Desde Madrid

El 20 de octubre de 2011, la organización terrorista vasca ETA, anunció el cese definitivo de su actividad armada. Tras aquel comunicado realizado por tres encapuchados, el presidente del Gobierno durante ese período, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, calificó el anuncio de “histórico”, y dijo que el final de ETA era posible gracias al esfuerzo de todos los gobiernos democráticos, las Fuerzas de Seguridad, la colaboración internacional, y la unidad de los partidos y la sociedad española.

El cese de la actividad armada de ETA se produjo casi un año y medio después de que la banda realizara su último crimen. Un policía francés que pasó a engrosar la lista de más de 850 asesinatos que llevó adelante el terrorismo vasco desde su nacimiento, a finales de los años 50.

Nueve años después de aquel crimen, y ocho del anuncio de cese definitivo de su actividad armada, ETA permanece tan presente en la discusión política como cuando aún estaba en actividad; y su protagonismo se asemeja al del conflicto independentista en Cataluña, atravesado ahora por un juicio contra los líderes catalanes que impulsaron el referéndum ilegal de octubre de 2017.

Un buen ejemplo de esa vigencia es que, a dos meses de las elecciones generales, el ganador, Pedro Sánchez, no puede construir una mayoría parlamentaria que respalde su investidura como presidente del Gobierno debido a la sensibilidad de la cuestión soberanista. Mientras los opositores Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) rechazan abstenerse, las opciones de Sánchez pasan por contar con el apoyo o la abstención de fuerzas nacionalistas vascas o catalanas. Una aritmética que la derecha española pone al nivel de “traición” o de “gobierno Frankenstein”.

El más reciente episodio que muestra esta dinámica sucedió en la comunidad foral de Navarra, que históricamente ha sido centro de tensiones soberanistas. Esta semana, los socialistas de esa región lindante con el País Vasco dijeron que ya era hora de terminar con “las rentas de ETA”, que sirven para que la derecha cuestione la posibilidad de que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) cuente con la abstención de Bildu, la fuerza que lidera el exmiembro de ETA, Arnaldo Otegi, y facilite un Ejecutivo liderado por la izquierda.   

La respuesta de la oposición y el sector más reaccionario de la sociedad española ante ese avance, ha sido de alarma nacional. Pablo Casado, líder del PP, dijo: “Los asesinos de ETA no pueden tener rédito, ni sus herederos en el Gobierno de Navarra. Sánchez no puede explicar al PSOE ni a sus afiliados que el proyecto anexionista del País Vasco sobre Navarra puede tener avances. La comunidad foral es esencial para la historia de España”.

El exdirector del diario El Mundo y actual de El Español, Pedro J. Ramírez, publicó una editorial titulada: “El ultimátum que deberían plantear Casado y Rivera a Sánchez”, en la que proponía que los líderes opositores dieran su abstención al PSOE, a cambio de que este “se abstuviera en Navarra (permitiendo gobernar a la derecha), descartara el indulto a los golpistas (catalanes) que sean condenados, y renunciara, al menos, a una parte de su impuestazo”.  

El analista político y ex asesor de Comunicación del Gobierno del expresidente Felipe González (1982-1996), Ricardo Martín, afirma que “la derecha lleva años utilizando el argumento de ETA como si siguiera matando y extorsionando, como si, en realidad, estuviera operativa”. 

Por otra parte, señala que expresiones y argumentos alarmistas como cuando Pablo Casado llamó “felón” a Sánchez por abrir una vía de diálogo con los independentistas de Cataluña, también fueron utilizados anteriormente. “Cuando José Luis Rodríguez Zapatero estaba negociando el fin de ETA con los líderes de la organización terrorista, el Partido Popular organizó unas manifestaciones en las que se gritaba ‘Zapatero asesino’”, afirma Martín. 

A pesar de esa línea que conecta el pasado con el presente, el analista político señala que en las últimas elecciones, una porción considerable del electorado demostró con su voto que no cree más en ese argumento, que no se lo traga. Una maduración social que, sin embargo, deberá enfrentarse a nuevos desafíos. Por un lado, la escalada del conflicto en Cataluña, que llegó a su cúspide con el referéndum ilegal de octubre de 2017, y que desembocó en un juicio a los líderes independentistas; por otro, la irrupción de Vox, el partido radical cuyo discurso ultranacionalista han absorbido las fuerzas de la derecha, PP y Cs. Dos fenómenos que alimentan el juego de agitar el fantasma de ETA y el independentismo catalán.  

Para Martín, los nacionalismos han llegado a la dinámica política para quedarse, y “aquellas fuerzas que lo entiendan, podrán ayudar a España, y las que no, le harán mucho daño”. Sin embargo, que el país ibérico halle un tiempo de concordia y supere los conflictos territoriales, no será responsabilidad exclusiva de las fuerzas nacionales como PSOE, Unidas Podemos, PP o Cs. También deberán hacer lo suyo los partidos nacionalistas. “Si, por ejemplo, Esquerra Republicana de Catalunya mantiene una dirección política contraria a la legalidad, entonces no se podrá llegar a ningún acuerdo con el PSOE, ni se crearán las condiciones para que pueda considerarse la posibilidad de realizar indultos a los líderes soberanistas, o de un impulsar un cambio constitucional. Dentro de la legalidad todo, fuera, nada”, señala el analista político.