La Declaración Final de la CRES 2018 exhortó a los países a “definir calidad con la participación de los principales actores sociales” y a establecer indicadores “incluyendo como valores la inclusión, la diversidad y la pertinencia”.

La calidad debe conceptualizarse teniendo en cuenta que la educación superior es un bien público y social, un derecho humano y un deber del Estado, y que sus tres funciones –la académica, la investigación y la vinculación– son igualmente importantes.

No hay que renunciar al concepto de calidad, sino que debemos construirlo con una perspectiva de derechos y pertinencia. Educación de calidad es la que garantiza el derecho individual y colectivo a la educación superior. Por ello, la baja tasa de graduación que muchas veces se critica, no se puede remediar limitando el ingreso a las universidades. En griego, phármakon alude tanto al remedio cuanto al veneno, y restringir el ingreso o gravar con impuestos a estudiantes o graduados/as, no remedia, sino que envenena el derecho a la educación superior. La perspectiva mercantilista se dedica a seleccionar y excluir, no a enseñar y aprender. Eso no es calidad. Es negocio.

Bajo la misma perspectiva, un conocimiento de calidad es aquel que respeta y profundiza el derecho del pueblo de apropiarse colectivamente de aquello que nuestras universidades investigan y producen. Y que lo hace con pertinencia, mirando con rigor qué se requiere para el desarrollo nacional, regional y local.

En los tiempos que corren, las universidades tenemos la responsabilidad de defender todas las virtudes construidas hasta ahora por nuestro sistema público, y el desafío de potenciarlas con una mirada más inclusiva sobre la pedagogía, la investigación y la vinculación necesaria para tener una sociedad más justa, desarrollada y más igualitaria.

Federico G. Thea: Rector de la Universidad Nacional de José C. Paz