Marisa Maragliano vive en Rosario. Contenta ante la inminente llegada de su nieta, viajó a San Juan a conocerla. Eluney nació el lunes, a la 1.19 de la madrugada. La mamá de la beba, Fiorela Eiras vive desde hace dos años en la provincia cuyana, junto a su pareja, Antonio Rosales. Decidieron hacer un parto en su casa y luego, fueron al hospital Rawson a pedir dos certificados, necesarios para inscribir a su hija. Sin embargo, al llegar al centro asistencial, los recibieron con violencia: les negaron esa certificación, la mamá quedó demorada con su beba recién nacida durante más de 15 horas en la guardia, mientras el papá fue detenido en la comisaría 1ª, sin que le mostraran una orden de detención. Les retuvieron sus DNI. Marisa movió cielo y tierra, hizo la denuncia pública, pidió órdenes judiciales y ayer a la tarde, la joven de 27 años y la recién nacida pudieron volver a su casa. "A mi hija le hicieron una causa, una investigación por robo de criatura. Ni el juez ni el fiscal me atendieron. No me voy a volver a Rosario hasta que aclare personalmente con la directora del hospital lo ocurrido", dijo Marisa a Rosario/12.

La situación ocurrió en San Juan, donde no existe regulación del parto domiciliario, y podría pasar también en Santa Fe, así como en varias provincias del país. "Hay un tema muy complejo, porque las legislaciones son diversas y en muchos casos hay un vacío. Hay provincias que tienen legislaciones sobre esto y otras que no. En Buenos Aires, la ley de parto respetado estipula acciones para los bebés que no nacieron en instituciones y en cambio, Santa Fe adhirió a la ley de parto respetado pero no la reglamentó. No tenemos legislación", relató María Petraccaro, activista del Colectivo Mujeres en Tribu. Este grupo participó en la redacción del borrador de reglamentación de la ley y "hay funcionarios del Ministerio de Salud de la provincia que directamente se niegan a hablar de parto domiciliario. Mientras se siga negando su existencia, vamos a tener estas situaciones, que son aleccionadoras con el resto de las mujeres", agregó.

Fiorela tuvo un buen parto, que duró unas ocho horas, y cuando fue a hacer los trámites para inscribir a su beba, fue violentada. En Rosario se dieron otras situaciones. "Hemos tenido problemas muy graves con traslados cuando hay complicaciones, donde maltratan a las mujeres y al equipo de la acompañó en su domicilio", puntualizó Petraccaro. "El maltrato a quien decide parir en su casa es una forma de reforzar el poder de la corporación médica y la corporación judicial, que pretenden seguir reglando lo que hacemos con nuestros cuerpos. El caso de San Juan toma relevancia, pero esto sucede bastante cotidianamente. Si bien los partos domiciliarios siguen siendo un porcentaje muy chiquito, existen", agregó.

"A mi hija le hicieron una causa, una investigación por robo de

criatura. Ni el juez ni el fiscal me atendieron". Marisa Maragliano.

La madre subrayó que Fiorela pidió certificados de haber parido recientemente, y de horas de vida de su hija. La directora del hospital, Beatriz Salanitro, dio su versión. "Lo que dice la ley es que cuando un nacimiento se produce fuera de la institución, el médico sólo puede constatar la existencia del niño y sus medidas atropomédicas", dijo y aclaró que "la madre le insistía al neonatólogo que le diera el certificado de nacimiento, pero por ley nosotros no podemos hacerlo".

La profesional aseguró que "a través de una orden judicial debimos realizarle una revisión médica para constatar que era puérpera inmediata y controlar su estado de salud". Marisa la desmintió. "Mi hija estaba muy bien asesorada, había averiguado todo lo que necesitaba para inscribir a la beba. Otra cosa que dijeron es que mi hija no se había hecho los controles y eso es mentira, porque tiene todos los papeles, hizo los controles como correspondía", subrayó la abuela materna de la niña. Se hizo un análisis de ADN para constatar la identidad, pero aún no están los resultados.

La orden judicial perteneció al juez Pablo Flores, titular del Segundo Juzgado de Instrucción, tomó conocimiento de que había ingresado una mamá con su beba recién nacida buscando un certificado de nacido vivo, sin la constatación, debido a que el parto habría sido en la casa. "Hay cosas que no estuvieron claras. No hay firma de un profesional que la haya asistido en el parto y para los certificados de los nacidos vivos nosotros tenemos que constatarlo a través de un profesional que lo haya asistido, sea obstétrico o no, o testigos. La situación no está clara y se está investigando", justificó la asesora de Menores, Patricia Sirera, a los medios de comunicación de San Juan.

Marisa decidió ir a los medios ante la impotencia que le produjo que su hija estuviera durante horas en la guardia. Una vez que la joven de 27 años fue ingresada en una sala, "los médicos la atendieron muy bien, pero lo que falla en ese hospital es el sistema de internación, rechazan continuamenete a las mamás por parir en su casa". Marisa no sabe si su hija querrá denunciar violencia institucional, pero sí considera "necesario que se avance para que no exista vacío legal".