El jefe de Gabinete, Marcos Peña, anunció ayer que pedirán una “audiencia urgente” con la Cámara en lo Comercial por la deuda con el Correo que el Gobierno acordó que el Grupo Macri pague a 15 años y con una quita, según los cálculos de la fiscal Gabriela Boquin, del 98,87 por ciento. El ministro coordinador también aseguró que le pedirán un “veredicto técnico” a la Auditoría General de la Nación (AGN). El presidente de ese órgano de control, Oscar Lamberto, aclaró que no intervendrá en el caso, dado que no responde a las órdenes del Ejecutivo. Desde el Gobierno luego aclararon que sus legisladores intentarán impulsar ese veredicto ad hoc.
La mayor parte de la conferencia de prensa que ofrecieron en Olivos Peña y el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, consistió en repetir las justificaciones por el acuerdo con el Grupo Macri. Como novedad, incluyeron algunas imprecisiones y algunas afirmaciones que, simplemente, no son ciertas. Por ejemplo, Aguad aseguró que el Grupo Macri inició un juicio al Estado después del acuerdo al que llegaron, cuando la fecha de inicio de esa acción judicial es 15 días antes.
Quizás en busca de confundir, Aguad también aseguró que la culpa de la licuación de la deuda debe atribuirse a la “inacción del gobierno anterior”, cuando la deuda estuvo judicializada en un juicio concursal los últimos 16 años, lo que le dejaba al Estado dos opciones: aceptar o rechazar la oferta que hacía el Grupo Macri. “Es importante investigar por qué no se hizo el acuerdo en los 12 años de kirchnerismo”, se sumó el jefe de Gabinete, como si desconociera que las ofertas que hizo el holding –del que el presidente fue parte hasta 2009– fueron similares a las que la fiscal Boquin rechazó ahora por ruinosa para el Estado. La primera, en 2003, proponía pagar a 25 años con una espera de 10 años.
El acuerdo con el holding familiar del presidente se firmó en junio del año pasado. Ocho meses más tarde, el jefe de Gabinete se mostró apresurado por pedirle una “audiencia urgente” a los camaristas del fuero Comercial que deben decidir si homologan o no el acuerdo. “El planteo del Gobierno es solicitar una audiencia lo más rápido posible, con carácter de urgente, a la Cámara Federal, para pedirle que aborde la problemática de manera integral y que incorpore en el análisis los juicios que esta empresa le ha hecho al Estado”, aseguró Peña, como si no existieran juicios al Estado por parte del Grupo Macri desde 2003 por el Correo Argentino. No detalló, en cambio, por qué no le pusieron como condición a la empresa que renunciara a otras causas judiciales antes de firmar un acuerdo.
En la causa judicial, Peña sugirió que se podría “convocar a un panel de expertos independientes”. No detalló por qué se los convocaría después de la aceptación del acuerdo por parte del Gobierno de Macri.
“El Estado Nacional, como parte de estos juicios, le solicitará a la Auditoria General de la Nación que dé un veredicto técnico antes de suscribir a una postura definitiva”, aseguró Peña, quien también pareció desconocer que la Auditoría no depende del Poder Ejecutivo. En el oficialismo, evaluaron esa salida como una forma de mostrar transparencia ante la opinión pública.
Quien lo sacó a Peña de su confusión sobre la división de Poderes fue el presidente de la AGN. “No tomamos pedidos del Ejecutivo”, aclaró Lamberto.
“Suena raro que se acuerden de la Auditoria después de que se armó el escándalo. La AGN, además, no puede intervenir a instancias del Poder Ejecutivo porque tiene un plan de auditorías para el año 2017 aprobado por el Congreso. No se puede modificar sin acuerdo del Parlamento”, indicó el titular de la AGN, quien advirtió que ese “no es el organismo adecuado”. “El Gobierno tiene a la Sigen (Sindicatura General de la Nación) para este tipo de cuestiones”, explicó. El oficialismo, no obstante, planea insistir con su bloque de legisladores.
