La excitación y emoción expresada por el gobierno argentino tras allanar el terreno para sellar un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) contrasta con las señales de alarma que se encendieron entre las centrales sindicales y, en menor medida, las cámaras empresarias. A pesar de la falta de información oficial sobre el contenido del tratado y el secretismo alrededor de los estudios de impacto sobre la estructura productiva, existen documentos de trabajo elaborados por organizaciones no gubernamentales y entidades sindicales de ambos bloques que permiten dimensionar los riesgos asociados al proceso de liberalización comercial.

El impacto del tratado de libre comercio no se agota en la pérdida de puestos de trabajo en sectores industriales sensibles, sino que amenaza con amputar herramientas de política relevantes para el desarrollo económico. Los instrumentos y áreas que serán afectadas están vinculadas a compras gubernamentales, propiedad intelectual, transporte fluvial, economías regionales, producción de medicamentos, reglas de origen, empresas estatales y defensa comercial. Un reporte elaborado por el bloque de eurodiputados de izquierda advierte que el acuerdo celebrado con lágrimas por los funcionarios argentinos incluso facilitará los flujos financieros ilícitos, la evasión fiscal y el lavado de dinero.

El acuerdo implica la gradual reducción a cero de los aranceles en prácticamente la totalidad de las posiciones del comercio entre los bloques. El Mercosur accedió a liberalizar el  90 por ciento de su comercio bilateral con la UE a lo largo de los próximos diez años. La entrada en vigencia del tratado pondrá en riesgo 186 mil puestos de trabajo industriales en Argentina. Un estudio elaborado por el Observatorio de Empleo, Producción y Comercio Exterior que depende de la UMET sostiene que el impacto laboral del proceso de desregulación y reducción de aranceles estará concentrado por sectores como metalmecánica, calzado, textil, marroquinería, muebles, autopartes, química y automotores. Brasil también espera coletazos sobre sus fábricas. La manufactura del país vecino tiene más potencial exportador aunque también se perjudicaría si Argentina, su principal cliente industrial, accede a los productos europeos sin aranceles (lo mismo es válido para las firmas argentinas). Las industrias uruguaya y paraguaya son mínimas, con lo cual el impacto negativo será casi nulo. “La firma de este acuerdo es la sentencia de muerte de nuestras industrias y de gran parte de nuestro trabajo decente y empleo de calidad”, lanzó ayer la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur. El gobierno argentino destaca que “la UE liberaliza el 99 por ciento de las importaciones agrícolas del Mercosur”. Si bien Europa puede perder mercado en manos sudamericanas en sectores agrícolas al reducir aranceles a cero desde la implementación del acuerdo en sectores como  aceites para uso industrial (soja, girasol, maíz), manzanas, peras, duraznos, cerezas, ciruelas, legumbres, frutos secos, pasas de uva, infusiones y bebidas, la persistencia de la política proteccionista de subsidios europea restringe el acceso a esos mercados. 

La Red Observar realizó un relevamiento de los estudios realizados por ONGs y organizaciones sindicales que permite sortear la opacidad y secretismo vinculados a los detalles del acuerdo para evaluar posibles impactos y consecuencias además de la liberalización comercial. 

Compras públicas: Acceso para que las empresas europeas participen de la construcción de rutas, aeropuertos, ferrocarriles, puertos, contratos para la provisión de insumos y equipamiento al Estado Nacional, en las mismas condiciones que sus pares locales.

Reglas de origen: La imposición de criterios flexibles permitirán que mercadería ingresada en la eurozona desde otras regiones (fundamentalmente, Asia) y que pasen por procesos mínimos de terminación en Europa, puedan ser certificadas como producto europeo e ingresar a los países del Mercosur generando competencia desleal.

Propiedad intelectual: La extensión de los plazos de protección reclamada por la UE permitirá a los laboratorios extranjeros gozar de la exclusividad de comercialización de nuevos medicamentos por 5 años y de agroquímicos por 10 años más. La UE demanda además que se adopte la “protección de datos de prueba” por el plazo de 5 años, una medida que generaría derechos exclusivos distintos de los que otorgan las patentes en favor de la compañía farmacéutica (extranjera) que registre un producto original en Argentina. Permite retrasar la entrada al mercado de medicamentos genéricos. La UE impone la exclusividad sobre los nombres idénticos a las Indicaciones Geográficas (IG) europeas o sus traducciones como así también cualquier término, gráfico, dibujo o emblema que las “evoque” como el Vino Toro o el queso parmesano.

Transporte marítimo: La UE demanda acceso y trato no discriminatorio para los buques de navieras europeas en operaciones que actualmente están permitidas exclusivamente a embarcaciones del Mercosur.