin de las clases –que terminaron el 7 de diciembre– y  la entrega de libretas. Ya en ese momento, señaló el vocero, a los padres que se acercaban para saber qué destino podía caber al Instituto, “se les empezó a recomendar que fueran buscando otros establecimientos”. 

En tanto, de manera paralela a la investigación judicial, que ya acreditó abusos a víctimas menores de edad y hechos de zoofilia  –y alertó acerca de la posibilidad de que en el Instituto Próvolo de La Plata hayan ocurrido hechos similares–, la DGE investigó los informes enviados por el establecimiento, y detectó irregularidades, lo que motivó la decisión de no avalar el inicio de clases este año. Además, según ratificó la DGE en un comunicado, el organismo “aportará a la Unidad Fiscal todas las irregularidades técnicas pedagógicas que se detectaron durante el acompañamiento situado que se realizó al instituto para cooperar en la investigación de los hechos”.