La Procuración del Tesoro de la Nación investigará el acuerdo entre el Estado y el Grupo Macri por el Correo Argentino por el que el presidente Mauricio Macri y el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, fueron imputados ayer en una causa que los investiga por la comisión de “fraude en perjuicio de la administración pública” y “negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”.
A través de una resolución firmada por el procurador, Carlos Balbín, el cuerpo de abogados del Estado argentino abrió un sumario administrativo “destinado a esclarecer los hechos denunciados en relación a los autos Correo Argentino S.A.” y a “establecer las responsabilidades administrativas que pudieren corresponder y recomendar, en su caso, las medidas y sanciones que resulten pertinentes”.
Balbín ordenó el inicio de una auditoría sobre todos los funcionarios públicos que intervinieron desde 2001 hasta hoy en el juicio entre el Estado Nacional y el Correo Argentino S.A., y de los involucrados por la parte empresarial en la deuda de la compañía. En su artículo segundo, la resolución encomienda la investigación a la Dirección Nacional de Sumarios e Investigaciones Administrativas y en el tercero ordena a la Dirección Nacional de Auditoría que revise “la actuación de los representantes del Estado Nacional” en los diferentes expedientes que surgieron a partir del conflicto –Correo Argentino S.A. s/ Concurso Preventivo (Expte. N° 94360/01) y sus incidentes–.
La resolución explica que la investigación sumaria responde a un pedido del fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Leonardo Rodríguez, quien “se refirió a la eventual falta de competencia en la actuación que les cupo a los funcionarios públicos” y también “aludió a la posible violación de la ley N° 25.188 y del Código de Ética aprobado por decreto 41/99” .
