En pleno festival de escuchas ilegales, mientras la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la Corte Suprema de Justicia se desentienden de las filtraciones que el Gobierno usa para perseguir a ex funcionarios kirchneristas, el presidente Mauricio Macri decidió extender de uno a tres años –léase hasta el final de su gobierno– el mandato de los titulares de la dirección que se ocupa de interceptar comunicaciones. Para evitar que el tema pase por el Congreso recurrió una vez más a un decreto de necesidad y urgencia, que como motivo del apuro invoca “el lapso pendiente hasta el inicio del próximo período de sesiones ordinarias”, es decir quince días. El decreto 102/17 dispuso que “por única vez se podrá mantener por tres años” a los jueces que la Corte designó en febrero de 2016, los camaristas Martín Irurzun y Javier Leal de Ibarra, a quienes el ex titular de la AFI Oscar Parrilli incluyó el lunes en su denuncia por “el escándalo de espionaje político más espectacular de la historia democrática argentina”. Ayer mismo el portal del supremo Ricardo Lorenzetti confirmó que no piensa hacer un nuevo sorteo de autoridades al anunciar que ambos jueces “continuarán a cargo” de la dirección, cuya “columna vertebral” es “el respeto de la libertad y la privacidad de las personas, la reserva absoluta de la información y la garantía de cadena de custodia”, aseguró.

Fue el propio Macri el 24 de diciembre de 2015, días después de asumir como presidente, quien también por decreto estableció que el entonces Departamento de Interceptación y Captación de Comunicaciones (Dicom) pasara de la órbita de la Procuración General de la Nación a la de la Corte Suprema; que director y subdirector durarían en funciones sólo un año y “no podrían ejercer nuevamente hasta transcurrido un período de CINCO (5) años”. Si la rotación apuntaba a mostrar voluntad de transparencia, el decreto publicado ayer en el Boletín Oficial va en sentido diametralmente opuesto: establece que quienes conducen la pomposa Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación, como la rebautizó Lorenzetti, durarán tres años en sus funciones. Transcurrido ese plazo, el subdirector pasará a ejercer el cargo de director y su lugar se cubrirá por un sorteo entre jueces.

El párrafo del decreto que en teoría fundamenta la decisión explica que “es imperativo reformular el plazo de vigencia de los mandatos, proporcionando continuidad a la gestión y asegurando una transición ordenada”, que en los hechos patea para adelante hasta 2020. “A los efectos de no poner en riesgo el correcto funcionamiento del área durante una etapa crítica de su desarrollo institucional” (por razones que no se explicitan) “resulta conveniente posibilitar la continuidad, excepcionalmente y por período determinado, de las autoridades a cargo”.

El decreto recuerda que los dos camaristas “serán designados por sorteo” aunque “por única vez” se pueden mantener en funciones hasta 2020, propuesta que corresponde convalidar o no a la Corte Suprema. Ayer mismo, sin invocar una nueva acordada ni explicar cómo se tomó la decisión, el Centro de Información Judicial de Lorenzetti informó que Irurzun y Leal de Ibarra “continuarán a cargo” de la Dirección “tras el dictado del decreto” de Macri, que obviamente no los obliga a evitar el sorteo. Tanto el presidente de la Corte como los dos camaristas y el secretario de la Dirección, Tomás Rodríguez Ponte, fueron denunciados por Parrilli el lunes por la filtración ilegal de escuchas a TN e Infobae, inclusive en fechas que escapan a los 90 días de interceptación de su línea que ordenó el juez federal Ariel Lijo en la investigación del paradero de Ibar Pérez Corradi.