El Consejo de la Magistratura sancionó al juez de la Cámara Federal de Casación Penal Juan Carlos Gemignani con una multa equivalente al 35 por ciento de su sueldo por haber ordenado la detención de una empleada judicial durante la feria invernal de 2016. El dictamen, aprobado ayer por unanimidad, fue el resultado de una opción negociada entre el apercibimiento leve que proponía el oficialismo y el descuento de haberes del 50 por ciento –la multa máxima– que pedía la oposición.
Aunque los fundamentos de la sanción que el Consejo resolvió ayer se conocerán en los próximos días, sobre Gemignani pesaban los cargos de violencia de género, falta de consideración y de respeto debido a otros magistrados, funcionarios y empleados judiciales, actos ofensivos al decoro de la función judicial y negligencia en el cumplimiento de sus deberes.
La decisión de sancionar al magistrado fue tomada por la comisión de Acusación y Disciplina durante un plenario en el que estuvo presente por primera vez María Amelia Expucci, la secretaria a quien Gemignani ordenó arrestar y mantener incomunicada por más de dos horas tras negarse a inventariar material tecnológico que había sido enviado por el Ministerio de Planificación en tiempos de Julio De Vido. El hecho le valió al camarista una denuncia penal por abuso de poder de la cual resultó sobreseído, aunque la Cámara Federal al revisar su situación dijo que correspondía investigarlo, puesto que el personal policial que la detuvo había intervenido por orden suya.
Luego de ese episodio, el magistrado se vio envuelto en otros escándalos que derivaron en su renuncia como titular de la Cámara de Casación Penal. Además de ser denunciado por empleados judiciales ante el Consejo de la Magistratura, Gemignani era señalado por protagonizar peleas reiteradas con sus colegas. El caso más conocido fue el que ocurrió en marzo de este año, cuando increpó a los gritos a su par de Casación Liliana Catucci y la echó de una reunión de superintendencia que él presidía, acusándola de ser “cómplice de las mafias policiales”.
La sanción que finalmente se le impuso al juez –que, sin embargo, todavía puede apelar ante la Corte Suprema– significa un fracaso en la estrategia oficialista para blindarlo. La senadora que representa a Cambiemos en el Consejo, Inés Brizuela y Doria, había iniciado el dictamen que proponía el castigo más leve para Gemignani: un apercibimiento sin ninguna consecuencia de relevancia para el ejercicio de sus funciones. Entre sus argumentos, Brizuela y Doria consideró que el único cargo probado contra el magistrado fue el de “faltas a la consideración y el respeto debido a otros magistrados, funcionarios y empleados judiciales”.
El otro dictamen estuvo encabezado por la diputada del Frente Renovador Graciela Camaño, que solicitó que al juez se le descuente el 50 por ciento del sueldo por única vez, lo que constituye la pena económica máxima. En ese sentido, el pedido de la diputada incluyó el reclamo expuesto por la Unión de Empleados Judiciales Nacionales, vinculado a la incorporación de la perspectiva de género y el señalamiento de la violación de la Ley de Protección Integral a las Mujeres. “No resulta admisible en un Estado de Derecho que un funcionario del rango de Gemignani haya utilizado la violencia institucional como mecanismo de disciplinamiento frente a lo que consideró como una desobediencia administrativa. Evidentemente, este resulta ser un accionar contrario a las normas constitucionales y de derechos humanos”, aseveró la consejera.
Por su parte, un tercer dictamen propuesto por Alberto Lugones, representante de los jueces, y Diego Molea, de los académicos, además del pedido conjunto de la sanción económica, exigía que se obligue a Gemignani a capacitarse en la problemática de género. Lugones y Molea finalmente retiraron su informe y adhirieron al de Camaño –que no incluía la capacitación– para conseguir el número necesario en el plenario.
